La ruptura del proceso en el que han participado diputados de todos los grupos evidencia que la educación es rehén de la lucha partidista
La salida —más súbita que anunciada— del PSOE de la negociación del pacto educativo con el pretexto de la financiación puede leerse de varias maneras. Algunos pensarán que se trata de una dulce y calculada venganza por la ruptura, por parte del PP, también en el último momento y cuando muchos ya lo creían posible, del pacto educativo promovido por el ministro Ángel Gabilondo hace unos años. Otros creerán que es una prueba más del oportunismo con el que se manejan nuestros dos partidos políticos mayoritarios. Y muchos pensamos, simplemente, que hoy, igual que entonces, el cálculo a corto plazo de los costes electorales de seguir o no seguir adelante con el pacto, se ha impuesto sobre el cálculo a largo plazo de beneficios potenciales (tanto sociales como económicos) de alcanzar un acuerdo de Estado sobre la educación.
La cuestión de la financiación no es ni mucho menos baladí, pero ha sido utilizada como mero pretexto para levantarse de la mesa, aun cuando ya todos los partidos habían realizado sus primeras propuestas para negociar. Vayamos, no obstante, al tema. Existen buenas razones para exigir mejoras sustanciales en financiación, y más ahora que hay recuperación económica e inflación. En muchos centros educativos, sobre todo públicos, son evidentes la falta de recursos y las dificultades para hacer frente a realidades sociales que han sido y son muy complejas. Sin embargo, haber puesto esta cuestión como primer punto de la negociación en vez de dejarlo como rúbrica final ya indicaba la desconfianza generalizada y la intención de jugarse todo el pacto a un órdago a la grande.
No cabe, por tanto, extrañarse de la confusión acerca de la medida de inversión educativa en términos de porcentaje del PIB y lo rudimentario y simplista que ha resultado el debate técnico. En esto, la izquierda ha sido paradójicamente conservadora, porque, si atamos el gasto al PIB (en lugar de al número de estudiantes), abrimos la puerta a reducciones cíclicas del gasto y desprotegemos al sector educativo en la próxima recesión económica. Por no hablar de que, cuando trasladamos la propuesta del porcentaje del PIB a las comunidades autónomas, podríamos caer en la trampa regresiva de elevar el gasto solo en aquellas que invierten poco respecto a su PIB (que son las más ricas) y nos olvidemos de las que ya gastan más de un 5% (Extremadura y Andalucía, las más pobres).
La ruptura repentina de un proceso en el que han participado diputados de todos los grupos parlamentarios, en el que habían comparecido más de 80 personas a lo largo de un año, y que había generado altas expectativas en el sector y en la sociedad, es una más en la ya larga historia que muestra cómo la educación en España no es sino un rehén de la lucha partidista. Y eso es así porque, en un país donde la educación está lejos de ser cuestión de Estado, los partidos políticos creen que pactar en materia de educación tiene demasiados riesgos y ninguna ventaja, y que hacerlo supondría poco menos que traicionar a sus votantes y a sus principios. Se diría que los partidos no parecen tener suficientes razones para cambiar una dinámica que, bajo la fachada de la batalla ideológica, funciona en la práctica como una suerte de consenso tácito para que nada cambie. Estamos, pues, ante un bloqueo político que habría que describir más como un pacto contra la educación que como un pacto por la educación.
Asumámoslo, el sector educativo en España padece dos grandes enfermedades. Una es la fragilidad política, manifiesta en el triste hecho de que ningún partido se toma la educación suficientemente en serio. Esa es la razón de que los intentos de pacto no sean más que un ritual simbólico destinado al fracaso. Y la segunda, que viene a ser tanto causa como consecuencia de la anterior, es la ya larga ausencia de un liderazgo fuerte e integrador que defienda con firmeza al sector educativo y sea capaz de colocarlo en el sitio adecuado dentro del debate público. Si, como hoy parece claro, ese liderazgo no puede surgir de los partidos políticos, es urgente que lo busquemos en otro sitio. Nuevas instituciones y actores de la sociedad civil tienen que movilizarse, como lo están haciendo en otros temas igualmente clave. Es mucho más que un porcentaje del PIB lo que hay en juego. De hecho, es la totalidad del PIB.
Lucas Gortázar es investigador en la Universidad del País Vasco y miembro de la Ejecutiva del Proyecto Atlántida.
______________
