Este Gobierno arropa las beatificaciones de unos mientras dificulta que se honre la memoria de otros
El pasado día 13 se celebró en Tarragona la beatificación de 522 “mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España”, según la versión oficial de la Conferencia Episcopal sobre el acontecimiento. Podían haber sido muchos más. Los historiadores hablan de hasta 7.000 eclesiásticos víctimas de la cruel violencia desatada tras el levantamiento militar de Francisco Franco que condujo a tres años de Guerra Civil y casi 40 de dictadura. También en aquellos oscuros años de contienda se desencadenó una cruel revancha del otro lado —incluidos católicos piadosos— contra los republicanos. Fue una fiera e implacable reacción que se extendió más allá de la guerra que, por supuesto, en nada debería empañar la memoria de todas esas personas torturadas y asesinadas sencillamente por abrazar la fe católica.
Esta última ha sido hasta la fecha la beatificación más masiva de las realizadas por la Iglesia católica, pero no la única. Desde que Juan Pablo II accedió a las peticiones españolas de abrir estos procedimientos con las víctimas (los mártires de la cruzada), se han celebrado decenas de beatificaciones, entre las que destacan por su magnitud la de 2001 (233 personas) y la de 2007 (498).
Son actos religiosos que llenan de legítimo orgullo y sirven de reparación para cientos de familias que todavía hoy, como es evidente, recuerdan y homenajean a sus parientes desaparecidos. La anomalía de esta historia reside en la indecente desigualdad con la que los estamentos oficiales españoles tratan a las víctimas de aquellos tristes acontecimientos históricos. Llama la atención, aunque no sorprende, que la Conferencia Episcopal Española solo ofrezca homenajes a los que, supuestamente, pertenecían a un bando. Pero resulta inadmisible que un Gobierno democrático, por muy conservador que sea, permita y fomente este agravio a los principios que alentaron la transición política y a tantas miles de víctimas que murieron, también, de manera completamente injusta por sus ideas.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero fue objeto de las más duras críticas de la derecha y la jerarquía eclesiástica por la Ley de la Memoria Histórica. El juez Baltasar Garzón fue suspendido de forma cautelar en sus funciones acusado de prevaricación por intentar investigar los crímenes franquistas. Las críticas a Zapatero y Garzón por este asunto no procedían exclusivamente de la derecha. Independientemente de su adscripción política, fueron muchos los que consideraron y consideran que la Transición pasó página y en nada beneficia reabrir viejas heridas.
Pero sin entrar en el fondo de la cuestión, lo cierto es que la derecha de este país exhibe en este asunto una hipocresía sin límites. Aunque sea más que discutible, puede que abrir una causa general al franquismo contenga todavía una carga emocional y política desestabilizadora con escasos beneficios para el país. Incluso el Gobierno de Zapatero se negó a colaborar con la juez argentina María Servini de Cubría en sus investigaciones sobre los crímenes franquistas.
Sin embargo, ¿cuál es el problema de apoyar a esas familias que quisieran recuperar la memoria de sus parientes torturados y asesinados por el llamado bando nacional? ¿Qué mal hay en que toda esa gente pueda recuperar sus cuerpos y darles una digna sepultura, algo tan ancestral, tan primario en el ser humano? El Gobierno de Rajoy, como en su momento el de Aznar, acude raudo a arropar las ceremonias de beatificación. En la de Tarragona ocuparon la primera fila el presidente del Congreso de los Diputados y los ministros de Interior y de Justicia, además del presidente de la Generalitat. ¿Dónde está escrito que nuestros representantes políticos, con el dinero público, deban viajar y asistir a un acto estrictamente religioso y tan parcial?
Este mismo Gobierno es el que se niega a ofrecer esa mínima reparación de excavar las fosas comunes y facilitar la sepultura de sus seres queridos a miles de ciudadanos que lo siguen demandando. En su primer año de mandato, Rajoy dejó en 2,5 millones de euros (de una partida de 6,2 del año anterior) las ayudas para reabrir las fosas comunes. Para este año y el siguiente, ni siquiera hay dotación alguna.
La ONU acaba de calcular que hay 114.000 españoles desaparecidos y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura y ha pedido al Gobierno que se juzguen todos los casos. El suelo español está sembrado de cientos de fosas comunes, testimonio de la barbarie, pero también de la vergüenza de una democracia incapaz de cerrar de verdad sus heridas.
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