La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado en primicia a ACI Prensa que va a denunciar al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo, por desplegar dos banderas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia.
En estos días, se puede observar que la bandera multicolor de los grupos de presión LGBT luce en la sede oficial del Ejecutivo español, en concreto, en la fachada que más se ve desde la carretera de La Coruña a su entrada a Madrid, una de las más concurridas de la capital. Por las noches, la habitual iluminación neutra también ha cambiado sus colores.
El gabinete ministerial presidido por el socialista Pedro Sánchez desafía así la Constitución Española y la jurisprudencia.
En junio de 2020, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sentenció que no es legal la exhibición de banderas no oficiales en las fachadas de los edificios públicos.
En concreto, el Alto Tribunal establece que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos”.
Este deber de neutralidad está recogido en el artículo 103 de la Constitución Española.
La sentencia se aplica incluso cuando las enseñas ajenas a los símbolos oficiales “no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas”.
La abogada Polonia Castellanos, que preside Abogados Cristianos, explica a ACI Prensa que “las administraciones públicas que colocan en edificios públicos banderas no oficiales incurren en un delito de prevaricación (actuar a sabiendas en contra de la ley). Y lo hacen además con evidente desprecio hacia la ley, más aún cuando las enseñas en cuestión tienen un marcado carácter ideológico”.
Desde 2020, Abogados Cristianos ha planteado numerosos casos ante los tribunales contra diversas instituciones locales y regionales españolas en Valladolid, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Gijón o Miranda de Ebro. También contra el Ministerio de Igualdad.
El caso de Valladolid es paradigmático, pues se obtuvo una sentencia firme contra la Diputación de Valladolid, explicando que “poco puede oponerse, so pena de entrar en el absurdo o el ilícito penal” a lo dispuesto por el Tribunal Supremo en 2020.
Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció en el caso contra el Ministerio de Igualdad que la asociación no tenía legitimación para interponer el recurso Contencioso Administrativo.
“La cuestión -señala Castellanos- es que según el Tribunal Supremo nadie está legitimado para impugnar la imposición de banderas ideológicas en contra del deber de neutralidad de la Administración Pública, y la Fiscalía actúa por y para el Gobierno, por lo que se puede incumplir la ley sin ningún tipo de consecuencia”.
Es precisamente el argumento de la falta de legitimación el que ha malogrado algunos otros casos denunciados por Abogados Cristianos.
“Los juzgados apoyan nuestras peticiones de medidas cautelarísimas (para la retirada de las banderas LGBT, de acuerdo a la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo), porque entienden que la ley nos respalda. Pero, al final, en la sentencia invocan esta falta de legitimación y además nos condenan en costas”, explica Castellanos.
La respuesta jurídica a esta cuestión está en estudio, “porque Abogados Cristianos va a seguir en esta batalla”, concluye la abogada, pues siguen siendo muchas las instituciones que desoyen la ley.
