Las CCP abogamos por una Iglesia laica en un estado laico, proponiendo la abolición de todos los privilegios de que goza la Iglesia católica y demás confesiones religiosas en el ordenamiento de nuestro Estado.
El PSOE hizo públicas en su pag. web (*), el pasado 10 de noviembre, las conclusiones de su Conferencia Política. Entre ellas está el apartado sobre los acuerdos tomados sobre Laicidad, a instancias de un grupo de Cristianos socialistas, entre los que figuran Antonio García Santesmases, Carlos García de Andoin, Rafael Díaz-Salazar. Según estos acuerdos, dicho partido se compromete a denunciar los Acuerdos con el Vaticano que fueron firmados en tiempos de la UCD, en enero de 1979; apuesta por la autofinanciación de todas las confesiones religiosas; defiende la escuela pública y laica, en la que no debe existir la segregación de sexos, ni tiene cabida la enseñanza de la religión. Aboga porque la Iglesia católica pague el IBI de todas sus propiedades, excepto de los lugares de culto y se comprometen, finalmente, a impulsar una ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de libertad de culto.
Como miembro de las Comunidades Cristianas Populares aplaudo tales acuerdos y me alegro de que el PSOE dé ahora un paso más y avance claramente en estas propuestas, que nosotros llevamos reclamando desde hace tiempo. Desde la suscripción de nuestras Bases de 1974, las CCP abogamos por una Iglesia laica en un estado laico, proponiendo la abolición de todos los privilegios de que goza la Iglesia católica y demás confesiones religiosas en el ordenamiento de nuestro Estado.
Aplaudimos ciertamente estos acuerdos, aunque lamentamos que no los haya propuesto antes, cuando estaba en el gobierno, pero los consideramos, al mismo tiempo, tímidos e insuficientes, porque en ellos no aparece el desarrollo pleno de un Estado laico. Por estado laico entendemos no solo en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, según el párrafo 3, del art. 16 de nuestra Constitución, sino también que no colabore absolutamente con las confesiones religiosas, lo que no se cumple en España, ya que como se dice en el mismo párrafo: “los poderes públicos mantendrán relaciones de colaboración con la Iglesia católica y las demás confesiones”. El PSOE se propone denunciar los Acuerdos firmados con el Vaticano, pero nada dice de abolir este párrafo de la Constitución, que es el fundamente de tales Acuerdos. Manteniéndolo se podrá denunciar los Acuerdos del 1979, pero se podrían firmar otros u otro Concordato con el Estado Vaticano, a lo que nosotros nos oponemos rotundamente, ya que entendemos a la Iglesia católica según el Vaticano II, como una comunidad o asociación libre de creyentes en Jesús, que podrá tener una organización interna como sociedad visible (LG 8), pero nunca podrá organizarse como un Estado, tal como lo fue en la Edad Media y lo entendemos hoy en el ámbito civil.
El PSOE apuesta por la autofinanciación de las confesiones religiosas, lo que aplaudimos, porque supone la derogación de la subvención del clero católico mediante la casilla del 0,7 en el impuesto del IRPF. Aplaudimos también la propuesta de la supresión de la asignatura de Religión en la Escuela, porque supone reconocer que ésta es pública y laica y no es lugar propio de la catequesis o adoctrinamiento religioso. Sin embargo, no se pronuncia sobre el párrafo 3 del art. 27 de nuestra Constitución, que establece “que los poderes públicos garantizarán el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos“. El Estado tiene la obligación ciertamente de garantizar una educación cívica o una ética o moral laica a todos sus ciudadanos (como se intentó a través de la asignatura “Educación para la Ciudadanía“), pero, en nuestra opinión, no tiene ningún derecho a garantizar públicamente a los padres la formación religiosa de sus hijos y menos en la Escuela pública, pues este derecho es de estricta incumbencia privada de los mismo padres o de ellos agrupados en una confesión religiosa. El PSOE se pronuncia por la supresión del presupuesto de los profesores de Religión, lo que es correcto, pero nada dice de suprimir también la paga a los capellanes del Ejército, de las cárceles y hospitales. Propone que la Iglesia católica pague el IBI de sus propiedades, pero no habla de suprimir la “Ley Hipotecaria” y su Reglamento que permite la apropiación de bienes públicos mediante su inscripción en el Registro por los obispos, como ha ocurrido con la Mezquita de Córdoba. Tampoco se hace comentario alguno sobre el Patrimonio Histórico religioso, que tan generosamente subvenciona el Estado y usufructúa la jerarquía de la Iglesia católica. No se hace tampoco mención alguna sobre la simbología religiosa, oficios religiosos y de culto en actos y medios oficiales, que deben suprimirse, auque siempre se deberá garantizar la “libertad ideológica, religiosa y de culto” (Art.16,1) y su “libre expresión y difusión” (Art. 20,1,a), “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público” (Art. 16,1). Finalmente, el PSOE se compromete a impulsar una Ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de cultos. Sin embargo, creemos que lo fundamental es promover una Ley de Libertad de conciencia, en la que se garantice el derecho de las confesiones religiosas junto al derecho de los agnósticos y ateos a tener y manifestar sus propias convicciones o cosmovisiones, aunque estas no sean religiosas.
Por todo ello, aplaudimos los acuerdos del PSOE manifestados en su Conferencia de primeros de noviembre, por suponer un paso adelante en sus anteriores propuestas sobre Laicidad y Enseñanza, pero los consideramos tímidos e insuficientes porque no garantizan el establecimiento de un verdadero Estado laico en nuestra sociedad española de hoy.
Antonio Moreno de la Fuente
Miembro de Comunidades Cristianas Populares y Cristianos por el Socialismo
* http://www.psoe.es/rubalcaba/news/707621/page/presentacion-las-conclusiones.html
