La Iglesia afirma que es distinto rubricar una norma que votar a favor de ella en las Cortes El episcopado llama a movilizarse de nuevo para abolir «la licencia para matar a los hijos»
Tras advertir hace tres meses que los disputados que votasen a favor de la ley del aborto no serían «admitidos en la sagrada comunión», los obispos se ven ahora obligados a ofrecer concreciones y ampliaciones de la amenaza lanzada. El Rey, por ejemplo. Cuando Juan Carlos sancione con su rúbrica la reforma normativa, que el jueves fue definitivamente aprobada en el Senado, ¿caerá en el mismo «pecado público mortal» que los parlamentarios?
«La situación del Rey es única
–sostuvo ayer el secretario general del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino–. No hay una declaración de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al respecto, pero no porque haya miedo, sino porque no es necesaria. Una cosa es lo que hace el Rey firmando una ley y otra lo que hace un político dando su voto. La calificación moral es distinta».
PRECEDENTE BELGA / El implícito razonamiento episcopal consiste en que un diputado, por mucha disciplina de partido que haya, no tiene por qué votar una iniciativa con la que disiente, pero el trabajo del Monarca consiste en firmar las leyes que le envía el Parlamento. Hay un movimiento ciudadano aglutinado en la web Majestadnofirme.com que ha recogido 50.000 adhesiones a un escrito que le pide que no sancione la reforma, y el jefe de Estado también puede hacer lo que el fallecido Balduino I de Bélgica en 1990 y abdicar durante dos días para no tener que colocar su autógrafo en una ley como la de la interrupción voluntaria del embarazo, pero Martínez Camino, incómodo con las preguntas sobre la monarquía, no quiso alentar ninguna de las dos posibilidades. Así que si Juan Carlos acude a misa podrá recibir la hostia consagrada. En cambio, políticos católicos y socialistas como el presidente del Congreso, José Bono, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el de Fomento, José Blanco, no.
LAS MANIFESTACIONES / Hecha la delimitación, el portavoz de los obispos pasó a nadar en aguas que le resultan más cálidas: opinó que la nueva norma, muy similar a la que existe en la mayor parte de los países de Europa occidental, otorga «licencia para matar a los hijos», supone «un grave retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida» y «deja sola a la madre ante sus dificultades», por lo que todo católico tiene que salir a la calle a protestar. «Esta ley debe ser abolida cuanto antes y todo lo que se haga para concienciar es bienvenido», concluyó Martínez Camino. Hay una manifestación convocada para el 7 de marzo por los autodenominados grupos provida –a la que los prelados no acudirán en principio, aunque exhorten a sus fieles a que acudan– y una Jornada a favor de la vida, organizada por la propia CEE, el 25 del mismo mes.
