Creo que llevo más de treinta años predicando (en el desierto, por lo que se ve) acerca de la anomalía democrática que suponen los acuerdos firmados entre el Estado español y el Vaticano en enero de 1979. Con esos acuerdos –en realidad un simple lavado de cara del Concordato de 1953-, la Iglesia Católica se apresuró a blindar los enormes privilegios que le había concedido el franquismo, ante la inminente proclamación de la Constitución que reconocería la aconfesionalidad del Estado. Y, desde entonces, hasta la fecha, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido se anime a coger el Concordato por los cuernos y acabar de una vez con esos privilegios que, a estas alturas del siglo XXI ya no se tiene en pie.
¿Que ya lo he repetido docenas de veces? Bueno, sí, pero también los católicos repiten el Padrenuestro cada dos por tres. Se ve que las peticiones que hacemos los simples mortales a los poderosos (incluso a los Todopoderosos) han de ser reiteradas una y otra vez, quizás porque los poderosos andan a sus cosas y no están pendientes de lo que decimos. Mediante la repetición cabe esperar que en alguna ocasión los pillemos un poco más atentos y nos hagan caso.
Se dan en estos momentos un par de circunstancias que me hacen pensar que es oportuno volver al asunto. Una es la salida de pata de banco con la que el nuncio Renzo Fratini se ha despedido de su cargo por jubilación. Como ya sabrán muchos, monseñor Fratini acusó al Gobierno de España de resucitar a Franco (tal vez confundiendo la realidad y el deseo) al intentar sacarlo de Cuelgamuros. Y luego se despachó con unas divagaciones espesas sobre si el dictador fue eso, un dictador, o un hombre providencial que libró a España de una cruenta guerra civil (¿qué pensará este señor que pasó en España entre 1936 y 1939, a cuenta precisamente del alzamiento fallido que protagonizó Franco, entre otros?).
Como no podía ser menos, semejantes disparates han provocado las correspondientes reacciones, ante las que Fratini ha acabado asegurando que él no tuvo intención de meterse en política… Y, la verdad, una de dos: o a monseñor se le va un poco la olla a causa de la edad, o es tan franquista que sigue al pie de la letra el cínico consejo que diera el general a un joven aspirante a ministro: usted haga como yo y no se meta en política.
Bueno, pues la vicepresidenta Calvo, con la diligencia que le caracteriza, ha salido a defenderse ante esa acusación de «resucitadora» y ha dicho que lo que tienen que hacer los curas es pagar impuestos, como hace todo el mundo, y no meter las narices en los profanos asuntos del Gobierno. Y no es que me parezca mala cosa que los clérigos dejen de gozar de tantas exenciones fiscales que no disfrutamos los demás, no, pero sí que me parece que la señora Calvo no acaba de centrar el asunto.
Veamos. En primer lugar, no alcanzo a ver qué relación tiene el pago de impuestos con el hecho de que a ciertos jerarcas católicos se les note la nostalgia de tiempos mejores (¡aún mejores!), cuando sacaban a pasear el palio para recibir al dictador. Y, en segundo lugar, la vicepresidenta debería saber que la Iglesia Católica no paga impuestos como los demás… porque la Iglesia Católica no es como los demás. Y no lo es porque, con aquel Concordato metido con calzador y colado de matute en plena movida constitucional, el Estado español reconoció la privilegiada posición de la Iglesia no solo en materia de impuestos. ¿Qué decir de su financiación, tan generosamente garantizada en los Presupuestos del Estado? ¿Y qué de las gabelas de las que disfruta en la Enseñanza concertada, gracias al dinero público? Por no hablar de los sueldos a cargo del contribuyente que perciben los profesores de Religión (católica, por supuesto) designados a dedo por el señor obispo, sin necesidad de oposiciones, como los demás profesores.
Así que, entiéndalo así la señora vicepresidenta, no es solo un asunto de pagar impuestos como todo el mundo, sino de ser como todo el mundo: iguales en derechos y deberes ante la ley. Y, como los ateos no tenemos concordato que nos ampare, ni los adventistas del Séptimo Día, ni los musulmanes, ni los que creen que Maradona es Dios, lo más sencillo para lograr la igualdad que exige la Constitución es acabar de una vez por todas con esa anomalía.
Y aparece aquí la segunda circunstancia que, a mi juicio, hace oportuno hablar precisamente ahora de este asunto. Dentro de unos pocos días, Pedro Sánchez se someterá al debate de investidura para volver a ser presidente del Gobierno de España. ¿Será mucho pedir que, en su programa incluya alguna mención al Concordato y, a ser posible, que anuncie su derogación?
En mi modesta opinión, es difícil comprender los motivos por los que un gobierno progresista, de izquierdas, como el que parece adivinarse con Sánchez a la cabeza y Podemos detrás, podría dejar de denunciar esa fuente inagotable de privilegios con los que llevamos cuarenta años beneficiando al clero católico. Pero también es difícil comprender cómo es posible que hayan pasado cuarenta años sin que nadie (progresista o conservador: basta con que acepte la igualdad que señala el texto constitucional con sinceridad) haya movido un dedo en esa dirección. Y no solo eso, sino que tampoco se detectan movimientos desde ningún rincón del arco parlamentario. La capacidad de presión de la Iglesia Católica en este país, aunque más menguada que cuando se firmó el Concordato, sigue siendo importante.
Y, sin embargo, no es difícil. Los acuerdos de 1979 son un contrato entre dos partes y, como todos los contratos, establecen sus previsiones para el caso de que alguna de ellas desee dar el acuerdo por finalizado. Cúmplanse, pues, los trámites y los plazos, y liberen al país de esta pesada e injusta carga. Somos muchos los que llevamos años diciéndolo, y no solo desde la izquierda o desde la ausencia de fe religiosa. Hay católicos, muchos católicos, que han denunciado esta situación
Esperaremos. Y si las cosas siguen como hasta ahora, si el nuevo Gobierno también mira hacia otra parte, el año que viene volveré a la carga. Como hace Manuel Vicent con los toros cada Feria de San Isidro.
Antonio Piazuelo Plou. Diputado constituyente por el PSOE
