Me pregunto por qué mi Gobierno protege al padre católico que reclama clases de Religión para sus hijos en un colegio público y no hace lo propio con el progenitor que exige para los suyos un aula confesionalmente aséptica, aunque sea en un colegio concertado de ideario católico. Ambos centros se sufragan con dinero de todos los ciudadanos, procedente de los impuestos de laicos y religiosos. Para el primero de los padres, el Estado y los sucesivos gobiernos de la democracia han venido destinando millones de euros que permitieron pagar a los profesores de Religión que imparten la doctrina católica. Para los segundos, ni siquiera tiene previsto dejar claro en la nueva Ley de Libertad Religiosa la prohibición de exhibir crucifijos en las aulas públicas. Y eso que ambos tienen el mismo derecho constitucional a que la educación de sus hijos se imparta conforme a las convicciones de los padres.
Me pregunto por qué mi Gobierno anuncia una ley que regulará la presencia de símbolos religiosos en los ámbitos públicos para cumplir la promesa electoral de “avanzar en la laicidad del Estado” y después sólo encuentra inconvenientes para llevarla a cabo.
Me pregunto por qué mi Gobierno prefiere gastar 25 millones de euros de mis laicos impuestos en sufragar la visita de Benedicto XVI en 2011, en lugar de gastarlos en una educación pública que pide a gritos más medios para llegar a la media europea de gasto.
Me pregunto cuántas manifestaciones tendrán que convocarse desde los púlpitos para que el Gobierno reaccione.