La Asociación Española de Abogados Cristianos ha alertado este lunes de que colocar banderas y símbolos no oficiales en administraciones o en espacios públicos puede suponer prevaricación, después de que la jurisprudencia haya indicado que no se pueden situar en estos lugares.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha alertado este lunes de que colocar banderas y símbolos no oficiales en administraciones o en espacios públicos puede suponer prevaricación, después de que la jurisprudencia haya indicado que no se pueden situar en estos lugares.
La presidenta de esta organización, Polonia Castellanos, ha informado en rueda de prensa de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha estimado un recurso de esta Asociación contra la colocación de la bandera LGTBI en la fachada del edificio provincial de la Diputación de Valladolid.
Ha explicado que la resolución judicial establece que no se pueden situar banderas no oficiales en espacios ni edificios públicos y ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 en el mismo sentido, además de lo fijado en la Ley de banderas.
En estos espacios públicos, que son de todos, deben ondear las banderas que representan a todos, ha expuesto Castellanos, quien ha recalcado el respeto a todos los colectivos y ha matizado que ese respeto no significa que determinadas banderas o símbolos no representen a todos.
Ha citado que el Supremo ya resolvió que el lazo amarillo y las banderas esteladas no representan a todos los ciudadanos en Cataluña.
Tras el fallo del TSJCyL estimando el recurso planteado en 2021 y que señala que la exhibición de la bandera arcoiris vulnera el principio de neutralidad ideológica en la Diputación de Valladolid, Castellanos ha adelantado que seguirán pleiteando el próximo año y ha anunciado que colgarán un formulario modelo en su web para quienes quieran reclamar que las banderas que no representan a todos sean retiradas.
Abogados Cristianos ha interpuesto recursos similares por la colocación de banderas no oficiales en el Ayuntamiento de Valladolid -pendiente de resolución-, de Cádiz -por exhibir una bandera Republiana-, de Cáceres, Gijón y Sevilla, ha enumerado.
Colocar banderas de este tipo no implica que haya más respeto hacia determinados «lobbies», ha opinado.
Ha asegurado que su organización recibe «muchas» llamadas para solicitar apoyo con el fin de que se retiren estas banderas y ha remarcado la importancia del respeto por todos como algo fundamental, «pero la imposición ya no».
Sobre las repercusiones y el tipo de sanciones que puede conllevar colocar símbolos no oficiales, en edificios de administraciones y espacios públicos, ha aclarado que los recursos son de carácter Contencioso-Administrativo, aunque ha puesto el ejemplo de que si algún alcalde o presidente de Diputación pone una bandera de estas características «podríamos estar hablando de prevaricación».
Ha apoyado esta posibilidad en que ya existe jurisprudencia al respecto sobre la retirada de estos símbolos.
