Susana Díaz reitera que la Junta recurrirá la nueva ley educativa
Tras la publicación de la nueva ley educativa en el Boletín Oficial del Estado esta semana, la Junta de Andalucía desvela algunos de los campos en los que intentará buscarle las vueltas a la norma. Además del requeteanunciado recurso de inconstitucionalidad, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que su Administración mantendrá Educación para la Ciudadanía. Esta materia, símbolo del enfrentamiento ideológico entre PP y PSOE en la enseñanza, ha sido suprimida en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Pero el Ejecutivo andaluz cree que tiene capacidad para recuperarla.
Aunque el Gobierno central tiene la potestad para crear las asignaturas troncales, las comunidades disponen de margen en las denominadas materias específicas y de "libre configuración autonómica". Lo que planea Andalucía es crear una nueva asignatura autonómica para mantener la suprimida Educación para la Ciudadanía.
Esta materia, implantada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha motivado ya algún encontronazo entre el actual Ejecutivo central y el andaluz. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, suprimió en 2012 algunos contenidos que consideraba controvertidos, como las referencias a los prejuicios sexistas y homófobos. Pero la Junta, utilizando el margen legal del que disponía, rescató esos contenidos, que ya habían sido refrendados por el Tribunal Supremo. La intención de Wert era ir más allá y suprimir —como ha hecho ahora en la LOMCE— la asignatura entera, que desde el principio se encontró con la oposición de sectores conservadores de la Iglesia católica.
Mientras se estaba tramitando la reforma educativa, la Consejería de Educación decidió movilizar a un grupo de 500 expertos para que buscaran rendijas que permitieran minimizar algunos aspectos que el Gobierno andaluz considera perjudiciales. Rosa María Ávila, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla, ha sido la encargada de coordinar al grupo de trabajo de Educación para la Ciudadanía. Esta experta ha indicado que la principal demanda del dictamen que se ha elaborado es el mantenimiento de la asignatura. En ese dictamen, que ya ha sido entregado a la Consejería de Educación, se "justifica" la necesidad de mantener una materia como esta.
La presidenta andaluza también ha anunciado este jueves que será el profesorado funcionario el que aplique y califique las pruebas de evaluación final en los centros públicos. La LOMCE plantea un sistema de evaluaciones finales o reválidas para todos los alumnos. En la redacción final de la norma se establece que estas pruebas "serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro". Al no especificar qué tipo de docentes se encargarán de los exámenes, se abre la puerta a que profesores no funcionarios puedan hacerse cargo de las pruebas en el sistema público, algo que había despertado algunas críticas. Díaz también ha reiterado que la Junta no permitirá que, partiendo de esas evaluaciones, se establezcan clasificaciones de centros, algo que contempla la LOMCE.
El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha sido más beligerante al hablar de la reforma. Ha sostenido que su formación aboga por la "insumisión", por lo que IU pedirá en cada centro educativo que se practique la "desobediencia".
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. / julian rojas
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