“La vulneración de la libertad de conciencia, los privilegios a ciertas religiones y la discriminación de otras convicciones hacen imprescindible salir a la calle”
Andalucía-Europa Laica ha lanzado un manifiesto y convocado concentraciones este viernes 9 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional del laicismo y la libertad de conciencia. Hoy se cumplen 117 años de la ley que proclamó en Francia la separación entre Iglesias y Estado y 91 desde la aprobación de la Constitución de la Segunda República Española, “la única incuestionablemente laica de la historia de nuestro país”, recuerda la asociación laicista.
Para Andalucía Laica, “la permanente vulneración de la laicidad y la libertad de conciencia en todo el mundo, como en España y Andalucía, así como los privilegios a determinadas religiones y la discriminación de otras convicciones hacen imprescindible salir a la calle y reclamar el fin de esta situación”.
El colectivo menciona “desde las recientes luchas de las mujeres en Irán o Afganistán al expolio de la Iglesia católica apropiándose bienes monumentales con las inmatriculaciones, las exenciones fiscales del IBI, la asignación tributaria en el IRPF, la presencia de la religión en la escuela o los capellanes costeados con dinero público, los honores y nombramientos como alcaldesas honorarias de advocaciones religiosas…”.
Por todo ello Andalucía Laica, ha convocado, como en años anteriores, concentraciones “para expresar colectivamente el rechazo al confesionalismo y la apuesta por la laicidad de las instituciones y la defensa de la libertad de conciencia”.
Texto ínregro del manifiesto
Reproducimos a continuación el texto íntegro del manifiesto:
“Este 9 de diciembre se cumplen 117 años de la ley que proclamó en Francia la separación entre Iglesias y Estado, y 91 desde la aprobación de la Constitución de la Segunda República Española, la única incuestionablemente laica de la historia de nuestro país. Ambos hechos son la razón por el que los 9 de diciembre de cada año conmemoramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.
Durante el tiempo transcurrido ha habido avances significativos en el derecho a la libertad de conciencia en muchos países de tradición democrática. Sin embargo, sigue habiendo numerosas y graves vulneraciones de este derecho en muchos otros lugares, así como la ausencia generalizada de una laicidad real como condición necesaria, entre otras, para que la libertad de conciencia pueda ser efectiva. Dos derechos que son parte de la misma moneda.
Así, en primer lugar, mostramos nuestro rechazo al mantenimiento de Concordatos y Acuerdos de los Estados con las confesiones religiosas, puesto que son los instrumentos que perpetúan los privilegios eclesiales, manteniendo esa simbiosis entre el trono y el altar que se consideraba superada desde el advenimiento de la Ilustración. El Vaticano tiene aproximadamente 200 acuerdos en vigor con numerosos países, garantizándose a través de ellos una inagotable fuente de fondos públicos para sus propios menesteres, así como una invasión doctrinal en la enseñanza que supone un enorme obstáculo a libertad de conciencia y a los derechos de la infancia.
Europa Laica exige en nuestro país, una vez más, la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con las confesiones minoritarias. Existe una mayoría parlamentaria suficiente para ello, por lo que el gobierno de coalición PSOE-UP junto con los partidos progresistas no deberían mirar para otro lado. Porque toca ya reconsiderar el papel de la Iglesia Católica en España, una asignatura que sigue pendiente desde la Transición.
Porque no solo no hay una voluntad en ese sentido, sino que denunciamos actuaciones y propuestas políticas que van justo en sentido contrario, tal como ocurre con el reciente decreto de la Presidencia de la Generalitat Valenciana por el cual se quiere llevar a ese nivel autonómico una especie de “concordato” local, como trasposición del existente a nivel estatal adaptado en los temas con competencia autonómica. Una huida hacia adelante, de corte populista en un año electoral, donde se vuelve a poner de manifiesto el papel que determinados políticos de todos los colores, unos más y otros menos, le dan a la religión y al poder eclesial, como legitimación política y social de su acción de gobierno, en lugar de establecerlo en una ética civil y un respeto al valor democrático que supone la laicidad del Estado.
En segundo lugar, llamamos la atención sobre el imparable avance de los grupos de presión fundamentalistas ultra-religiosos en conjunción con el auge de fuerzas de ultra-derecha. Esta deriva, con su creciente influencia política internacional, ha sido especialmente visible en procesos legislativos llevados a cabo en América Latina; también en algunos gobiernos europeos, como los de Polonia, Hungría o Italia, que de forma progresiva y en perfecta sintonía, están poniendo en peligro derechos civiles y sociales. Las cláusulas de conciencia de corte clerical, cada vez más extendidas, también están obstaculizando, si no impidiendo, el acceso a derechos en un buen número de países, principalmente en el campo de los derechos sexuales y reproductivos.
A su vez, las políticas privatizadoras y de recortes gubernamentales por todas partes, con dejación de la responsabilidad estatal, suponen que la prestación de servicios públicos y de asistencia social sean capturados por dichas fuerzas, disfrazadas o a las claras, generando el caldo de cultivo para incrementar su influencia y capilaridad en los estratos sociales más desfavorecidos. El mercado de la caridad y el proselitismo ligado a esta injerencia están presentes por todas partes, también en nuestro país, sin que exista una voluntad real de las fuerzas políticas y la Administración de garantizar una defensa efectiva de lo público desde el interés general, no particular.
En España, felicitándonos por avances indudables, ya en democracia, como el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, sigue existiendo una laguna en no disponer de una Ley integral de Libertad de Conciencia que cubra cualquier opción de conciencia, no solo las de naturaleza religiosa. A este respecto, en Europa Laica tenemos elaborada y publicada una propuesta articulada para esta Ley que da respuesta al punto 5.5 del Acuerdo de Gobierno en este sentido, actualmente incumplido.
Al igual que está siendo flagrantemente incumplido el punto 5.11 de dicho Acuerdo de Gobierno por el que existía el compromiso de articular una solución al escándalo monumental de las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia Católica, recuperando para el dominio público aquellos que no pueda acreditar que le pertenecen. En lugar de ello, el Gobierno sigue adelante con su “amnistía registral” en favor de la jerarquía eclesiástica, lo que supone un expolio inconmensurable al patrimonio histórico español.
Por último, denunciamos la insuficiente voluntad eclesiástica, cuando no el freno por parte del clero, en investigar y depurar responsabilidades sobre la sistemática y generalizada situación de los abusos sexuales a menores, tanto a nivel español como internacional, salvo contadas excepciones, como la actitud de transparencia y colaboración de la Iglesia francesa en este aspecto, que debería servir de ejemplo para la jerarquía católica española, que sigue enrocada en ocultar datos y casos que impiden la necesaria reparación del daño causado a sus víctimas.
En Europa Laica tenemos la satisfacción de ser una referencia para el laicismo en España, además de contar con reconocimiento internacional. Nuestra presencia como miembro fundador de la Red Laicista Europea, para avanzar de forma coordinada en estos derechos a nivel europeo, es una prueba más de ello. En esta misma línea, y como miembro igualmente de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento-AILP, participaremos el próximo mes de abril en una Conferencia Internacional en París para articular medidas conjuntas para procurar el fin de los Concordatos en vigor.
En el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia nos emplazamos a seguir luchando para que los ideales emancipadores de la laicidad del Estado, como principio universal de funcionamiento y base de la libertad de conciencia, avancen y ganen protagonismo en nuestro país y por todas partes.
“En Andalucía, tenemos que lamentar que la confesionalidad de las instituciones y administraciones públicas, lejos de disminuir, se ha exacerbado. Los Ayuntamientos, en clara sintonía con obispados y cofradías, siguen nombrando a entes sobrenaturales, o a sus imágenes, como alcaldes o alcaldesas perpetuas, y continúan otorgando medallas de la ciudad a cristos y vírgenes. La participación institucional de regidores municipales y de otras autoridades civiles y militares en actos religiosos continúa, dejando ver que son más servidores de unas personas que de otras, según sean las creencias de éstas.
La retirada de simbología nacional-católica, exigida por las leyes de memoria histórica, también deja mucho que desear.
La mayoría de los ayuntamientos, de las diputaciones, y el propio Gobierno andaluz, han incrementado los privilegios económicos a la Iglesia católica, con exenciones de todo tipo de impuestos, incluso de actividades y bienes de uso lucrativo. Se ha acentuado la externalización de servicios sociales a estamentos religiosos, convirtiendo lo que debe ser un servicio público, basado en la justicia, en “caridad religiosa”.
El Gobierno andaluz, mediante el aumento de los “conciertos” con entidades privadas, agrava hasta niveles escandalosos su política de desvío de los recursos públicos necesarios para servicios fundamentales como la educación, la sanidad y servicios sociales, a esas instancias privadas, en gran medida dependientes de la Iglesia. Todo un hito retrógrado en el terreno educativo es que se haya creado la Dirección General de la Educación Concertada.
Además, Andalucía destaca, lamentablemente, por la cantidad y calidad de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, entre los que se incluyen Bienes de Interés Cultural de la entidad de la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Granada. Las administraciones, que tienen obligación de defender el patrimonio público, no lo están haciendo, con lo que se convierten en cómplices de un expolio monumental a la ciudadanía. Esa defensa queda para las asociaciones ciudadanas y patrimonialistas, como, a nivel estatal, la plataforma Recuperando, y otras a niveles autonómicos y provinciales.
Dada la gravedad de la situación, Andalucía Laica, junto a toda Europa Laica, incrementará su labor de información y concienciación social, y seguirá denunciando las actuaciones confesionales de las administraciones públicas con el fin de acabar con los privilegios y desigualdades que hemos citado.
Entre esas actuaciones, exigimos la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, la no financiación pública de la Iglesia Católica, la abolición del delito de “ofensa a los sentimientos religiosos”, una ley de Libertad de Conciencia que garantice la igualdad de todas las personas sean cuales sean sus creencias, la aprobación de una ley de recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados, la recuperación de los servicios públicos de calidad, la revocación de los conciertos educativos, la supresión de la Dirección General de Educación Concertada, y la salida de las asignaturas de religión del currículum escolar.
Para conseguirlo, hacemos un llamamiento, este 9 de diciembre, a los colectivos, asociaciones, partidos políticos, y a todas las personas que comparten los principios laicistas de justicia e igualdad, para defenderlos hasta alcanzar una verdadera democracia en la que no existan las graves discriminaciones por razón de creencias que escandalosamente permanecen en Andalucía y en todo el país”.
