Un asunto sin resolver es la proliferación de símbolos religiosos, que según algunos padres siguen presentes en la escuela pública, lo que llevó a Andalucía Laica a interponer una queja ante Educación.
¿Colegio Los Grupos, dígame? Cuando el bedel descuelgue el teléfono, ésa será la pregunta. Pero aún no. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) acordó en mayo de 2012 desechar el nombre del CEIP Primo de Rivera –alude al dictador golpista que gobernó España (1923-1930) con un modelo de inspiración fascista–, aunque el 'letrero' sigue ahí. La permuta, siempre con la oposición del PP local, enfila sus últimos pasos tras enquistarse con la negativa inicial del Consejo Escolar Municipal y luego con el ineludible proceso administrativo.
En el Consistorio moronense esperan la resolución oficial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, toda vez que en noviembre pasado se perfiló el requerimiento definitivo, que pasó de colegio 'Los Grupos de la Alameda' a sólo 'Los Grupos'. "Estamos un poco impacientes, esperando ya que se confirme el cambio de nombre", apunta el concejal de Educación, Sebastián López.
Por su parte, fuentes de la delegación provincial de Educación confirman que una vez tomado el paso de enviar la petición se trata de cumplir con los diferentes trámites burocráticos. Entonces, la dirección general de Planificación y Centros dará oficialidad a una modificación sin fecha prevista. Mientras, cohabitan sendas denominaciones (como puede apreciarse en las páginas web de la consejería, que ya da el nuevo, y en la del Ayuntamiento, sin modificar).
En cuanto a la queja que interpuso la asociación Andalucía Laica ante la Inspección de Educación de Andalucía sobre la proliferación de símbolos religiosos, padres de alumnos –que prefieren mantener el anonimato– declaran que llegaron a suprimirse y luego se restituyeron tras acuerdo del consejo escolar. Y que ahí siguen las imágenes, en forma de tallas y pinturas.
Desde el propio centro niegan la mayor: "Dentro del colegio no hay ningún tipo de imágenes religiosas, todo se ha eliminado y sólo queda un azulejo en el patio interior". El edil de Educación incide en esta idea que contradice que la simbología religiosa siga presente en el colegio. "No nos consta, es la primera noticia de que eso pase, que haya quejas o que sea un problema", sostiene.
En una situación así, la competencia final para autorizar el cambio de nombre recae en el Consejo Escolar Municipal. Caso diferente en un colegio de nueva construcción, cuando la Administración autonómica sí tiene capacidad de actuación directa. En Morón, la medida llegó al consejo una vez aprobado por el Ayuntamiento en pleno ordinario del 17 de mayo del año 2012, con los votos favorables de PSOE, IU y AMA-Morón y contrarios de PP.
Aunque reacio de manera inicial, el Consejo Escolar solicitó la permuta, ratificada en el pleno municipal del mes de noviembre pasado y remitida entonces a la Consejería de Educación. Ahí el PP, que se abstuvo, volvió a mostrar su disconformidad por las razones expuestas "en su momento". Es decir, en el plenario de hace casi 20 meses.
En aquel momento, la petición de la comisión para el estudio de la recuperación de la memoria histórica recogía diversas propuestas para la eliminación de simbología franquista. Como la revocación de la Medalla de Oro de la Ciudad impuesta al dictador Francisco Franco y al coronel fascista Antonio Castejón, del nombramiento de Hijo Adoptivo y Predilecto de Morón de éste último o la modificación de varios nombres del callejero local.
El colegio –construido en 1929 con diseño del arquitecto Aníbal González– dedicó su nombre, desde su arranque, a Miguel Primo de Rivera. Para los populares, no debe cambiarse. "No le viene por el de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, creador de la Falange", dijo entonces el portavoz del PP, Alfonso Angulo. "No tiene nada que ver con el falangista", continuaba, seguro de que la comisión proponente "lo ha pasado por alto", por lo que subrayaban "no es de aplicación la Ley de Memoria Histórica".
¿Quién regula la presencia de símbolos religiosos en las aulas?
En Andalucía, con que un solo padre o madre solicite la retirada de un crucifijo de un colegio, se debe hacer. No es cuestión de lo que determine el consejo escolar de turno sino de atender a la legislación vigente y la jurisprudencia en torno a la libertad religiosa. La Ley de Educación de Andalucía (LEA) y el Estatuto de Autonomía para Andalucía determinan que la enseñanza pública, "conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica".
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en sentencias como la 5/1981, de 13 de febrero, subraya que "en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto neutrales".
Acuerdos o tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan a los ciudadanos "actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales".
Aunque también está codificada la existencia de símbolos religiosos en centros docentes públicos e incluso su obligatoriedad en lugares específicos destinados a culto, como en la Orden (4 de agosto de 1980) que regula la Asistencia Religiosa y los Actos de Culto en los Centros Escolares, dictada en torno a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. O en la propia legislación andaluza, con la protección al "derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Según deducía un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, al analizar un escrito de queja sobre la presencia de imaginería en un colegio, "el problema se circunscribe a determinar si la colocación de un símbolo religioso en un aula de un colegio público contradice la declaración constitucional de aconfesionalidad del Estado o bien atenta contra el derecho fundamental a la libertad religiosa, consagrados ambos en el artículo 16 del texto constitucional".
En el CEIP Primo de Rivera perdura una profusa simbología religiosa.
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