La Iglesia participó de forma destacada en la represión. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas, el juez instructor debía pedir informes sobre el presunto responsable al “al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio”
En su incansable labor de investigación y de divulgación de la historia del siglo XX español, el historiador y escritor Julián Casanova acaba de publicar un nuevo trabajo, la obra titulada Pagar las culpas. La represión política en Aragón (1936-1945), en colaboración con Ángela Cenarro, quienes han dirigido un exhaustivo trabajo de investigación de Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo. Un trabajo honesto, minucioso, riguroso e impecable, como todo lo que lleva la firma de este historiador, que acaba de salir a la luz de manos de la Editorial Crítica.
La obra se constituye en la exposición detallada del proceso de represión civil, económica y social, que el franquismo llevó a cabo con aquella parte de la población española ajena a su ideología totalitaria y a sus intereses, es decir, a todos los que habían estado de lado de la legalidad republicana y no se habían involucrado directamente en los idearios cruentos y fascistas de la dictadura. Se trata de una represión muy poco tenida en cuenta por estudiosos e investigadores, quienes, en general, suelen ceñir su mirada en la represión política y militar, en las condenas, juicios sumarísimos, cárceles y ejecuciones.
Sin embargo, esta otra represión, aparentemente más sutil y solapada, fue igualmente encarnizada y feroz, y marcó la desgracia, el terror y la miseria en muchas familias españolas a lo largo de toda la dictadura, en ese intento destructor de las órbitas franquistas de humillar, demonizar y anular a los restos de la población afín a la legalidad democrática de la II República; esa parte de la población que la represión política no había conseguido eliminar en su objetivo de imponer en España, con una inclemente rotundidad, el pensamiento único.
Se trataba de convertir a todos los que habían defendido la democracia, el progreso y la libertad, en culpables. Y tenían que “pagar las culpas”. No se les fusiló en los paredones, pero fueron víctimas de una atroz “muerte civil”. Julián Casanova, como siempre, ha respondido muy amablemente a las preguntas de ELPLURAL.COM sobre su nueva obra, que consideramos una gran contribución al conocimiento fidedigno de la terrible historia del siglo XX que nos antecede, y que algunos sectores aún siguen pretendiendo esconder, minimizar o hacer olvidar.
-Profesor Casanova ¿quiénes eran exactamente, y por qué, las víctimas directas de la represión económica que el franquismo llevó a cabo?
Los vencidos, pero antes de ellos, los republicanos (socialistas, anarquistas, comunistas…) de las zonas dondé triunfó desde el principio la sublevación militar de julio de 1936. Con la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, cuya aplicación en Aragón se estudia en esta obra, se declaró “fuera de la Ley” a todos lo partidos políticos y organizaciones sindicales que habían integrado el Frente Popular, sus “aliados, las organizaciones separatistas”. En consecuencia, se decretó “la pérdida absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de todos sus bienes”, que pasarían “íntegramente a ser propiedad del Estado”.
-¿Podría resumirnos el funcionamiento de la maquinaria franquista al respecto de su represión civil y popular? ¿Qué Leyes principales se crearon a favor de esa represión?
Fue un engranaje represivo y confiscador que causó estragos entre los vencidos. Primero hubo una violencia arbitraria, vengativa, con asesinatos sin juicio previo, que dio paso gradualmente a la centralización y control de la violencia por parte de la autoridad militar.
Y después estaban las leyes. El sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue derogada seis años después, sustituida por el decreto ley de 13 de abril de 1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo.
-Los ejecutores de esa feroz represión no se circunscribían únicamente al aparato político franquista. ¿Qué otros sectores estuvieron involucrados en ese proceso destructor de la población española que había sido afín a los ideales de la República?
Esta investigación demuestra de forma detallada que esa maquinaria de terror organizado desde arriba requería, sin embargo, una amplia participación “popular”, de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban los beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre.
Colaborar mediante la delación significaba implicarse también en la incoación de la amplia gama de procesos sumariales desplegada por los vencedores. Por eso se insistía tanto en la participación activa y se perseguía y se sancionaba la pasividad. Denunciar “delitos”, señalar a los “delincuentes”, era cosa de los “buenos patriotas”, de quienes estaban forjando la “Nueva España”. La denuncia se convirtió así en el primer eslabón de la justicia de Franco.
Además, los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales.
-¿Qué responsabilidad real tuvo la Iglesia Católica en ese entramado de persecución moral y efectiva contra los defensores de los valores democráticos que algunos consideraban como una Cruzada cristiana?
La Iglesia participó de forma destacada en la represión. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas, el juez instructor debía pedir informes sobre el presunto responsable “al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio”. La ley marcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos, una triada temible de dominio político, militar y religioso. Las investigaciones locales aportan mucha información sobre el papel de los curas de a pie en ese proceso y este libro es un magnífico ejemplo.
-En toda represión existe una lógica resistencia. ¿Cómo se organizó la España vencida, y con qué herramientas, para defenderse de esa represión económica y social a la que fue, por tanto tiempo, sometida?
Una de las novedades de este libro es la investigación minuciosa de las formas de resistencia que utilizaron los más débiles frente a esa represión económica, desafiando la Ley “desde abajo”, negándose a denunciar a sus vecinos –la cara opuesta de la delación a la que antes me refería-, mostrando su rechazo al castigo inhumano que condenaba a esos vecinos a la “muerte civil”. Y se demuestra que, aunque los vencidos estaban en desventaja para negociar con los vencedores, acudían a sus armas disponibles para evitar la marginación.
-Existe aún en España mucho desconocimiento y mucho tópico manido al respecto de la dictadura franquista. En las escuelas españolas se sigue sin contemplar de manera científica y exhaustiva nuestro pasado reciente ¿Cómo lleva un historiador que tanto ha investigado la historia española del siglo XX que las autoridades educativas continúen promoviendo el analfabetismo histórico de los jóvenes españoles?
Es una batalla que están dando muchos docentes, rompiendo con las ocultaciones y falsedades de algunos libros de texto. Creo que esas ocultaciones y falsedades se están combatiendo más en los centros de enseñanza que en los medios de comunicación. Al final, la información, fruto de investigaciones rigurosas y muy bien articuladas, está allí y se trata de aprovecharla y de saberla comunicar.
Apelando a su filiación a la consideración social de la historia, a su visión del historiador como un actante en la realidad social cuyo pasado estudia, ¿qué acciones o actitudes, en su opinión, debieran ser tenidas en cuenta por los políticos a la hora de liberar a la sociedad española de tanto desaguisado, enquistado en la memoria colectiva, cometido tan sólo hace unas décadas?
Puedo resumir eso en archivos, educación e información. Sin archivos no hay historia y eso es lo que conviene conservar y cuidar. La educación debe formar ciudadanos y no sólo repartir títulos. Y la información, que es la parte donde se plasman más inexactides y propaganda, necesita debate y un compromiso de los historiadores a aparecer en público.
-Finalmente, y haciendo referencia a las reminiscencias totalitarias que parecen inspirar a los políticos neoliberales, no sé si se identifica con la reflexión del historiador ateniense Tucídides quien decía que “la historia es un incesante volver a empezar”…
A mí me gusta mucho la de Mark Twain: “La historia no se repite, pero a veces rima”. Es decir, los ecos del pasado siempre nos recuerdan que el presente no puede escapar fácilmente del pasado, que las relaciones sociales, políticas y culturales son fruto de décadas y que las democracias tienen que mirar con libertad a los pasados traumáticos. La historia no se va a repetir, pero puede ser maestra de nuestras vidas.
“La historia como maestra”, como referencia del pasado a la hora de poder analizar y percibir con objetividad la actualidad y el presente, y a la hora de poder aspirar a un país mejor, a un mundo mejor. A pesar de la deformación y la manipulación de la historia que hemos padecido los españoles durante décadas, y aún hoy seguimos padeciendo desde determinados ámbitos muy interesados en seguir desdibujando y escondiendo la verdad, afortunadamente contamos con investigadores cuyo baluarte moral e intelectual es la honestidad. Julián Casanova es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Es un privilegio y una suerte para los españoles contar con su trabajo de investigación y con su obra.
Julián Casanova / Foto Eduardo Bayona
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