Según este este listado de Laicismo.org, en España hay ciento sesenta y cinco municipios que han nombrado “alcaldesa perpetua” a alguna de las advocaciones de María, once que han designado “alcalde perpetuo” a alguna advocación de Cristo y ocho a diversos “santos” católicos. (Es significativo que el número de “vírgenes” alcaldesas es quince veces mayor que el de “cristos” con tal distinción; ¿algunos creyentes no deberían llamarse marianos en lugar de cristianos?).
De acuerdo con la misma fuente, el nombramiento más antiguo es de 1681, y treinta y tres fueron designaciones realizadas en el franquismo; pero el mayor número de tales distinciones ha sido otorgado tras la muerte de Franco: 97 con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 95 con el del Partido Popular (o Alianza Popular), 19 con el de Izquierda Unida y unas pocas con el de otros partidos.
Este asunto requiere algunas reflexiones:
1. El artículo 16.3 de la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. La creencia en María y los “santos”, y su veneración, es específica de una confesión; establecerla como oficial es a todas luces inconstitucional. Es indignante que en casi cuarenta años desde la aprobación de la constitución de 1978 ningún poder público haya suprimido este atentado a la legalidad.
2. Algunos alegan que el mismo artículo determina: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Pero obviamente esa frase hay que entenderla en función de la anterior, y además esas relaciones de cooperación son las que se establecen con acuerdos con las confesiones*,no con la asunción de prácticas religiosas por parte del Estado y sus instituciones.
3. En defensa de estos nombramientos, suelen alegarse argumentos de este tipo: “¿A quién puede hacerle daño que la virgen sea nombrada alcaldesa? Si no eres cristiano, al menos respeta a la mayoría, que la aman como patrona de nuestro pueblo”. Pero es que no es una cuestión de mayorías, ni de porcentajes, ni de afectos populares, sino del principio de aconfesionalidad, establecido para evitar cualquier abuso por parte de una confesión, e incluso para preservar a las propias confesiones de la interferencia del Estado.
4. Por otro lado, argumentos como los del punto anterior demuestran la gran ignorancia religiosa de nuestra sociedad, dado que sí hay personas a las que hacen daño estas designaciones, pues al no compartir las creencias católicas sienten que son tratados como ciudadanos de segunda categoríaal ver que sus representantes políticos imponen al conjunto de la sociedad una designación político-religiosa de un ser en cuya existencia ni siquiera creen y que, automáticamente, se convierte también en su “alcalde/sa”.
5. Además, entre quienes más molestos se sienten por estos actos están precisamente otras confesiones cristianas, que consideran a María no a la luz de la tradición, sino de la Biblia. Y en esta no sólo no se establece el culto a ella o a cualquier otro “santo”, sino que se prohíbe expresamente (ver ¿Cristo en el centro, o María?). Para los cristianos bíblicos el nombramiento de María como alcaldesa es un insulto a la memoria de la madre de Jesús, que jamás habría aceptado estos “honores” políticos (ni mucho menos habría imaginado que se la veneraría bajo la forma de múltiples advocaciones, una práctica tomada del culto a los dioses en las religiones paganas). Estas proclamaciones implican además un acto de idolatría, digno de respeto y protección cuando los católicos lo celebran según su conciencia, pero inaceptable cuando se impone a toda una comunidad. Es más, hay cristianos que, de acuerdo con la Biblia, no creen en la inmortalidad del alma, y por tanto consideran que María, como el resto de los creyentes y no creyentes, está muerta y en espera de la resurrección. Y, por supuesto, aunque los actos fueran auténticamente cristianos, serían contrarios al propio Jesús, que defendió la separación de la religión de la política al decir «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios» (Mateo 22: 21), y «Mi reino no es de este mundo» (Juan 18: 36).
6. Hay otros motivos por los que a los propios católicos deberían preocuparles estos nombramientos; como se argumenta en este magnífico artículo, «las imágenes patronales pierden su puro contenido religioso para convertirse en elementos referenciales y demerchandisingaptos para cualquier tipo de comercio» (ver también La religiosidad popular).
7. Se apela siempre a la tradición. Pero en un estado democrático la tradición no puede ser el criterio para la realización de actos oficiales; por encima de ella se encuentran la Constitución y su fundamentación en los derechos humanos, incluida la libertad de conciencia. Por otro lado, no hay que olvidar que muchas tradiciones proceden de épocas en las que existía una religión oficial y obligatoria para todo el país, y las demás creencias no pudieron expresarse porque estaban prohibidas y perseguidas, en muchos casos bajo amenaza de muerte. ¿Esa es la tradición que reivindican algunos?
8. Quienes defienden estas distinciones a imágenes religiosas suelen dar diversos argumentos: por ejemplo, el portavoz municipal del PSOE en Navalmoral de la Mata (Cáceres) defendió que María fuera declara alcaldesa porque se trata de una petición de un colectivo “importante” de la ciudad (la Asociación de la Virgen), con muchos seguidores y vida activa, “y somos sensibles a la reivindicación de cualquier colectivo”. Pero eso no es cierto: si otro colectivo que no fuera católico reclamara una distinción para un ser espiritual propio de sus creencias, sabemos que habría un rechazo muy grande. Lo que ocurre es que las demás confesiones religiosas son mucho más respetuosas con la aconfesionalidad del estadoy nunca exigen nada parecido a estas distinciones oficiales. Y, en cualquier caso, insistamos en que el principio de aconfesionalidad impide que algunas reivindicaciones populares, por muy mayoritarias que fueran, puedan ser aceptadas y aplicadas.
9. El PSOE lleva décadas proclamando sus convicciones laicistas, pero cuando ha tenido el gobierno de España siempre ha mantenido y otorgado numerosos privilegios a la Iglesia Católica Romana (ICR), y en infinidad de municipios destaca por su conducta nacionalcatólica. Por ejemplo, enAyamonte(Huelva) el alcalde “socialista” tomó en 2004 la iniciativa para que la figura de“Nuestra Señora” de las Angustias presidiera los plenos: «En contra votaron PP, el Partido Andalucista e IU, que recordaron al entonces regidor socialista que el artículo 16.3 de la Constitución Española garantizaba que España era un Estado aconfesional. El primer edil argumentó que “hoy día se puede decir que el 99,9% de los vecinos de Ayamonte son cristianos y están identificados con su patrona; nosotros gobernamos en este pueblo y en Madrid pueden hacer lo que les dé la gana”.»
10. Quienes defienden estas distinciones dicen ser cristianos, pero (al margen de las cuestiones teológicas ya señaladas) su propia actitud lo contradice: en primer lugar, porque el cristianismo si es impuesto deja de ser cristiano; y en segundo lugar porque la conducta de los promotores del título suele ser vergonzosa: manifiestan despreciar a la minoría que (siguiendo la Constitución) se opone a la designación. Una muestra de ello se puede ver en este vídeo en el que el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), apoyado por la mayoría de la corporación y por los fieles asistentes, designaba alcaldesa honoraria a María Auxiliadora con una actitud chulesca e insultante:
Este tipo de actitudes, que llenan de vergüenza y repugnancia a cualquier persona decente, no son excepcionales; se han podido observar (y me temo que se seguirán viendo) en muchas otras ocasiones. Otro ejemplo: un concejal fue abucheado cuando pidió la retirada del crucifijo al ir a prometer su cargo. ¿Dónde están los curas de estos pueblos, y sus obispos, para recriminar a sus fieles por conductas tan flagrantemente anticristianas realizadas en el nombre de su iglesia?
11. Da miedo que el Estado español no sea capaz de suprimir los importantes restos de confesionalidad vigentes tras cuarenta años de democracia. Pero lo que más asusta es el nacionalcatolicismo sociológicoque podemos ver en sectores amplios de la sociedad. Asusta que infinidad de españoles no puedan comprender algo tan sencillo como que no pueden imponer sus creencias a toda la población, por mucho que las amen y hayan pervivido durante siglos. Asusta que los absurdos argumentos esgrimidos por los tradicionalistas sean repetidos por los representantes políticos, en algunos casos por fanatismo, en otros por miedo a enfrentarse a las masas confesionalistas.
12. Ya hemos comprobado que la mayoría de los partidos políticos no están dispuestos a frenar estos abusos. A corto plazo es difícil que el débil movimiento laicista español pueda detenerlos: el nacionalcatolicismo está profundamente arraigado en la sociedad y en las instituciones españolas. Pero hay quien sí podría frenarlos ya: la jerarquía de la iglesia en cuyo nombre se realizan estos actos. ¿No se supone que con Bergoglio la ICR está experimentando un proceso renovador y abierto a la sociedad en su conjunto y a otras creencias? Pero una prueba más de que este supuesto no se corresponde con la realidad está en que, hasta donde sabemos, ni un solo obispo ha requerido jamás a un ayuntamiento que no se realice este tipo de actos, o que se revoquen distinciones oficiales del pasado; todo lo contrario: participan en ellas con gran satisfacción. Si desde el Vaticano se quisiera acabar con esta práctica, se podría hacer. Pero no se hará porque está en perfecta armonía con la doctrina papal, que jamás ha reconocido la necesidad de separar su iglesia del Estado. Y estas jerarquías nunca están dispuestas a perder popularidad entre ciertos sectores “fijos” de su feligresía.
* Hay que aclarar que los Acuerdos de 1979 con la “Santa” Sede, que resultan inconstitucionales por su propia naturaleza y en muchos de sus puntos, no son propiamente unos acuerdos con una confesión asentada en España, sino un tratado internacional con una iglesia-Estado, que se vale de su doble condición religiosa y política para conseguir su injerencia en la estructura política de los Estados.
