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Andalucía Laica denuncia que la iglesia de la Merced se use “sin autorización como sede de una parroquia y una hermandad”

En un escrito para el presidente de la Diputación cuestiona: “Si el convenio con el Obispado se firmó en octubre de 2020, ¿con qué criterios y control se ha venido utilizando dicha Iglesia con anterioridad desde su restauración en 2014?”

Andalucía Laica ha dirigido un escrito al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en referencia al uso de la iglesia de la Merced, propiedad de la institución provincial y ubicada en el interior de su sede. En este escrito, denuncia que la iglesia de la Merced se use “sin autorización como sede de una parroquia y una hermandad”.

Así, Andalucía Laica argumenta que “parece evidente que dicha Iglesia, parte del edificio y del patrimonio de la Diputación, se está utilizando de facto, y sin comunicación ni autorización, como sede de una parroquia y una hermandad religiosa, algo incompatible y contrario a la legislación de Patrimonio”, según el escrito dirigido hace unos días a la Presidencia de la Diputación, al que ha tenido acceso Cordópolis.

El colectivo sostiene que “aparece claramente como una parroquia más en el listado de la Diócesis, con su párroco y adjunto, sus horarios de culto y su ubicación ‘junto a la Diputación’”, pese a que la institución provincial ha señalado que se ha dirigido al Obispado para mostrar su oposición a la ubicación de una parroquia en la iglesia de la Merced, como avanzó este periódico.

De otro lado, sobre la Hermandad de la Quinta Angustia, Andalucía Laica expone que en su web dice que “tiene su sede canónica desde 2013 en la Iglesia de la Merced”. Igualmente anuncian múltiples actividades realizadas en dicha sede, desde triduos hasta el “Pregón de las siete Palabras, que viene celebrándose desde 2016”; se detalla un índice de los continuados y periódicos cultos que se celebran. No parece normal que todo esto se realice en la sede de la Diputación Provincial sin que ésta haya autorizado formalmente la ocupación del espacio en la Capilla. Y que toda esta actividad venga realizándose durante años sin que la Institución haya recibido “ningún tipo de comunicación en tal sentido y, por tanto, tampoco ha otorgado ningún tipo de autorización al respecto”. Hay que recordar que la Diputación de Córdoba ha advertido a dicha hermandad por incumplir las condiciones de uso de la iglesia de la Merced.

“Lo más grave es que esto está sucediendo en una sede de una administración del Estado, que constitucionalmente se define como aconfesional y al tolerarlo se está permitiendo un uso irregular y particular de un bien de dominio público por parte de un grupo confesional concreto, lo que contradice la legislación de patrimonio de las administraciones publicas y los principios de neutralidad ideológica y aconfesionalidad”, denuncia Andalucía Laica.

Un acto en la iglesia de la Merced. foto: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Criterios y control del uso de la iglesia

Hay que recordar que la Diputación de Córdoba y el Obispado firmaron un convenio en 2020 para el uso de la iglesia de la Merced, propiedad de la institución provincial, para actos religiosos con determinadas condiciones, pero no para el establecimiento de una parroquia allí ni de ninguna hermandad.

Sobre este asunto, Andalucía Laica cuestiona: “Si el convenio con el Obispado se firmó el 22 de octubre de 2020, ¿con qué criterios y control se ha venido utilizando dicha Iglesia con anterioridad, desde su restauración en 2014?” y reclama que, en caso de existir uno o varios documentos previos que regulasen dicho período, solicita conocerlos.

Asimismo, pide saber si la Comisión de Seguimiento del convenio entre la Diputación y el Obispado sobre el uso de la iglesia de la Merced se ha constituido y qué papel ha tenido en estos años. La institución provincial había avanzado su decisión de reunir a la comisión, si bien no consta convocatoria de la misma ni que se haya producido hasta la fecha, según Andalucía Laica.

Con todo, el colectivo reclama que “estos hechos deberían ser corregidos por la administración pública, corrigiendo la irregularidad, posiblemente única en España, de mantener una parroquia y sus correspondientes actividades religiosas particulares en una sede del Estado”.

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