Catalá insiste en incluir la autorización paterna a las menores a través de la ley de infancia
El Gobierno prevé aprobar “ya” la reforma de la ley de protección del menor en la que se incluirá la obligación del consentimiento paterno para las menores que vayan a abortar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que este cambio se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros y que, en su opinión, cuenta con un “consenso muy amplio” entre los grupos parlamentarios. “Es de sentido común que los padres formen parte de ese núcleo familiar de decisión”, ha señalado Catalá.
El Gobierno cambiará así uno de los puntos más polémicos de la ley del aborto actual a través del anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, una norma de rango inferior que regula aspectos muy diversos relativos a menores. En el anteproyecto de la ley remitido al Consejo de Estado no figura la palabra “aborto” ni se menciona directamente la «interrupción voluntaria del embarazo». Se vale de un cambio en la redacción de un artículo a la hora de legislar sobre quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los padres.
En un informe remitido hace unos días al Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que el cambio no tiene consecuencia alguna sobre la normativa del aborto, puesto que se ha tramitado a través de una ley ordinaria que en ningún caso puede anular o modificar una norma de rango superior (la interrupción del embarazo es una ley orgánica). Catalá ha señalado, no obstante, que la intención del Gobierno es aprobar el anteproyecto cuanto antes porque el consenso sobre la necesidad de reformar este aspecto es “muy amplio”.
Durante un desayuno informativo, el ministro, que llegó al cargo tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón por la retirada de la reforma de la ley del aborto, indicado que también van a aprobar el Plan de ayuda a la familia con medidas para dar a la mujer «elementos de estabilidad» e «impedir que factores económicos, sociológicos o laborales estén detrás de un aborto».
Por otra parte, Catalá ha insistido en la necesidad de buscar un nuevo término para definir a la figura del imputado ya que el uso común de esta palabra no responde a la situación procesal que esta implica. “La imputación es una condición de participación procesal con asistencia letrada. No implica culpabilidad”, ha advertido Catalá, cuyo departamento está trabajando con asesores jurídicos y lingüistas de la RAE para buscar una denominación que se adecue mejor a la definición jurídica del imputado.
“Parece una tarea menor, pero es difícil y tiene una trascendencia enorme”, ha sostenido el ministro. Catalá ha abogado también porque sea con la apertura del juicio oral cuando los responsables públicos imputados abandonen el cargo.
Una alusión a Cataluña
Catalá también ha advertido que superar «la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas resulta de lo más inquietante y tiene antecedentes de infausto recuerdo», en alusión al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. «Todos los conocen», ha agregado.
El ministro ha citado al filósofo jurídico alemán Carl Smittch, que ejerció diversos cargos bajo el régimen nazi. Ha recordado que, tras un siglo tan convulso como fue el XX, «el regreso a este tipo de planteamientos compromete los derechos y las libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático de un líder y a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de la sociedad».
«Desde que Rousseau la definió, la libertad general es la que funda el derecho de las sociedades democráticas y que en la que está la base misma de la soberanía nacional. Esa sustitución de Rousseau por Carl Smittch, defensor de la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas, a mí me resulta de lo más inquietante», ha precisado.
