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Andalucía Laica pide a la Fiscalía que limite la aplicación del delito de ofensa religiosa

La asociación civil Andalucía Laica ha pedido a la Fiscalía Superior de Andalucía que tome «medidas» en la «aplicación práctica» del delito de «ofensa a los sentimientos religiosos», el cual «está limitando gravemente la libertad de expresión como derecho fundamental».

En una nota de prensa a raíz de la presentación de un escrito en la Fiscalía Superior, con sede en Granada, instándole a que el Ministerio Público actúe en lo relativo al «alcance y contradicciones» de este tipo penal, por el cual se «está condenando a multitud de personas en el ejercicio de su libertad de expresión».

Para este colectivo, integrado en Europa Laica, «no es admisible mantener en el Código Penal por más tiempo la absurda, ancestral e indeterminada tipificación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos», y así lo ha puesto de manifiesto en el escrito que, firmado por el representante de Andalucía Laica Manuel Navarro, ha dirigido a la Fiscalía Superior de Andalucía, que encabeza Ana Tárrago.


Andalucía Laica pide a la Fiscalía que no persiga la blasfemia

El Plural

Le pide a la Fiscal Superior de Andalucía que dé instrucciones para limitar los daños que ocasiona el tipo penal de la ‘ofensa a los sentimientos religiosos’

Andalucía Laica ha denunciado que “no es admisible mantener en el Código Penal por más tiempo la absurda, ancestral e indeterminada tipificación del delito de ‘ofensa a los sentimientos religiosos’ por el cual se está condenando a multitud de personas en el ejercicio de su libertad de expresión”.

En un comunicado hecho público ayer, Andalucía Laica también insta a la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, a impulsar medidas en las fiscalías para frenar “el alcance y contradicciones en la aplicación práctica de este tipo penal que está limitando gravemente la libertad de expresión como derecho  fundamental que debe ser garantizado”.

Sectores ultras

Además de solidarizarse con las personas afectadas por las acusaciones y sentencias judiciales ”promovidas por asociaciones y sectores ultramontanos católicos”, entiende la asociación vinculada a Europa Laica que “se hace necesaria una respuesta política y social de amplio espectro en defensa de una libertad de expresión que está deviniendo en seriamente amenazada por razón de actuaciones gubernamentales, legislaciones, actitudes y sentencias judiciales que la limitan severamente”.

La reacción de Andalucía Laica se produce a raíz de la condena al joven de Jaén Daniel Serrano, multado con 480 euros por publicar en Istagram un fotomontaje con su cara de la imagen de Cristo Depojado, muy popular en Jaén.

Tras la sentencia, las redes sociales se vieron inundadas de memes similares. En la imagen sobre estas líneas, el profesor del Departamento de Ciencias de la Universidad de Granada y portavoz de Granada Laica, Juan Antonio Aguilera, ‘transfigurado’ como Cristo Despojado.

El escrito

En su escrito a la Fiscalía Superior, Andalucía Laica argumenta que “la aplicación de esta ancestral e indeterminada figura penal está dando lugar a una creciente serie de actuaciones por parte de las fiscalías cuando dan trámite punitivo a todo tipo de denuncias presentadas normalmente por asociaciones y sectores fundamentalistas y ultramontanos del catolicismo contra todo tipo de manifestación artística, plástica, musical, periodística, humorística, satírica o de cualquier otra naturaleza, difundidos por cualquier medio, incluso particulares en las redes sociales, que son así obtusamente interpretadas hasta acabar en absurdas aunque costosas sentencias condenatorias para sus autores”.

Tipificación de base religiosa

Todo ello “pone en evidencia la inequívoca incompatibilidad de esta tipificación de base religiosa con la libertad de expresión como valor superior proclamado por la Constitución, con sentencias que violan claramente la libertad de conciencia de las personas que han sido acusadas, además de entrar en contradicción con diversa jurisprudencia de los tribunales europeos.

Andalucía Laica reclama que, “desde la perspectiva de la acusación pública, se den instrucciones y orientación a las fiscalías sobre el alcance y contradicciones de la aplicación práctica de este tipo penal”.

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