En el pleno del Ayuntamiento de Granada celebrado el 31 de octubre de 2014, se aprobaron las tarifas de la empresa pública que gestiona el cementerio municipal, Emucesa. En las cuentas figura una partida de 187.000 euros para el arzobispado de Granada, resultantes del cobro a los particulares (directamente o a través de empresas funerarias) de 90 euros por cada servicio religioso.
Consideramos inaceptable que, como señalaron los concejales de IU, el Ayuntamiento ejerza de recaudador para la iglesia (el arzobispado, en este caso). Hay que señalar que esto supone un nuevo paso atrás en relación a la aconfesionalidad del Estado en el ámbito municipal, pues esta práctica de intermediación no se había realizado hasta ahora.
Este hecho, junto a muchos otros en el mismo sentido, pone de manifiesto que en el terreno municipal no sólo no se avanza hacia la imprescindible laicidad, sino que muchos de los representantes públicos nos ahogan en el confesionalismo, faltando gravemente a sus responsabilidades de servidores públicos y democráticos.
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