Si el Tribunal Constitucional se empeña en imponer una moral católica a una sociedad que no la comparte saldrá aún más debilitado.
Haría bien el presidente Rajoy en librarse de Andrés Ollero –magistrado del Tribunal Constitucional y ponente del recurso del PP a la ley del aborto en vigor-, con la misma alegría y de manera tan expeditiva como lo ha hecho con el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Con el deterioro que sufren las instituciones del Estado en general, y el Tribunal Constitucional en particular, sólo falta que aparezca una ponencia teocrática que haga temblar eso de que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14 de la Constitución), o el mismísimo artículo 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
Ollero comparte con Gallardón dos errores mayúsculos. El primero, ser ponente de un recurso puramente ideológico –pero que al mismo tiempo condiciona la vida de todas las mujeres- y que ha sido utilizado por el Partido Popular como mercancía electoral después de haber sido diputado del PP por Granada durante 17 años y elegido magistrado del Constitucional en 2010 a petición del partido de Rajoy. Y el segundo: hacer proselitismo de su fe y haber hecho declaraciones sobre el aborto como si éste fuese un asunto personal.
Si el Tribunal Constitucional se empeña en imponer una moral católica a una sociedad que no la comparte saldrá aún más debilitado. Si Ollero se empeña en defender y sacar adelante un fallo que evidencie que las mujeres no cabemos en esta Constitución, es obvio que la reacción ciudadana exigirá cambiar la Constitución, ésa que como bien sabemos sólo tuvo padres y que las feministas ya señalaron como patriarcal en el mismo momento de su aprobación.
Rajoy se ha equivocado de jugada. Usar los derechos sexuales y reproductivos y la libertad de las mujeres como si de una partida de trileros se tratara es una temeridad. No retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto en vigor, una irresponsabilidad. Aunque tratándose de un presidente “destroyer”, quizá apueste por seguir debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones con tal de subir los índices de intención de voto hacia su partido.
Por cierto, ¿cuánto nos está costando –económicamente hablando- la juerga de Rajoy con el aborto?
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