¿Quién debe decidir el desenlace de un enfermo con muerte cerebral?

Los casos de dos mujeres con muerte cerebral, una adolescente y una embarazada, de los Estados de California y Texas respectivamente, han reabierto el debate sobre cómo actuar ante este fatal diagnóstico en Estados Unidos. Las familias de ambas enfermas han conseguido el apoyo popular de la sociedad estadounidense, a pesar de que cada una desea algo distinto para su familiar -en un caso mantener y en otro terminar con la ayuda artificial vital-, pero la pregunta es cuál es la mejor solución ante este tipo de situaciones. ¿Quién debe decidir el desenlace de estos enfermos?

El principal problema, según los expertos, es que mucha gente no entiende la diferencia entre el coma, que es un trastorno grave de las funciones cerebrales y conlleva peligro de muerte; el estado vegetativo, que es una situación clínica en la que el paciente no presenta ningún signo de consciencia y es incapaz de interactuar o reaccionar ante estímulos externos, y la muerte cerebral, llamada también muerte encefálica.

Cuando el paciente padece muerte cerebral, éste sufre el cese total de la actividad en el cerebro y en el tronco encefálico -constituido por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo y es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos-, aunque pueden persistir reflejos neuronales procedentes de la médula espinal.

Los tres hallazgos esenciales para su diagnóstico son el coma, la ausencia de reflejos del tronco cerebral y la apnea. Un paciente con muerte cerebral está legal y clínicamente muerto. El problema ético se da porque mantener al paciente con asistencia vital artificial puede dar la falsa sensación de que el paciente está respirando y el corazón sigue latiendo, explica un estudio elaborado por los Institutos de Salud de EE UU (NIH, por sus siglas en inglés).

En EE UU, la muerte se define como «un cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias» o «el paro de todas las funciones cerebrales», según La Ley de Determinación de Muerte del país. Definición en la que se basan la mayor parte de los Estados para saber cómo actuar ante una muerte cerebral.

En 48 Estados de los 50 que conforman la nación, los médicos no necesitan autorización de la familia para retirar la ayuda artificial al enfermo. Tan solo Nueva York y Nueva Jersey tienen en cuenta, por ley, las creencias religiosas y los deseos de los allegados de estos enfermos, según informa The New York Times.

Dos enfermas, dos decisiones

El primer caso se ha producido en California. Jahi McMath de 13 años fue declarada muerta el 9 de diciembre de 2013 tras sufrir severas complicaciones después de ser intervenida quirúrgicamente para tratarse una apnea del sueño -trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial-. La menor perdió una gran cantidad de sangre. Sus padres, opuestos a desconectar a su pequeña, mantienen la alimentación artificial, a pesar de que los médicos del Children‘s Hospital & Research Center dijeron que este procedimiento no era ético, «ya que se estaba dando nutrición a una persona muerta».

Para lograr su objetivo, los padres de la niña han conseguido trasladar por orden judicial a la pequeña a un hospital de Oakland, cuyo nombre no ha transcendido. Según su abogado, desde el pasado miércoles los doctores la están alimentando artificialmente, introduciendo un tubo por la garganta de la menor, de forma que el alimento le llegue a su estómago.

«No quiero que la desconecten del respirador artificial porque realmente siento que puede despertar», justificó la madre, Nailah Winkfield, en declaraciones a la CNN. «Siento que se trata de una semana difícil para ella y si acaban de darle un poco más de tiempo, entonces será capaz de despertarse», informa EFE.

En el otro caso ocurre justamente lo contrario: la familia quiere que su familiar deje de recibir asistencia médica. Marlise Muñoz, de 33 años y embarazada, padece también muerte cerebral tras sufrir un colapso cuando se encontraba en la semana 14 de gestación y está siendo mantenida con vida por decisión del hospital que la trata, a pesar de la oposición persistente de su marido y su familia.

Los médicos del John Peter Smith Hospital de Fort Worth (Texas) se han acogido a la ley estatal para tomar esta decisión, que indica que retirar la ventilación artificial dañaría el feto, ahora en su 20 semana de gestación. La situación de Muñoz ha abierto un intenso debate sobre los principios éticos que rigen este tipo de decisiones. La legislación en Texas obliga desde 1999 a mantener las funciones vitales de la madre mientras el feto sea viable.

Ambos casos, apoyados por la sociedad estadounidense con distintas campañas en las redes sociales, ponen en evidencia la falta de consenso sobre cómo actuar ante la muerte cerebral de un familiar, ya que son situaciones en las que la ciencia, las leyes y las emociones convergen.