La comunidad educativa se manifiestan frente al Parlamento andaluz para reivindicar la educación pública frente a las políticas privatizadoras del gobierno
“Se le está dando un valor importante a esa educación privada concertada, estamos con dinero público concertando esos colegios privados que la gran mayoría son educación religiosa, hay, por tanto, una cuestión ideológica aparte de la económica”, sostiene Olga Solano de USTEA.
A pocos días de comenzar el curso escolar en las casas andaluzas, los nervios por el inicio de una nueva etapa, las labores organizativas y la tristeza de abandonar las vacaciones se unen con la desesperanza, la rabia y la incertidumbre ante la situación de la educación pública. Las familias, docentes y alumnos de los centros públicos auguran un año lectivo 2022/2023 problemático y cargado de reivindicaciones contras las políticas de privatización educativa del gobierno de Juanma Moreno.
La pasada legislatura de los populares se saldó con el cierre de 1.181 clases públicas, a la vez que con una inversión histórica en educación concertada: 879 millones de euros, según datos del año 2020. En ese mismo periodo, durante el Curso 2020/2021, la consejería de educación elevaba el ratio de alumnos por clase en plena pandemia, en los centros públicos. Actualmente, es la comunidad del estado con mayor concentración de alumnos por aula.
Ante el arrinconamiento de la educación pública, que está afectando a la calidad del servicio, un derecho básico universal, activistas, profesorado, madres y alumnos se han reunido frente al Parlamento Andaluz el primer día de septiembre para reivindicar una educación pública de calidad, la bajada de ratio, la estabilidad de las trabajadoras interinas, el cese de cierre de escuelas y el aumento de inversión. “Se le está dando un valor importante a esa educación privada concertada, estamos con dinero público concertando esos colegios privados que la gran mayoría son educación religiosa, hay, por tanto, una cuestión ideológica aparte de la económica”, sostiene Olga Solano de USTEA.
Desde este sindicato se inició la Iniciativa Legislativa Popular que ha conseguido llevar al Parlamento andaluz 52.000 firmas para bajar la ratio de alumnado a 18 por clase el pasado 11 de agosto. Este colectivo tenía planteado continuar con la recogida de firmas hasta octubre, sin embargo, la Mesa de la Cámara ha rechazado la ampliación de plazo. Solano señala las justificaciones a los altos niveles de ratio de la Consejería de Educación como falsas: “Siempre utilizan la trampa de la media, me estás diciendo que hay aulas con 28 alumnos, pero eso está bien porque hay colegios rurales donde hay 6, eso no vale”.
La cuestión de la ratio es especialmente crítica en la educación primaria, donde debido al alto número de niños en el aula, la calidad educativa está bajando, así como la capacidad de los docentes de atender al alumnado con necesidades diversas. Desde la plataforma de profesoras XPrimaria038 sostienen: “No les interesa la calidad, porque está demostrado que a menor número de niños en el aula mayor la calidad, lo único que hacen es medir un colegio con otro para ver quien tiene más matriculaciones que otro porque si no llegas a un número de matriculaciones cierran la línea cuando eso en la concertada no pasa”.
“Este gobierno tiene un discurso de que se está invirtiendo más en educación, pero lo que no dicen es que se está llevando ese dinero empresas privadas», Ignacio Contel, CGT Andalucía
El pasado febrero del año 2021 el gobierno popular andaluz aprobaba la modificación del Decreto de Escolarización en la que recogía que “en todas las zonas de escolarización exista un centro público y uno concertado”, e incluía a los centros docentes concertados dentro de la estructura del sistema educativo público. Una medida que anunciaban como un avance en “el derecho a la libre elección del centro” según la propia consejería.
La falacia de la libre elección
Un discurso que ha mantenido el gobierno andaluz en los últimos años el de disfrazar de libertad y derechos lo que supone un recorte en la igualdad de oportunidades de toda la sociedad, “la libre elección es falsa lo que están es derivando al alumnado de forma obligatoria a centros concertados, ya que han incluido uno de forma obligatoria en cada zona de influencia con lo que al cerrar líneas educativas públicas, muchas familias se quejan de que no les quedan otro remedio de apuntarlos a la concertada porque no les dan otra posibilidad en su zona”, sostiene Ignacio Contel desde CGT Andalucía.
Una estrategia que pretende continuar el gobierno de Juanma Moreno, así lo demuestra la creación de la Dirección General de Enseñanza Concertada, una institución destinada a “la planificación, fomento, gestión e inversión en educación concertada en la comunidad”. Una Dirección General con la que no cuenta la educación pública y que fue anunciada a mediados de agosto en el contexto de una sociedad desactivada por el periodo vacacional. “Este gobierno tiene un discurso de que se está invirtiendo más en educación, pero lo que no dicen es que se está llevando ese dinero empresas privadas y no la educación pública, en cambio, se están recortando servicios y profesorados en la pública a miles”, comenta Ignacio Contel desde CGT Andalucía.
La estrategia en cuanto a la educación del gobierno andaluz ha tenido hasta ahora como otro de sus objetivos el fomento de las FP. La demanda de Formación Profesional ha aumentado en los últimos años, pero no las ofertas públicas. El PP ha incitado al sector privado a que se haga cargo de ese déficit. Durante la última legislatura los ciclos superiores gestionados por empresas privadas han aumentado en un 98%, de 12.077 matrículas a 23.835. Una mercantilización que amenaza con llegar también a la gestión de los estudios de Bachillerato. La gran empresa que mayor control tiene sobre el sector de la formación profesional en Andalucía, y que cuenta con el apoyo de la junta es MEDAC creada en Málaga, pero que ante su auge fue adquirida en 2021 por el fondo de inversiones estadounidense KKR.
La comunidad educativa también achaca a la Consejería de Educación la falta de acción ante la retirada de amianto de los colegios públicos en el territorio. La Junta de Andalucía firmó un acuerdo para que todos los centros quedarán libres de este material cancerígeno para finales del año 2022. Sin embargo, según denuncia CGT Andalucía, el gobierno andaluz ni siquiera cuenta con un inventario de los centros que aún cuentan con este material en su estructura. La partida destinada a esta intervención tenía una cuantía de 60 millones de euros, según datos de la propia Junta, y muy pocos colegios han a los que se le ha retirado el amianto. A cuatro meses de que acabe el año parece que no se van a realizar las labores de retirada debido al inicio del curso escolar. Todo apunta a qué miles de alumnas en toda Andalucía se verán expuestas otro año más a este peligro para la salud pública.
