Andalucía es la única Comunidad que aún no ha puesto en marcha la Ley de Eutanasia

Unidas Podemos urge a Moreno a aplicarla de inmediato. El Gobierno afirma que estará en dos semanas

Andalucía, después de que Madrid lo hiciera este miércoles, es la única Comunidad Autónoma que no ha aprobado aún el decreto de creación de las comisiones de garantía y evaluación, un organismo clave en la aplicación de la Ley de Eutanasia aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo con 202 votos a favor y 141 en contra –de PP y Vox–. Unidas Podemos urgió este miércoles a Juanma Moreno a cumplir con la ley y a sacar adelante el decreto de una vez, que lleva casi cuatro meses de retraso.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, espera que esté listo en dos semanas. Andalucía comenzó tarde la tramitación del decreto y ahora está en el Consejo Consultivo, un paso previo a su llegada al Consejo de Gobierno.

La ley, en su artículo 17, establecía un plazo de tres meses para ponerla en marcha desde su entrada en vigor. La Ley empezó a producir efectos el 25 de junio pasado, pero el artículo 17 entró en vigor antes, el 25 de marzo, al día siguiente de su publicación en el BOE. Por tanto, el plazo legal se cumplió a finales de junio.

La mayoría de las Comunidades cumplió a rajatabla –Galicia, Asturias y Navarra se retrasaron y aprobaron su normativa en julio– pero tres Comunidades incumplieron los plazos: Extremadura, gobernada por el PSOE; Madrid, por el PP; Andalucía, por el PP y Ciudadanos. Las dos primeras ya han sacado adelante sus decretos –Extremadura, hace una semana, Madrid, este miércoles–, pero Andalucía aún no lo ha hecho.

Según Javier Velasco, de Derecho a Morir Dignamente, esto supone que hasta que no se apruebe el decreto en el territorio “no es efectivo el derecho reconocido por la ley de solicitar y, en su caso, recibir la ayuda para morir” y se trata de “un incumplimiento flagrante de la ley por parte de las administraciones públicas de estas autonomías”.

Unidas Podemos (UP) asegura que hay diez personas en Andalucía, la Comunidad más poblada, que están a la espera de que el Gobierno impulse el decreto. Inma Nieto, portavoz de UP, consideró: “Andalucía fue pionera con una Ley de Muerte Digna, [aprobada en la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud] que no podía garantizar los derechos para las personas y su decisión con respecto al tránsito de la muerte porque escapaba de sus competencias, pero que sí permitió acabar con lo que el personal sanitario y jurídico llaman obstinación terapéutica”. Luego, agregó: “Aunque al PP no le parezca bien la ley y la votase en contra en el Congreso, la ley fue aprobada, es ley y el Gobierno andaluz no puede objetar a su cumplimiento”.

Funciones y composición

Las comisiones autonómicas de Garantía y Evaluación tienen encomendadas funciones clave. Se encargan resolver –”en un máximo de 20 días naturales”– los conflictos y las reclamaciones de aquellos ciudadanos a quien su médico les haya negado el derecho. También se ocupa de verificar –”en el plazo máximo de dos meses”– si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con la ley. Y de resolver las dudas y los problemas generales que puedan surgir. Y además debe “elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto”.

El borrador en tramitación en Andalucía recoge que la Comisión la formarán trece personas –una presidencia, una vicepresidencia y once vocalías–, que cobrarán dietas e indemnizaciones por ello, pero no un salario, y que serán designadas por el consejero de Salud por un periodo de cuatro años. La presidencia debe ocuparla una persona con experiencia y formación específica en bioética, al igual que la vicepresidencia. Junto a ellos, al menos cinco de los once vocales también deben contar con esos conocimientos.

De los once vocalías, cuatro estarán ocupadas por médicos expertos con formación en bioética –al menos uno deberá ser especialista en psiquiatra y otro médico de familia–, otras cuatro por juristas especialistas en derecho sanitario, y las tres restantes por enfermeros expertos con conocimiento de bioética. Habrás seis suplentes.