La Plataforma por una Escuela Pública y Laica de Segovia ha solicitado a la Fiscalía que emprenda de oficio diligencias en caminadas a investigar la negativa de la empresa concesionaria del transporte público de Segovia, Urbanos de Segovia, a admitir a una campaña publicitaria en sus autobuses contra la enseñanza de la Religión en la escuela.
Según los integrantes de esta plataforma, la decisión de la compañía de transportes podrían ser «constitutivos de un delito contra la libertad de expresión».
En el escrito a la Fiscalía, le informan de que Urbanos de Segovia argumentó su negativa en el hecho de que el contenido de la publicidad –'Religión fuera de la Escuela. Plataforma por una Escuela Pública y Laica'- era «irrespetuoso».
Igualmente, le informan de que tras recibir dicha respuesta solicitaron por escrito al alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE), que como último responsable del servicio municipal de transporte revocase la decisión «arbitrariamente tomada por la empresa concesionaria. Pues bien, la plataforma sigue esperando la respuesta del regidor.
El papel del alcalde
En este sentido recuerdan que Arahuetes, como presidente de un poder público como es el Ayuntamiento, «no puede inhibirse en materia de derechos fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión» ya que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Constitución Española señalan que corresponde a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integra sean reales y efectivas».
Entienden por ello que, presuntamente, el alcalde «ha incurrido en un acto de negligencia administrativa, cuando no de prevaricación, al resolver injustamente a sabiendas y supuestamente se hace cómplice del atropello cometido» y acusan a Arahuetes de conducirse «cínicamente» cuando proclama ser «respetuoso con todas las opiniones».
