La suerte está echada, la ley española se queda a la cola de las leyes de transparencia del mundo La ley tardará un año de entrar en vigor a nivel estatal y dos años a nivel autonómico
La ley de transparencia que fue votada el miércoles pasado en el Pleno del Senado vuelve al Congreso el día 28 de noviembre sin ninguna mejora para el derecho de acceso a la información, y a pesar del rechazo del texto actual por la mayoría de los grupos parlamentarios: en esta última votación han votado en contra de la ley los partidos ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE.
“El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares mínimos internacionales”, comenta Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de campañas de Access Info Europe.
El Senado también ha ignorado los distintos llamamientos que ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para que España mejore su proyecto de ley. En Junio de 2012, la OSCE advirtió que el anteproyecto de esta ley “no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos”. El último mensaje lo envió el pasado 13 de septiembre 2013 y decía que esta ley dificultaba el trabajo de los periodistas como perro guardián.
La ley que se aprobará en el Congreso el día 28 de noviembre de 2013 no estará en línea con los estándares internacionales y acabaría ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos, según el análisis que hace Access Info Europe en base a los indicadores del Global RTI Rating (ranking global de leyes de acceso a la información).
España necesita con urgencia una ley de transparencia, sobre todo en el contexto actual de crisis, de gran preocupación social por las actuaciones de las autoridades públicas y de escándalos de corrupción. No en vano, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa comentó en octubre 2013 que “los procedimientos y la toma de decisiones deberían ser abiertos y transparentes, con miras a garantizar la responsabilidad.”
Además de todas las carencias señaladas por la sociedad civil y a pesar del informe de evaluación que el Gobierno Español ha preparado en octubre de 2013 para el Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, OGP) dice que ya había cumplido con su compromiso de adoptar una Ley de Transparencia, la ley de momento no entrará en vigor. Las disposiciones adicionales de esta ley señalan que todo lo relacionado con la transparencia, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de publicación proactiva tardará un año más en estar vigente y dos años en las Comunidades Autónomas. En cambio, el título de Buen Gobierno, que no tiene relación directa con la transparencia, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.
“La necesidad de una ley de transparencia es urgente y aunque entendemos que la creación de un portal de transparencia lleva tiempo, consideramos que no hay ningún motivo para que no se respondan desde ya a las solicitudes de acceso, a nivel estatal y a nivel autonómico”, añadía Anderica.
Esta ley fue presentada en Consejo de Ministros en marzo de 2012 como un anteproyecto de ley y antes de llegar al Congreso de los Diputados sufrió una serie de cambios considerados como cosméticos según la OSCE. Durante su debate en el Congreso se amplió el ámbito de aplicación de la ley incluyendo en el artículo 3 a algunas instituciones como los partidos políticos, los sindicatos o asociaciones patronales pero con de forma limitada ya que solo deberán cumplir con algunas de las obligaciones de publicación proactiva de información.
En el informe de la ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han integrado cambios en su mayoría técnicos y que no corresponden a los que la Sociedad Civil pide desde 2006, y que tampoco corresponde a la campaña #SenadoTransparente que demandaba tres cambios concretos: El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance tipos de información, y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.
