Rajoy confirma la retirada del proyecto y anuncia, en su lugar, la reforma de la legislación actual. «El anteproyecto de ley se retira por la presión ejercida en la calle», dice la activista Justa Montero
Desde que el pasado 20 de diciembre de 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentase la reforma de ley del aborto, la movilización feminista no ha cesado para frenar una regulación que supondría una restricción mayor a un derecho fundamental para las mujeres que la primera Ley de 1985.
Después de que el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada haya sido retrasado una y otra vez, atrapado en una burocracia sin límites, las tensiones internas dentro del propio Partido Popular han llevado a que la Ley Gallardón se guarde en un cajón, según ha confirmado hoy Mariano Rajoy a los medios de comunicación, quien anuncia que su intención es reformar la legislación actual sobre el aborto para impedir que las menores de 17 años puedan ejercer el derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo sin el permiso paterno y crear un Plan de Protección de la Familia que podría ver la luz antes de final de año.
A pesar del anuncio de Rajoy, los colectivos feministas temen que el Tribunal Constitucional sea ahora el brazo ejecutor de una batalla perdida en la esfera política desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, señalara en un programa de televisión que aún está pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley actual. Hasta el momento, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular a la Ley de 2010 estaba en suspenso, en previsión de una posible derogación de la ley y sustitución por otra. El recurso se centra en parte del articulado, no en el conjunto de la ley.
Una puerta de atrás
Adoración Guamán, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia, cree que “se aprovechará una posible inconstitucionalidad del articulado para afrontar una reforma total o parcial que contente a los sectores más duros, sobre todo en lo que concierne a la objeción del personal sanitario, las menores y la regulación por plazos”. En su opinión, el uso del Tribunal Constitucional como puerta de atrás para entrar a regular una cuestión vinculada a la ética y al derecho a decidir de las mujeres vulnera la independencia de uno de los pilares del Estado de Derecho. “Demuestra la crisis democrática en la que nos hallamos sumergidos y plantea serias dudas sobre la misma legitimidad del Tribunal”, añade Guamán, quien destaca que, traspasando el tema al alto tribunal, “el debate se traslada de la mujer y su autonomía como sujeto político de cara a decidir sobre temas éticos o biológicos en los que un tribunal no debe tomar parte”.
Centrar el debate en términos jurídicos deja al margen otras cuestiones fundamentales que la despenalización parcial del aborto que supone la actual ley tampoco afronta. Los recortes en Sanidad están afectando a la prevención de embarazos no deseados, para lo que la información sobre anticoncepción que se da en los centros o la colaboración con institutos de la zona para apoyar la educación sexual es una de las labores más importantes.
C., trabajadora auxiliar del personal sanitario de uno de estos centros y participante en la Marea Blanca, explica a Diagonal las consecuencias en la prevención de los embarazos no deseados que están teniendo los recortes en sanidad. “Si sólo hay dos o tres personas capaces de abordar la prevención y la educación sexual, la carga de trabajo es tal que se queda para lo último”. La reforma en educación, con la entrada de la Lomce, también ha supuesto dejar a un lado la educación sexual-afectiva que se impartía en la escuela pública.
Nueva etapa de movilizaciones
Para las feministas está claro. Justa Montero, de Mujeres ante el Congreso, y activista feminista desde la Transición, subraya que sobran razones para mantener la movilización porque “la amenaza del anteproyecto existe todavía a día de hoy”. Según explica Montero a Diagonal, aunque no se presente el anteproyecto de ley, el 28 de septiembre hay una cita ineludible para reclamar el derecho de las mujeres a decidir. “Es algo que está cuestionado y debemos exigir leyes que lo respeten”, afirma.
El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, una jornada con más tradición en América Latina, y que en El Salvador se une a la campaña por la excarcelación de 17 mujeres acusadas de haber abortado, algunas de las cuales llevan ya 14 años en prisión. Ana Suaiti, colaboradora de la campaña en el Estado español, destaca que los movimientos antielección en El Salvador están dirigidos por militares o hijos de militares. “En 1997, consiguieron una reforma constitucional para introducir el derecho del nasciturus. Anteriormente teníamos una ley de supuestos. Con la reforma constitucional la penalización es completa”, explica Suaiti, quien señala también cómo las mujeres que están yendo a la cárcel son las más pobres, las que van a hospitales públicos al sufrir abortos espontáneos y son denunciadas por el personal del hospital. “La única mujer que fue denunciada por un hospital privado fue una que no pudo pagar la factura. En América Latina, el aborto inseguro causa el 17% de las muertes de mujeres. Se practican alrededor de 19 millones de abortos al año en países donde se considera ilegal. Los países latinoamericanos donde a día de hoy el aborto es completamente ilegal son Colombia, El Salvador y Chile. Mientras, en Uruguay, donde se despenalizó en 2013, ha dejado de haber muertes por abortos inseguros. En Chile ya se habla de una posible despenalización, pero la reforma de Bachelet es similar a la española de 1985 en cuanto a restricciones.
Montero señala que, desde su colectivo, entienden el derecho al aborto en un contexto mayor, de exigencia de libertades sexuales y reproductivas de todas las identidades sexuales, incluidas las no normativas, y en el contexto de una maternidad libre y deseada. “En la actualidad, nuestro derecho parece la moneda de cambio de negociaciones en un contexto de profunda crisis democrática”, explica Montero. “En cualquier caso, tenemos que tener claro que las movilizaciones han demostrado que sí se puede, porque si al final se retira el anteproyecto de ley es por la presión ejercida en la calle, porque con ella hemos conseguido crear una hegemonía en torno al derecho a decidir de las mujeres sobre los propios votantes del Partido Popular –continúa esta histórica activista–. Eso es algo que hemos conseguido por el movimiento feminista y por otros agentes sociales que han participado en las movilizaciones”.
El debate sobre lo jurídico abre una nueva etapa en las movilizaciones por la despenalización del aborto en las que el movimiento feminista ve la completa despenalización como un objetivo conseguible ya que las calles vuelven a llenarse para reclamar el derecho a decidir.
Manifestación por el derecho a decidir en Madrid, el 12 de abril de 2014. / Álvaro Minguito
Archivos de imagen relacionados
