La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella contra los responsables del derribo de la cruz del Cabo Quilates en la dársena de Portu, en Barakaldo, que recordaba el asalto en 1936 al barco-prisión del mismo nombre. La fundación ha puesto a Navarra, en concreto la cruz de Buñuel, como ejemplo de actuación ante los símbolos franquistas.
En un comunicado, la fundación ha señalado que los responsables son miembros del grupo Ernai, «las juventudes del partido independentista, Sortu, que han grabado cómo han llevado a cabo el derribo y lo han compartido en sus redes sociales».
Abogados Cristianos ha acusado a los responsables del derribo de un delito contra los sentimientos religiosos, incitación al odio, asociación ilícita y daños contra el patrimonio con el agravante de discriminación.
La organización de juristas ha denunciado que «es la cuarta cruz que derriba este grupo» sin que la justicia ni el Gobierno Vasco «hayan hecho nada por evitarlo» y ha considerado que «se trata de una auténtica persecución a los símbolos cristianos por parte de estos radicales laicistas».
La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, han anunciado que solicitarán al Ayuntamiento de Barakaldo «que reponga la cruz en su ubicación original a la mayor brevedad posible» y que pedirán al juez que «se condene a los responsables a pagar los costes de la reposición».
Ha destacado que la cruz «ni siquiera estaba en el catálogo de símbolos de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura elaborado por el gobierno de Euskadi» y ha considerado que «la excusa de la memoria histórica no sirve» y que «han derribado la cruz únicamente por ser un símbolo cristiano y eso, además de ser ilegal, es un delito».
Ha señalado que «ya existe jurisprudencia de varios Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades autónomas que obligan al mantenimiento o restitución del monumento» y ha puesto como ejemplo la Cruz de los Caídos del Monte do Castro en Vigo o la de Buñuel (Navarra).La presidenta de Abogados Cristianos ha pedido a la Justicia que actúe porque «estos sectores laicistas de la sociedad que ponen como excusa la memoria histórica para destruir monumentos religiosos no pueden gozar de total impunidad». «En las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Galicia y Navarra, que sientan jurisprudencia porque la Cruz de Castellón como las de Vigo o Buñuel no implican exaltación alguna del franquismo», ha asegurado Castellanos.
El TSJN rechazó en 2014 la retirada de un monolito en la localidad navarra al entender que ya ‘no exalta el franquismo’. Según consta en la sentencia, contra la que no cabe recurso, se trata de un monolito de varios metros de altura con una cruz en la parte superior, un escudo del Ayuntamiento de Buñuel en la parte frontal y una relación de nombres y apellidos en sus costados.
Anteriormente, existían otras características que fueron suprimidas, como un escudo con águila y una inscripción que hacía referencia a José Antonio Primo de Rivera. También contenía la siguiente leyenda: «Caídos por Dios y por España». «El hecho de que conste una relación de nombres y apellidos correspondientes a personas fallecidas en un monolito en la puerta de una iglesia no implica, por sí solo, exaltación alguna del franquismo a los efectos señalados en la ley», recalca la Sala de lo Contencioso, que concluye que «precisamente los símbolos franquistas que existían en dicho monolito fueron retirados».
El Ayuntamiento de Buñuel aprobó en abril de 2021 una moción presentada por el PSN y Cambiemos Buñuel, en la que pedían que se iniciara, de inmediato, el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Proponían la colocación de una placa en el Consistorio, en memoria y homenaje a los que fueron corporativos municipales y a los trabajadores del ayuntamiento asesinados por ser leales a la República. Asimismo, reclamaban eliminar la simbología franquista que persiste en el municipio. En 1936 un total de 52 vecinos y vecinas de Buñuel fueron asesinados como consecuencia de la represión a raíz del golpe militar de 1936 y la posterior dictadura franquista. Adía de hoy aún se desconoce el destino de muchos de los asesinados.
