Elena murió con dolor tras una metástasis, después de sortear diversas barreras administrativas que no le permitieron someterse a una muerte digna. En España, casi un tercio de las personas mueren mientras se tramita su solicitud.
Elena María Fernández Fernández falleció el 4 de junio de 2024. Antes de eso, atravesó el último mes de su vida entre intensos dolores por una metástasis en los huesos. Contaba con un testamento vital registrado en el que expresaba que, si su final iba a ser así, solicitaría la eutanasia. Pero nada valió. “En primer lugar, desde la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen de las Nieves de Granada le trasladaron vía telefónica que todos los médicos eran objetores y que no realizaban esa práctica”, explica su sobrina Mar Fernández Pérez. Después, en su consulta de medicina familiar, le entregaron unas instrucciones que incluían actualizar su testamento vital, registrado antes de la aprobación de la ley de eutanasia en las Cortes, algo que como ya publicara El Salto no se establece en esta norma. Y a esto se añadió que el registro donde debería actualizar dicho testamento no concedía citas, algo que ya ha denunciado el Defensor del Pueblo andaluz. Su historia se puede contar de barrera en barrera y así la relatan sus familiares a El Salto, a quienes pidió que, una vez acabado el calvario, se hiciera pública su odisea.
Barrera Uno: La objeción de conciencia
Mar explica que a su tía le diagnosticaron un melanoma en 2020 que se fue complicando. En febrero de 2024 le diagnosticaron metástasis. En abril comienza a tener fiebres descontroladas y dolor. Tras no conseguir cita con oncología, el 8 de mayo acudió a urgencias donde estuvo casi 36 horas en un sofá del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, según se expresa en la reclamación presentada ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El 9 de mayo la ingresaron y, tras realizarle pruebas, el 16 decidieron derivarle a cuidados paliativos donde se le da el alta tras pautarle medicamentos para el dolor. Medicamentos que no fueron suficientes para sofocarlo. “Se le recetó paracetamol y nolotil y una morfina de efecto rápido que no fue efectiva”, explica su sobrina, quien se queja de que ningún médico fue a visitarla a casa, solo mantuvieron algún contacto telefónico.
“Para el dolor se le recetó paracetamol y nolotil y una morfina de efecto rápido que no fue efectiva”, explica su sobrina, quien se queja de que ningún médico fue a visitarla a casa
Explica Mar que en una de las llamadas su tía preguntó por la eutanasia. “La persona que llamaba le indicó que el personal de paliativos eran objetores de la eutanasia”, se queja. Eva Camps, portavoz de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Andalucía, asegura que el caso de Elena ejemplifica muy bien los impedimentos que se encuentran las personas enfermas en Andalucía que no consiguen acceder a la eutanasia. “El tema de que todos sean objetores de conciencia es problema del hospital”, incide Camps.
“Cuando una persona se encuentra en un hospital en el que dicen ser todos objetores de conciencia, el director asistencial debe de solventar el problema”, expresan desde DMD
La Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia establece que la administración debe de crear un registro de objetores de conciencia, de tal manera que los profesionales han de manifestar su voluntad para que se pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir y no haya hospitales sin este servicio. Así se indica en el artículo 16.2. “Cuando una persona se encuentra en un hospital en el que dicen ser todos objetores de conciencia, el director asistencial debe de solventar el problema”, expresa Camps.
El SAS respondió a la reclamación emitida por la familia. En la respuesta, a la que ha tenido acceso El Salto, el Responsable de la Unidad de Paliativos justifica que existen registros de la atención suministrada a la paciente, atención que se suministra de manera telefónica, siguiendo el protocolo de la asistencia de los pacientes en Programa de Paliativos. “Solo cuando la situación clínica lo requiere se recurre al ingreso”, se lee. Nada se dice en esta respuesta sobre la negativa a suministrar la ayuda para morir.
María Antònia Vila Coll es médica de familia recién jubilada además de amiga de Elena. Describe el tratamiento que recibió como “un desastre”. En primer lugar, “nadie ajustó las dosis de morfina de una manera cómoda para que se la tomara en casa y tenía que tomarse morfina cada cuatro horas”. Y, en segundo lugar, “nadie fue a su casa a explicarle nada. No le trataron bien el dolor, no le hicieron un tratamiento paliativo hasta el final“, describe mientras añade que en su comunidad, Catalunya, cuando una persona es derivada hacia su hogar para que pase allí sus últimos días de vida, existe un servicio de cuidados paliativos a domicilio. ”Pudiendo morir cómodamente, murió de pena”, asegura.
Barrera Dos: actualizar el Testamento Vital
Ante la negativa recibida para una muerte asistida, Elena acudió a su médica de familia quien le dio información para iniciar el procedimiento. En esa información, tal y como explica la familia, se incluía la necesidad de actualizar su Testamento Vital, que había elaborado antes de la entrada de la nueva ley de eutanasia. Extremo que, como ya publicara El Salto, no se incluye en la nueva ley pero que introdujeron comunidades como Madrid o Andalucía. El Testamento Vital es un documento que algunas personas elaboran para anticiparse al final de su vida y poder dejar por escrito su elección.
La Comunidad de Madrid reculó y eliminó el requisito de actualizar el testamento. Andalucía parece que no lo ha hecho: según se puede leer en la web del SAS, en el apartado ‘Preguntas y respuestas sobre la eutanasia’: “En aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta Ley, se recomienda actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido”.
“Hay muchas personas que han accedido a la eutanasia con un testamento vital previo a la entrada de la ley”, explica la portavoz de DMD Andalucía
“Hay muchas personas que han accedido a la eutanasia con un Testamento Vital previo a la entrada en vigor de la ley. De hecho, la primera eutanasia que se realizó fue en Euskadi y fue a través de un testamento vital de hacía 10 años. Esto es otra traba que se inventaron”, explica la portavoz de DMD Andalucía.
Barrera 3: No hay citas en el registro
Cuando Mar y Elena intentaron solicitar una cita en el registro de Voluntades Vitales Anticipadas para actualizar el documento, se encontraron otra sorpresa: en Granada no había citas. El pasado mes de agosto, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio al respecto, tras recibir varias cartas de personas que están teniendo dificultades para obtener una cita para otorgar dicha declaración, “siendo especialmente grave en los casos de personas que a causa de su naturaleza degenerativa comprometen su capacidad de manifestar libremente su voluntad”, expresan desde esta institución.
A muchas personas que quieren registrar su testamento vital le están dando cita en otras provincias, con la dificultad que tienen de desplazarse sobre todo en los casos de personas en situación clínica terminal
Desde este organismo avisan: a muchas de las personas le están dando cita en otras provincias, con la dificultad que tienen de desplazarse sobre todo en los casos de personas en situación clínica terminal o con patologías invalidantes. “En los dos últimos años en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Granada es misión imposible conseguir cita. Hay personas que piden la cita desde Chiclana y se la dan en Málaga. El argumento es que el sistema informático no funciona y así llevan dos años”, denuncia Eva Camps.
Implementación desigual en el Estado
El caso de Elena es un ejemplo de las trabas administrativas que se ponen a la eutanasia, pero no es el único. De hecho, la implementación de esta ley camina lentamente y así lo reflejan los datos en los que incide DMD: casi untercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita su solicitud y los casos seresuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35.
Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita su solicitud y los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35
“Andalucía es una de las que más obstáculos está poniendo pero ocurre en otras. Las que van mejor son Navarra, Euskadi, Catalunya o La Rioja. Por detrás está Andalucía, Extremadura o Murcia”, explica Javier Velasco, presidente estatal de DMD. “Hay una gran desigualdad según comunidades. Hay comunidades que realizan diez veces más eutanasias que otras”, ejemplifica.
Según el Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la prestación de ayuda a morir, el único elaborado por el Ministerio de Sanidad en estos tres años de vida de la nueva ley y presentado en diciembre de 2023, 363 personas se han beneficiado de la muerte digna desde su autorización en 2021. Mientras, se han atendido 749 solicitudes de la prestación de ayuda para morir, esto es se han aceptado menos de un 50%.En 2022 se solicitaron 576 y se realizaron 288, un 50%.
En 2023, según la información recopilada por DMD hasta la fecha, se superó con holgura la cifra de 700 solicitufez y 300 eutanasias.
Esta organización ha realizado una estimación de la tasa de eutanasia en función del número de fallecimientos por Comunidad Autónoma. La tabla la encabeza Euskadi, con 2 eutanasias por cada 1.000 fallecimientos, seguida de Canarias con un 1,84 y Navarra con un 1,7. Al final de la tabla se encuentran Andalucía (0,3), Extremadura (0, 17) y Murcia (0,16).
“Pensábamos que iba a depender mucho del gobierno pero depende de la comisión de garantías de evaluación, de las personas encargadas más que de las últimas directrices políticas”, explican desde DMD
En el análisis de las diferencias entre comunidades, Velasco invita a no tomar conclusiones precipitadas. “Nosotros pensábamos que habría un paralelismo entre comunidades gobernadas por el PP y un bloqueo a la eutanasia pero es más complejo. De hecho Madrid es la sexta en positivo”, explica. “Pensábamos que iba a depender mucho del gobierno pero depende de la comisión de garantías de evaluación —el organismo que valida las solicitudes tras pasar por dos médicos—, de las personas encargadas más que de las últimas directrices políticas. Ósea que depende más de los médicos o gerentes del área de salud”, explica el presidente de DMD.
Elena no contó con el tiempo suficiente para ir derribando todos los obstáculos que aparecieron para poder morir dignamente. El día 31 de mayo se cayó y se rompió la cabeza del fémur. “Los médicos aún querían operarla pero el anestesista se negó”, expresa Mar. Mientras, continuaron los dolores. “Hasta el 2 de junio no le pusieron morfina intravenosa”, cuenta su sobrina. Finalmente, y tras ser sedada, el 4 de junio murió. Pero murió con dolor y esa no era su voluntad. “Para ella el tema de la eutanasia era importante por motivos ideológicos a pesar de que era consciente de que seguramente no iba a poder aguantar el tiempo necesario. Pero ella no quería sufrir, eso lo tenía clarísimo, y la manera en la que le trataron fue justo la contraria de la que ella hubiese querido. Además estaba consciente y podía decir qué quería, pero nadie se lo preguntó y no le escucharon cuando lo decía”, concluye Mar mientras insiste que con este artículo solo pretenden que esto no le vuelva a pasar a nadie.
