Constituida en fundación desde 2019, sus cuentas llevan un año pendientes de la aprobación de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, donde está registrada.
Concede becas de 3.000 euros para que estudiantes de Derecho participen en un curso de cinco días donde aprenden a «servir al bien»
La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó sus últimas cuentas el 28 de junio de 2024 y desde entonces, algo más de un año, se encuentran «en tramitación», pendientes de que las apruebe la Junta de Castilla y León. «Se les ha requerido que hagan subsanaciones de la documentación por cuestiones formales, no por el contenido», es toda la explicación que ofrece, a preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, donde está registrada la fundación. De forma que los registros contables más recientes de Abogados Cristianos corresponden a 2022. Un ejercicio en el que esta asociación de extrema derecha, una de las más activas como acusación popular en los tribunales españoles, tuvo una cifra de negocio de casi 750.000 euros, siete veces más que el año precedente, y un beneficio de 567.390 euros, quintuplicando el resultado anterior. No pagó impuesto de sociedades, al ser una institución sin ánimo de lucro exenta. Sus ganancias son, por tanto, espectaculares: equivalen nada menos que al 75,7% de su facturación.
Éste es el segundo reportaje de la serie de investigación sobre las asociaciones que llevan años personándose como acusación popular en todo tipo de procedimientos judiciales, 10 entregas que se publicarán a lo largo del mes de julio y describe y analiza esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.
La fundación se constituyó en julio de 2019, casi 11 años después de crearse la asociación que lleva el mismo nombre y tiene la misma presidenta y vicepresidente, el matrimonio formado por la abogada Polonia Castellanos Flórez y el economista y excandidato de Vox por Valladolid Alfonso González Rodríguez-Vilariño. Los fines de una y otra son intercambiables: la defensa jurídica de la vida, la «familia natural» y la libertad religiosa. También los medios: emprender acciones judicialescontra el aborto, la eutanasia, la promoción de la ideología LGTB y de género, la retirada y destrucción de cruces y símbolos cristianos, el laicismo, la cristianofobia…
Ése es su negocio: según las cifras que remitió al Registro de Fundaciones y Asociaciones de Castilla y León, en 2022 abrió 71 casos judiciales, repartidos en 17 provincias. El 24% eran demandas penales. Cada vez que un ciudadano quiere presentarse como acusación popular –para denunciar y personarse en un proceso penal, aunque no haya sido ofendido o perjudicado por un delito–, debe depositar una fianza, cuya cuantía establece el tribunal. En algunos casos, son miles de euros. En los registros contables figuran unos gastos de explotación que suman 78.190 euros en 2022; ni un euro en 2021.
De la lectura de sus cuentas no es posible extraer de dónde procede la cifra de negocio de la fundación. Sus fuentes de ingresos, tal y como constan en los estatutos enviados al registro castellanoleonés, son las rentas procedentes de su patrimonio, los ingresos de «promociones, patrocinadores y colaboradores», las aportaciones de los usuarios de los servicios que presta la fundación, subvenciones, donaciones, ingresos financieros y la venta de su patrimonio. Pero en los registros contables enviados a la Junta de Castilla y León no se precisa ningún detalle sobre los epígrafes anteriores. Abogados Cristianos tenía en 2022 un total de 3.048 socios y 5.008 donantes, según consta en su memoria de ese año. Sin embargo, en las cuentas registradas no figura dato alguno en el apartado de “subvenciones, donaciones y legados recibidos”. Eso sí, su partida de «efectivo y otros activos líquidos equivalentes» en 2022 es la más cuantiosa: supera los 686.230 euros. Seis veces más que un año antes.
Becas de 3.000 euros para aprender a «servir al bien»
Abogados Cristianos ha abierto una academia jurídica que llama Diké (Justicia, en griego), un curso intensivo de cinco días durante el mes de julio para 15 participantes, que deben ser estudiantes de Derecho y «personas comprometidas con el bien, la verdad y la justicia», «defensores del derecho a la vida, la libertad religiosa y la familia tradicional» y «líderes íntegros». Reciben la instrucción de «expertos en derecho, filosofía, política, economía, liderazgo, virtudes, teología», pero también realizan actividades para «aumentar su deseo de servir al bien». Abogados Cristianos valora esos cinco días en 3.000 euros, que cubre con una beca. El diploma que reciben los estudiantes de Derecho les da la posibilidad de realizar prácticas en el departamento jurídico de Abogados Cristianos, según se anuncia en la página web de la academia. Llevan impartiendo este curso intensivo siete años.
También llama la atención la partida de gastos de personal: 103.755 euros en 2022; ni un euro en 2021. Polonia Castellanos contó a Huffingpost en 2020 que tenía a ocho personas en nómina, de los cuales cinco eran abogados. En su memoria cifra en 352 los voluntarios que colaboran con ellos.
Público ha preguntado a Abogados Cristianos por su actividad, plantilla y la fuente de sus ingresos, sin recibir respuesta. Al final de este texto puede consultar las preguntas que no ha contestado la asociación.
El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo impuso a Abogados Cristianos una multa por temeridad, por el despido improcedente de una de sus letradas durante una baja laboral. Además, los condenó a pagar las costas «en su cuantía máxima» y a la pérdida del depósito que hizo para presentar el recurso. La sentencia, aparte de desestimarlo, acusa a Abogados Cristianos de incurrir en un «claro abuso de jurisdicción» y en «una conducta difícilmente explicable» por acudir al Supremo cuando la sentencia cuya revisión pide al tribunal no era aún firme.
A tenor de sus cuentas, en 2022 Abogados Cristianos no tenía deudas con los bancos, pero sí era propietario del 22% de una entreplanta de 124 metros cuadrados situado en la calle del Ferrocarril de Valladolid y adquirido el mismo día que se constituyó como fundación. Le adjudica un valor contable de 30.000 euros. Se trata de un local en el centro empresarial La Marquesina, donde Abogados Cristianos tienen su sede.
Un ex magistrado del TS, un miembro de El Yunque
Además del matrimonio Castellanos-González, en el patronato de la fundación se sientan ahora el exmagistrado del Supremo Francisco Javier Borrego Borrego, quien también fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahora trabaja para el despacho de abogados de Miguel Durán, ex director general de la ONCE y expresidente de Telecinco. En su día, Durán se encargó de la defensa de Luis Pineda, el presidente de Ausbanc con el que Manos Limpias intentó extorsionar a bancos y empresas. También se personó como acusación popular, junto a Vox y al Partido por la Libertad –dirigido por otro letrado de Manos Limpias, José María Ruiz Puerta– , en el caso contra los líderes independentistas del procés.
También fue secretario del patronato Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, que ha sido señalada en investigaciones periodísticas como una de las sociedades pantalla de la secta integrista El Yunque. También es tesorero y secretario de Organización por el Bien Común, la asociación con la que El Yunque quiso convencer, sin éxito, a los obispos de que abandonaba el secretismo y pasaba a la legalidad.
Como miembros de la junta directiva de la asociación, figuran las hermanas Polonia y Rosa Castellanos Flórez, junto al marido de la primera, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, quien presume en la web de Vox de haberse dado de alta en 2014 «el mismo día que [el partido] se presentó en público». Alfonso González fue candidato del partido de Abascal a las elecciones municipales de Valladolid, al Senado y al Parlamento de Castilla y León.
Del ‘Coño insumiso’ a la Ley de Amnistía
Abogados Cristianos arremete contra cualquier administración que decida quitar una cruz en una plaza –como el Ayuntamiento de Barrado (Cáceres)– o poner una bandera arcoíris en un edificio público, como ocurrió en el Ayuntamiento de Zaragoza o la Diputación de Valladolid –que la había colgado en un patio interior–. También consiguieron atención mediática sus demandas contra las revistas satíricas El Jueves –a la que pedían 12.000 euros por haber incluido a Polonia Castellanos en su sección Gilipollas del año 2024– y Mongolia –por una portada donde se satirizaba un belén–. El alcalde de Soria, que procesionó en un «papamóvil» simulado y el Defensor del Pueblo, por el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia, fueron objetivo igualmente de sus acciones judiciales. Además, pidieron a la Diputación de Valladolid que retirara una Guía de sexualidad para mujeres en el ámbito rural y al Ayuntamiento de Marbella un proyecto infantil en igualdad y diversidad para centros escolares denominado Píldoras formativas.
Más ruido aún consiguieron cuando demandaron a tres activistas que sacaron en procesión el 1 de mayo de 2014 en Sevilla al Coño insumiso, un «aquelarre feminista» para denunciar la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo laboral. La Audiencia de Sevilla las absolvió, casi siete años después, del delito de ofensa de los sentimientos religiosos, del que les acusaba el fiscal, y del delito de odio que les imputaba Abogados Cristianos.
En 2023, un juez de Barcelona archivó la denuncia que la asociación presentó contra la televisión pública catalana TV3·por una sátira de la Virgen del Rocío. El año pasado, Abogados Cristianos se fue hasta Suiza para denunciar al Comité Olímpico Internacional por una parodia drag de la Última Cena que se escenificó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.
La evidente motivación religiosa de todas estas actuaciones no ha impedido a Abogados Cristianos querellarse también contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por algo tan secular como la Ley de Amnistía, o personarse en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
Las preguntas que no contesta Abogados Cristianos
Público envió el pasado día 9 esta serie de preguntas a Abogados Cristianos, que hasta el día de cierre de la edición no han tenido respuesta:
1. Abogados Cristianos está constituida como asociación y como fundación. ¿Funcionan ambas de forma independiente o cómo se dividen la actividad? ¿Desde 2019 es sólo la fundación la que se encarga de las acciones populares en los tribunales?
2. La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León asegura que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó las cuentas de 2023 en junio de 2024 y que, desde entonces, se encuentran pendientes de aprobación. ¿Por qué motivo llevan un año en tramitación? ¿Qué problemas u objeciones les ha presentado la Junta que están impidiendo la aprobación de las cuentas?
3. Según las últimas cuentas aprobadas, las de 2022, su “cifra de negocio” roza los 750.000 euros. ¿Pueden detallarme de dónde procede esa facturación? ¿Cuál es el “negocio” que les proporciona esos ingresos?
4. Ustedes dicen que sus ingresos proceden únicamente de donaciones de sus socios y benefactores. Pero el epígrafe de “subvenciones, donaciones y legados recibidos” en las cuentas aparece en blanco. ¿Pueden aclarar por qué?
5. ¿Qué ingresos les proporciona la Academia Jurídica Diké?
6. ¿Cuántos socios tiene actualmente Abogados Cristianos? ¿Cuántos donantes? ¿Cuáles son sus aportaciones?
7. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos de ellos son abogados?
8. Cuántos litigios tiene abiertos en estos momentos?
9. ¿Qué cantidad han tenido que depositar en fianzas por esos litigios? ¿Qué dinero de esas fianzas han perdido como consecuencia de la desestimación o archivo de los procedimientos en que se han personado?
10. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo impuso una multa por temeridad a Abogados Cristianos por el recurso que presentó tras el despido improcedente de una de sus abogadas durante una baja laboral. En la sentencia se menciona que hay (o había) un procedimiento penal abierto sobre el mismo asunto. ¿Se ha concluido ya o sigue pendiente de resolución? ¿Por qué se abrió un procedimiento penal relacionado con el despido de la abogada?
11. En numerosas publicaciones periodísticas se relaciona a Abogados Cristianos con Vox (su vicepresidente es miembro del partido, un exmiembro del patronato de la fundación también lo es, así como alguno de sus responsables), además de con la secta El Yunque, en concreto por la presencia inicial de Jaime Urcelay en el patronato de la fundación, donde ya no aparece actualmente. ¿Cuáles son sus relaciones con ese partido político? ¿Y con la secta El Yunque? ¿Por qué ya no aparece Urcelay como miembro del patronato?
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