Los más de 21.000 menores que viven en residencias suponen una fuente de ingresos
Las entidades concertadas por la Administración, a través de las CC.AA, reciben por cada menor 4.000 euros al mes, 9.000 si el menor está medicalizado
La retirada de sus bebés a Mauricia -la segunda mujer de más edad en dar a luz en España, a los 64 años-, por parte de la Junta de Castilla León, podría incluirse en un vago apartado de la ley para evitar a los bebés “cierto riesgo” o porque las condiciones y entorno familiares no sean las idóneas. En realidad, la ley deja claro que la acogida en centros debe ser el último recurso porque antes hay que intentar que se queden con la familia, incluyendo la extensa.
Sin embargo, las reclamaciones por retirada de menores sin aparente causa justificada, más allá de su pobreza, y lo que se deriva de ella, se están sucediendo. “Las denuncias para su retirada pueden ser muy variadas -señala la abogada especialista Elena Rábade– y proceder de un vecino, un familiar, el cónyuge que tras violencia de género no ha obtenido la custodia y quiere fastidiar… Ante esto, intervienen los Servicios Sociales, que hacen un examen, supuestamente de la entidad familiar extensa. Intervienen un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social. Las causas que prevé la ley para la retirada del menor son muy graves, pero esta misma ley, concluye con un apartado H, ambiguo, que habla de cualquier otro motivo que traiga consigo grave perjuicio para la estabilidad física y psíquica del menor”.
¿Cómo se miden estos motivos? ¿Qué control hay? “Esto está dando ocasión a que se retiren menores por motivos económicos, algo que la ley prohíbe. Es una forma de criminalizar la pobreza. ¿Se imaginan que esos 4.000 euros mes se los dieran a la familia?”. La pobreza no es el caso de Mauricia, que tiene recursos de sobra, pero la acogida de sus gemelos, podría ser una fuente de ingresos, como de hecho lo son los más de 21.000 menores que viven en residencias.
¿Quiénes reciben 4.000 y 9.000 euros al mes de dinero público por cada menor?
Las entidades concertadas por la Administración pública, a través de las comunidades autónomas, reciben por cada menor 4.000 euros al mes, que pueden llegar a convertirse en 9.000 si el menor está medicalizado. Desde el año 2.000, ha ido creciendo el número de residencias de acogida de menores, que atienden a niños y niñas en situaciones de riesgo. En concreto, entre 2001 y el 2003, se abrieron el 50% del total de residencias. Aunque la mayor parte estaba en manos de formaciones religiosas, ahora toman la delantera empresas de otros sectores, como constructoras o servicios de limpieza, tradicionalmente ajenos a la infancia, que gestionan tanto centros de acogida como puntos de encuentro familiares.
El primer documento oficial que existe recogiendo la dotación pública por menor y mes en cada comunidad, es el informe del Defensor del Pueblo de 2009. En él, puede verse que la cifra media en esa época, era de 3.800 euros, oscilando según el lugar. En el País Vasco, se pagaba a la entidad gestora CLECE, de Florentino Pérez (conocida por servicios de limpieza) a razón de 256 euros al día por plaza, en Castilla la Mancha se llegaba a 230 euros, Castilla León oscilaba entre los 75 y los 350 euros, esta última en el Centro Zambrana, de la propia Junta, con lo que la media anual que obtuvo este estudio, era de 46.358,65 euros por menor. De los 58 centros que se estudiaron, solo tres eran públicos y actualmente la cantidad media es de 4.000 euros por plaza y mes. Según el último boletín del Observatorio de la Infancia, en 2014 había 20.904 menores tutelados.
¿Quién controla cómo se ha gastado el dinero?
Los fondos proceden en un 70% de la Comunidad Económica Europea. Es dinero público para atender el bienestar del menor que el Estado deja en manos privadas. “Las actuaciones se pueden vigilar a través del Ministerio Fiscal”, sigue Elena Rábade, “pero a este ministerio solo le llegan parcialmente los informes de los servicios sociales y le llegan tarde. Hasta que lo examinan y resuelven, pueden pasar de uno a tres años y encontramos que los menores a veces han estado en un centro injustificadamente, con lo que eso supone “.
Pero en cuanto a cómo se usa el dinero, “Según mis datos -señala Rábade- la dotación media actual es de 68.000 euros al año, por cada ingreso nuevo de menor. Hay una denuncia a la Comunidad Económica Europea, para que averigüe de qué forma se están utilizando sus aportaciones, porque existen quejas de mala atención o alimentación en algunos centros. Se está investigando a través de la Oficina Antifraude de la Unión Europea”. Mientras tanto, la acogida sigue en manos de fundaciones, detrás de las que se pueden encontrar empresas de limpieza o construcción y, claro está, formaciones religiosas.
