Participación del compañero Fernando Pastor en una tertulia sobre ese tema
Uno de los fundamentos básicos de cualquier sistema democrático que se precie es el laicismo, que para evitar malas interpretaciones interesadas de quienes pretenden presentar el laicismo como un ataque a las religiones, diré que el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como “la doctrina que defiende la independencia del Estado respecto a las religiones”. Y por ello el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia en cuanto a su equiparación como sinónimo de aconfesionalidad.
En base a ello, lo que pretendemos es algo tan exquisito y difícil de refutar como el cumplimiento efectivo de dos principios básicos en democracia, como son el de neutralidad del Estado y el de igualdad. Por ello las administraciones públicas no pueden mostrar preferencias por ninguna confesión en particular mediante un trato de favor ya que eso supondría privilegiar o discriminar a las personas en función de algo tan íntimo como las creencias y vulneraría un derecho fundamental como es la libertad de conciencia, debido a que el Estado ha de representar por igual a todos los ciudadanos, todos tenemos derecho a creer en lo que nos parezca oportuno, sea de tipo religioso o no, sin que por ello el Estado se muestre más próximo a unos ciudadanos u otros en función de esas creencias.
Y eso es lo que ahora mismo no se cumple. Aunque sobre el papel, en las leyes, se recoge esa aconfesionalidad, en la práctica dista mucho de ser una realidad.
El principal destinatario de esta crítica no es quien recibe un trato de favor, sino quien se lo otorga. Por eso aunque me parece mal que la Iglesia católica se muestre insaciable en sus pretensiones, me parece aún peor que las administraciones públicas sean tan permeables a esas exigencias y les concedan todo lo que piden.
Sobrarían ejemplos para ilustrar todo esto que digo.
Quizás el más sangrante sea el de la financiación. Según estudios realizados, son más de 10.000 millones de euros los que anualmente salen de las arcas públicas con destino a los bolsillos de la Iglesia Católica repartido en múltiples conceptos, desde financiación directa, hasta exención de impuestos. Enrique Ruiz del Rosal ha realizado un estudio de la memoria económica de la propia Conferencia Episcopal y pone de manifiesto que el Fondo Común Interdicesano se nutre en un 92 % de fondos públicos y tan solo el 8 % restante de aportaciones de las Diócesis, pese a que el destino del dinero sea mayoritariamente sufragar los gastos de las diócesis, remuneración de Obispos y clero en general, incluida su Seguridad Social, financiar Universidades Católicas (incluidas las ubicadas en el Extranjero, como Roma y Jerusalén), y tan solo una mínima cantidad se destina a actividades pastorales.
Este estudio echa por tierra el demagógico discurso de que la Iglesia destina el dinero recibido a obras de caridad y similares. Demagógico ya que aunque fuera verdad, que no lo es, no sería de recibo el que sea una asociación privada quien se encargue de realizar una obra social que le corresponde al Estado y sobre la que no puede hacer dejación; si al fin y al cabo se va a sufragar con dinero público, ha de estar recogido en los Presupuestos Generales del Estado y sometido a control público y nunca en manos de una asociación privada que no ha concurrido en igualdad de condiciones con otras y que además aprovecha la necesidad ajena para hacer proselitismo y adoctrinamiento de su sus creencias.
Por todo ello, creemos que la actuación del Estado debe regirse por los principios de neutralidad e igualdad y en ningún caso asociar el Estado con una creencia determinada mediante la exhibición de símbolos presidiendo los locales públicos, ni con las autoridades públicas presidiendo actos religiosos. Ello da lugar a una confusión entre lo estatal y lo religioso que nos lleva al nacionalcatolicismo tipificado legalmente en la dictadura franquista.
Tampoco debe la Iglesia tratar de imponer sus normas morales. Tiene pleno derecho a proclamarlas, a hacerlas públicas, y a intentar convencer a sus fieles para que las practiquen, pero no es legítimo que traten de imponerlas a toda la sociedad mediante presiones para que las leyes recojan única y exclusivamente su visión moral del mundo. En definitiva, no puede pretender que lo que ella considera pecado, las leyes tengan que considerarlo delito.
Podría dar para estar hablando mucho tiempo, pero como tengo un tiempo limitado, simplemente citar que es impensable que a cualquier otra asociación se le permitiera afiliar a niños recién nacidos que no pueden dar su consentimiento. Y es que existen derechos fundamentales, como la posibilidad de afiliarse a la organización social o política que se desee, que no son susceptibles de heteroejercicio (es decir, que no puede ejercerlo otra persona por nosotros, ni siquiera nuestros padres), por lo que el bautismo es un acto que puede ser declarado ilegal.
Y para más INRI, si alguien cuando ya tiene uso de razón y puede decidir intenta darse de baja en los archivos de esa organización, se lo niegan en base a unas exigencias que obviamente no tuvieron cuando le afiliaron. Todo esto es sencillamente delirante.
O el tema del delito de blasfemia, recogido en el artc. 521 del Código Penal. ¿Porqué se protege penalmente el escarnio a unas creencias o a unas actividades, las religiosas, y no a o otras de carácter no religioso? Es algo que no tiene lógica.
Como veis, en ningún momento he criticado las creencias de nadie. No es ese el tema que le ocupa al laicismo sino todo lo contrario, ya que consiste en el máximo respeto a todas las creencias, ideologías y visiones del mundo. Simplemente exigimos que la Iglesia sea tratada como cualquier otra asociación, que se someta al mismo régimen legal en todos los aspectos, sin privilegios.
Precisamente gracias al laicismo es por lo que cualquier creencia, también las religiosas, tienen el derecho de poder manifestarse, y por ese derecho luchamos. Frente a quien cree lo contrario, el laicismo es lo que propicia la libertad de todos, sin exclusiones. Libertad en condiciones de igualdad.
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