La asociación ultracatólica ha abierto este año una veintena de nuevos frentes en los tribunales contra todo aquello que considera ofensivo para su concepto de familia, su religión, y en contra de la eutanasia y el aborto.
Artistas, clínicas abortistas, asociaciones a favor de la eutanasia, colectivos feministas y el Gobierno. Estos son los principales blancos de la Asociación de Abogados Cristianos, liderada por la letrada vallisoletana Polonia Castellanos, que usa el polémico artículo 525 del Código Penal relativo a la ofensa de los sentimientos religiosos como principal arma en su batalla judicial.
Ha pasado ya una década desde que esta organización ultra interpusiera su primera querella por una supuesta ofensa religiosa. Fue contra el actor y humorista italiano Leo Bassi y se archivó. Sin embargo, pese a los fracasos judiciales, Abogados Cristianos sigue llevando a los tribunales a cualquiera que atente contra sus tres pilares básicos: libertad religiosa, vida y familia.
La reciente inadmisión de una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la suspensión de los actos religiosos durante el confinamiento ha indignado a Polonia Castellanos: «El Supremo nos tumba todo lo que le llega de nuestra parte», se queja a Público la presidenta de Abogados Cristianos. «Nos pidió una fianza de 12.000 euros para poder interponer la querella a sabiendas de que no nos la iba a admitir, lo que viene a demostrar que la justicia no está al alcance de todos debido a esos obstáculos económicos».
Pero parece que el dinero no es un problema para frenar el ímpetu querellador de la asociación. El pasado 25 de noviembre la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tumbó su recurso de casación contra la histórica feminista Blanca Cañedo y la Asociación de clínicas abortistas ACAI por un delito contra el honor. Abogados Cristianos había presentado una querella por entender vulnerado su honor a raíz de unas manifestaciones de Cañedo en un periódico en las que daba su opinión sobre los grupos contrarios al aborto y al «involucionismo» que representan. Un juzgado de Valladolid le dio la razón, pero la Audiencia Provincial revocó el fallo. El Supremo condena a costas a la asociación de Polonia Castellanos: 11.000 euros.
Cruzada contra el aborto
El abogado de ACAI, José Antonio Bosch, explica que, pese a que esta causa ya está finiquitada, quedan otras dos pendientes en el Supremo, de un total de 24 denuncias que lleva interpuestas Abogados Cristianos contra diferentes clínicas de interrupción del embarazo. «La suya es una lucha ideológica. Quiere imponer su moral a la sociedad civil. Sabiendo que el aborto está permitido y que no puede cambiar esa realidad, usa la maquinaria de la justicia para incordiar», dice Bosch.
Polonia Castellanos indica que estas clínicas hacen una publicidad engañosa sobre los efectos del aborto en sus páginas web. «No se puede engañar a las mujeres, ocultando las consecuencias que tiene para su salud el aborto. Por eso las denunciamos». 17 denuncias ante diferentes Consejerías de Sanidad que sólo fructificaron en el Gobierno regional de Madrid, que abrió expediente a cuatro clínicas.
En Asturias, la Asociación de Abogados Cristianos recurrió la decisión de no sancionar y el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón. El asunto está ahora en el Supremo.
La asociación ultracatólica no ha podido evitar la absolución del actor Willy Toledo de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Había llevado al banquillo al actor por unos mensajes en Facebook en los que manifestaba «cagarse» en Dios y en la virgen. Castellanos anuncia que «en breve» llegará hasta el Tribunal Constitucional para hacer «justicia» en este caso.
Pese a los recientes varapalos, la asociación ultrarreligiosa ha logrado un triunfo con la condena del juzgado de lo Penal número 10 de Málaga contra una mujer que organizó la marcha conocida como «Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde», el 8 de marzo de 2013. El tribunal considera que la mujer pretendía ridiculizar la fe católica con la exhibición de una gran vagina de plástico ataviada como una virgen, y la condena, como autora de un delito de ofensa de los sentimientos religiosos, al pago de 2.700 euros de multa. Abogados Cristianos se personó como Acusación Particular en esta causa, que no es firme aún.
500.000 suscriptores
Polonia Castellanos asegura no haber hecho el cálculo de todo el dinero que ha debido desembolsar la asociación para su particular guerra judicial desde que nació, en 2008. «Las fianzas que nos pide el Supremo van entre los 1.500 y los 5.000, y se costean con las donaciones, no tenemos subvenciones públicas», dice, pero no quiere desvelar a cuánto ascienden. «Solo puedo decir que tenemos 500.000 suscriptores que entran en nuestra web, que suscriben nuestras campañas, pero por supuesto que no todos nos hacen donaciones», dice la líder de Abogados Cristianos, que asegura que la entidad tiene a siete personas asalariadas y otras cinco trabajan como voluntarias. «No buscamos publicidad, sino la defensa de los derechos fundamentales. Ojalá no tuviéramos que existir».
Vínculos con VOX
En cuanto a su vinculación con VOX y con otras organizaciones derechistas que comparten su ideario, Castellanos asegura que la entidad es independiente políticamente. «Tenemos afiliados de VOX, del PP, y una persona de C´s. Yo no estoy afiliada a ningún partido». Sin embargo, los vínculos parece que empiezan en su propia casa. Su marido, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, fue candidato de la formación ultra al Senado el 28 A y también se presentó en los comicios del pasado 26 de mayo como candidato a las Cortes de Castilla y León, aunque no resultó elegido en ningún caso.
Además, su relación con Juan José Liarte, diputado de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, es más que evidente. Liarte forma parte del patronato de la Fundación Abogados Cristianos que se ha registrado hace unos meses en Castilla y León.
«Con la única organización que trabajamos es con Alianza para la Libertad, que encarna nuestros mismos valores», dice Polonia Castellanos. Esta entidad internacional (ADF, en sus siglas en inglés) forma parte de un lobby ultraconservador que se jacta de trabajar en el ámbito de Naciones Unidas. Entre sus cometidos está la defensa de los conceptos tradicionales y religiosos de familia y matrimonio.
El único caso que Abogados Cristianos mantiene en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el relativo al artista Abel Azcona, que denunció en una exposición a través de hostias consagradas la pederastia en la Iglesia.
La abogada Isabel Saavedra se enfrentó a Abogados Cristianos, al defender al artista canario Borja Casillas, conocido como Drag Sethlas, ganador de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canarias en 2017. La asociación ultra lo denunció por su interpretación de la virgen. Pero la Audiencia Provincial archivó la denuncia un año después. «Este artista ha vivido un infierno, recibió mensajes ofensivos en redes y hasta la web de TVE llegó a eliminar su actuación por todo el revuelo que armó Abogados Cristianos», dice la letrada Saavedra.
Esta abogada opina que la asociación ultracatólica «solo quiere hacerse oír, porque sabe de antemano que muchas de sus denuncias son insostenibles. Lo importante sería derogar el artículo 525 del Código Penal. El delito contra los sentimientos religiosos genera mucha inseguridad jurídica. Se está hablando de sentimientos, algo muy subjetivo».
