Adelante Andalucía tacha a Imbroda de «consejero de la educación privada» y le acusa de incumplir presuntamente la ley

El diputado José Ignacio García afirma que el consejero tenía la obligación de inhibirse cuando firmó las autorizaciones para centros de FP de empresas de las que fue administrador

José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, exigió este jueves explicaciones a Javier Imbroda, consejero de Educación, por las autorizaciones de apertura y funcionamiento concedidas a una empresa de la que fue administrador. García acusó al consejero de haber presuntamente incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

Esta norma dice en su artículo 7.1 lo siguiente: «Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte».

«El señor Imbroda ha aprobado resoluciones sobre una empresa de la que era administrador hasta hace poco tiempo. Es grave. Vamos a llevarlo al Parlamento para que dé explicaciones», dijo García en rueda de prensa.

«Autorizó la creación de centros privados», agregó García. «La Ley dice claro en su artículo 7 que tiene la obligación de abstenerse, no la facultad, sino la obligación. Si el consejero Imbroda está ante un incumplimiento de la Ley, tendrá que explicarlo. Esto no puede ser. Nos parece inasumible y nos reservamos el derecho de más acciones», remachó el diputado de Adelante Andalucía.

«Es el consejero de la educación privada. Creíamos que era una cuestión ideológica. No queremos pensar que además era por intereses personales. No queremos pensar que estemos en un caso de puerta giratoria y creemos que el Parlamento de Andalucía merece unas explicaciones», abundó García.

El diputado de Adelante Andalucía añadió que haber firmado las autorizaciones a las empresas «alimenta el descrédito de este consejero». «[Su trabajo] se enmarca en un ataque contra la pública y [ha causado] la primera huelga unánime contra un consejero en muchos años. La convoca la comunidad educativa en pleno».

El próximo 4 de marzo, Imbroda afronta, después de haber sacado un decreto de escolarización que favorece a la escuela concertada, una huelga educativa a la que están convocados más de 120.000 docentes.

Autorizaciones y aplicación de la ley

Sobre las autorizaciones a la empresa de la que fue administrador Imbroda y  el deber de inhibición recogido en la ley, preguntada por Público, la consejería manifestó lo siguiente: «Según el Decreto 109 de 1992, sobre autorizaciones de enseñanzas a centros docentes privados, que elaboró el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, la Administración está obligada a conceder siempre la autorización administrativa a todos los centros que cumplan los requisitos».

«Son por tanto –aseguró la Consejería– procedimientos administrativos sin capacidad discrecional, es decir, como apunta el decreto regulador, toda empresa que cumpla los requisitos recibe resolución favorable tras las pertinentes comprobaciones llevadas a cabo por funcionarios de varios departamentos».

A ello, la Consejería añadió: «Los centros docentes MEDAC –los autorizados por el consejero– son exclusivamente privados. No reciben subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte, ni ayudas. No pertenecen al régimen de conciertos educativos y ni siquiera han sido solicitantes de conciertos educativos. No tienen vinculación con la Administración».

¿Quién decide  si un alto cargo incumple o no la Ley de Incompatibilidades? Todo–según la norma aprobada en el año 2005, con Manuel Chaves como presidente– queda en manos del Consejo de Gobierno. Es decir, en este caso, de Juanma Moreno (PP), el presidente, de Juan Marín (Ciudadanos), el vicepresidente, y de los compañeros y compañeras de Imbroda.

Así, el órgano competente, según la ley, para la incoación del procedimiento sancionador «será el Consejo de Gobierno». La instrucción de los correspondientes procedimientos «se realizará por quien designe el Consejo de Gobierno». Y, por último, corresponde al Consejo de Gobierno «la imposición de sanciones por infracciones muy graves».

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