Hay quien sopesa la posibilidad de que el Gobierno busque con su reforma sobre el aborto contentar a sus bases electorales más radicales, representadas en la jerarquía católica más retrógrada
Las leyes suelen tener un claro objetivo: regular la convivencia, mejorar la vida de la gente, garantizar los derechos y deberes, ordenar los mercados, reducir la delincuencia… El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado el anteproyecto de ley sobre el aborto que convertirá a España en uno de los países más restrictivos y conservadores de Europa en este terreno y la finalidad con la cual se va a poner a trabajar al legislativo para que le dé luz verde solo parece perseguir un fin: la represión.
El Ejecutivo del Partido Popular ha elegido un título sorprendente: “Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”. Es sorprendente porque, de lo que se conoce hasta el momento de dicho proyecto, no hay en él una sola medida que amplíe la protección del nasciturus, más allá de “garantizar” de palabra su nacimiento. Será la madre, aun forzada a serlo, la que tendrá que hacerse cargo (como hasta ahora) del hijo que quizá no quiso, del hijo que quizá necesite atenciones especiales que el Estado difícilmente proveerá. Tampoco hay una sola medida que refuerce los derechos de la embarazada; al contrario, se le arrebata el derecho principal: el de decidir libremente. Se la obliga a sortear obstáculos que a veces serán insalvables para evitar un parto no deseado.
Si lo que se pretende es reducir el número de abortos voluntarios, el Gobierno debería saber a estas alturas que una mayor represión no implica tal resultado de la misma manera que una ley de plazos como la que rige en España actualmente no supone un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo. De hecho, incluso disminuyen.
Hay quien sopesa la posibilidad de que el Gobierno busque con su reforma contentar a sus bases electorales más radicales, representadas en la jerarquía católica más retrógrada y en esos minoritarios grupos provida que todavía exigen una reforma más radical para imponer su moralidad, pero en España gana las elecciones el partido que conquista el centro, no el que extrema sus posiciones. Esta reforma, además, no ha venido precedida por una alarma o una demanda social que animara a los gobernantes a acometerla.
Definitivamente, esta contrarreforma de regreso al pasado solo puede entenderse desde la ideología, desde el convencimiento de que es necesario reprimir (aunque sea a medias) para lavar conciencias propias y de que cercenar los derechos de las mujeres en algo tan exclusivo como la maternidad es un asunto menor para quien la ha promovido. Sobre todo, si las perjudicadas son aquellas que no tienen demasiadas opciones ni para afrontar los gastos energéticos de su hogar ni mucho menos para viajar a Londres para “solucionar el problema” como siempre han hecho las familias que podían permitírselo.
Desde el momento en que entre en vigor, este país —incapaz de ofrecer un futuro a la mayoría de sus jóvenes y de mantener el nivel medio de protección social adquirido— asume un nuevo e importante reto: derogar cuanto antes una ley hipócrita que aumenta la desigualdad y se ensaña con las mujeres.
