José Luque de MHUEL contesta al artículo del periodista Carlos Herrera publicado en la revista El Semanal referente a la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba por parte de la Iglesia Católica
Acabo de leer en el Semanal el panfleto político disfrazado de artículo de opinión en el cuál el escribiente Carlos Herrera teoriza sobre la propiedad de la mezquita de Córdoba en contra de posturas que defienden la propiedad del Estado.
Como es habitual utiliza un argumentario plagado de insultos y falsas descalificaciones, desliza sutilmente que las asociaciones opositoras lo son por intereses oscuros, y deja entrever que esos intereses son fundamentalmente económicos.
Según él, únicamente están defendiendo subvenciones recibidas por oponerse a los privilegios de su amada iglesia católica. Naturalmente no hace referencia alguna a sus propios beneficios que siempre son legítimos y no como los de los anticlericales que siempre son espurios. Su empresa puede tener millones en ayudas oficiales en forma de publicidad institucional o similares, millones que entre otras cosas permiten pagarle su fantástico sueldo. Ese punto se le olvida de forma voluntaria y deja ver de manera canallesca lo perversos y protegidos que son los discrepantes.
Es un trabajo baldío tratar de explicar a personajes del nivel intelectual del autor del libelo que es lo qué se solicita, qué es lo que se defiende, y contra qué se posicionan. Vamos a ello, aunque Herrera no lo entienda.
Se solicita que de una vez se derogue en su totalidad el arcaico concordato con la santa sede, que provoca que el Estado español siga siendo el granero particular del minúsculo, peculiar y teocrático Estado vaticano. Estado que sigue sin firmar la declaración universal de derechos humanos de la ONU, entre otras cosas sin importancia.
Las organizaciones laicistas que el ínclito menosprecia con tanta saña, tan solo pretenden que se cumpla la Constitución española en el punto que hace referencia a la aconfesionalidad del estado. A él probablemente le gustaría tener un congreso de los diputados repleto de sotanas, pero para ello deberían pasar previamente por las urnas, y no parece que estén muy dispuestos. Prefieren el poder en la sombra a la transparencia de la votación. Los obispos son conscientes que ya hay partidos suficientes, con ministros incluidos, que defiendan su momio.
Los laicistas solicitan esto porque defienden un estado en el que las creencias no otorguen privilegios y queden enmarcadas en el ámbito privado y estricto de la vida intima de las personas. Por el simple motivo de tener creencias diferentes, o simplemente no tener ninguna, las organizaciones laicas se sienten en la obligación de defender los derechos de los que no procesionan tras los santos.
La defensa ideológica de Herrera está muy cerquita de la postura que mantienen los imanes de Irán, aunque él no lo sepa. La única diferencia es el nombre del dios, el resto es calcado. La intromisión de creencias religiosas en la gestión de derechos ciudadanos está muy superada en los países con sólidos cimientos sociales. Son los países de pandereta como el nuestro, los que siguen dando cancha a los representantes de teorías, que aprovechan la poca formación y la escasez de desarrollo cultural para mantener sus supersticiones como faros de conducta. En los países en los que las estructuras sociales impulsan la capacitación individual como motor de crecimiento, no se permiten injerencias, no se regalan prebendas, y no se actúa al dictado de jerarquías eclesiales.
Para solicitar un estado civil, y defender su hegemonía ante poderes externos los ciudadanos se posicionan contra iniciativas que otorgan sinecuras y bienes a organizaciones con fines privativos.
Estar en contra de la inmatriculaciones de bienes por parte de la iglesia católica, es defender los bienes de todos contra el expolio. Esos bienes que se están auto otorgando, gracias a una ley del siglo pasado actualizada y ampliada por un gobierno cretino. Las catedrales, iglesias, casas parroquiales, ermitas, y huertos del cura, no surgieron como las setas, al igual que los olivos de Miguel Hernández, “no los levanto la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor”.
El trabajo y sudor fue de los habitantes de pueblos y ciudades, y a ellos pertenecen. Apropiárselos valiéndose de una artimaña legal es una falacia. Una más de la bendita institución que tan ardorosamente defiende el locutor con argumentos que perfectamente podría firmar un macaco de Borneo.
José Antonio Luque Carreiras, socio de MHUEL
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