Querer modificar este derecho hasta hacerlo irreconocible no ha sido más que una concesión gratuita del PP -o de Gallardón, más concretamente- a los sectores más reaccionarios de la derecha y de la Iglesia.
El propósito del PP de restringir drásticamente el derecho al aborto ha sido muy polémico desde que se materializó en un anteproyecto de ley a finales del año pasado. Los nueve meses transcurridos desde entonces no solo no han desembocado en el alumbramiento de un texto legal, sino que esa posibilidad parece hoy más lejana, al menos en los términos en que fue planteada por el ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón puede estar jugándose su futuro político con el empecinamiento en sacar adelante la ley, porque resulta cada día más ostensible que Mariano Rajoy, pese a su silencio, preferiría desactivar un proyecto que hoy puede causar al PP muchos más perjuicios que beneficios electorales. Al gran segmento central de la sociedad española no le supone ningún problema la legislación vigente sobre el aborto, y querer modificar este derecho hasta hacerlo irreconocible no ha sido más que una concesión gratuita del PP -o de Gallardón, más concretamente- a los sectores más reaccionarios de la derecha y de la Iglesia. Fiel a su táctica, Rajoy deja que la disyuntiva a la que se enfrenta se la resuelva el propio curso de los acontecimientos; es decir, que Gallardón acabe por modificar profundamente el proyecto… o incluso que deje el Gobierno. Mientras, el ministro justifica la dilación en que su departamento está ahora muy atareado preparando los recursos contra la ley de consultas catalana. Un estrambote del esperpento en que se ha convertido la cruzada del PP contra el aborto.
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