Los populares han sacado adelante la Ley de Mejora de la Calidad educativa con los votos de su mayoría parlamentaria, la oposición de todos los demás grupos salvo Foro Asturias y UPN, que se han abstenido. La oposición ha tachado la ley de «c
El PP ha aprobado con su mayoría y en la más absoluta soledad la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. La polémica Ley Wert, que ha recibido el apellido de su impulsor, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha completado el trámite parlamentario tras una escenificación de rechazo total de los grupos de la oposición y una larguísima votación (se consideraban las más de 700 enmiendas presentadas) en la que obtuvo 182 votos populares a favor, 137 negativos del resto de los grupos y dos abstenciones (de Foro Asturias y UPN).
En el debate, todos los grupos, salvo UpyD, han comenzado sus discursos manifestando la intención de derogar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria. "Será una ley que nacerá muerta, que irá como un zombi hasta que el PP pierda la mayoría", ha dicho Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, aunque el partido se ha abstenido en la votación.
Ideológica, nacionalista, fanática, hipócrita, nacionalcatolicista, centralista, uniformizadora, nostálgica, españolizadora. La ley Wert, y con ella también su máximo responsable, el ministro, han recibido este tipo de calificativos durante las exposiciones de los diputados.
Uxue Barcos, de Geroa Bai, ha hablado en nombre del Grupo Mixto para quejarse de que el Gobierno no ha querido escuchar las opiniones discordantes y Mario Bedera, del PSOE, ha asegurado que la ley "crea problemas donde no los había" y se ha preguntado "cómo se puede ser tan insensible al clamor general". "Hágase un favor y no pase a la historia por ser el ministro que aprobó la ley más efímera", retó a Wert el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. Para acabar con un "Venceréis pero no convenceréis".
La defensa del español
Joan Tardá, de ERC, ha llevado más allá el desafío. Ha segurado que la ley no se aplicará en Cataluña. "Franco intentó matar nuestra lengua y no lo consiguió. Y usted tampoco", afirmó. Y ha soltado un "No pasarán" que también ha incluido en su discurso el diputado de Amaiur Xabier Errekondo. "¿Quién es el gobierno de Madrid para imponer esta ley a nuestros hijos e hijas?", se preguntó e instó al Gobierno a "respetar lo que la sociedad vasca decida". Y ha calificado a la ley de "herramienta estratégica para recentralizar y españolizar".
CiU ha considerado directamente que la LOMCE es "un ataque al modelo de inmersión lingüística de Cataluña". Y ha recordado los beneficios de ese sistema: "Mis padres no pudieron estudiar el catalán. Mis amigos y yo solo una hora a la semana. Mis amigos no lo dominan por escrito si no lo han usado profesionalmente. Mis alumnos dominan los dos, y mis hijos dominarán los dos y muy bien el inglés", ha expuesto Martí Barberá, de CiU.
Tras las críticas de los nacionalistas, que han acusado al Gobierno de poner en peligro lenguas como el catalán o el euskera, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha defendido la enmienda acordada con el PP (una de las pocas que se aprobaron que no fue impulsada directamente por los populares) que pone de relieve el papel d el español "como lengua vehicular de la educación en todo el territorio del Estado". Gorriarán sostiene que este texto lo único que hace es volver a lo que dice la Constitución y no "relegar el español como ocurre actualmente en Cataluña y el País Vasco", ha asegurado.
El objetivo, según ha explicado en todo momento el ministerio de Educación, es garantizar el derecho de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en español en Cataluña. Para ello ha dispuesto que sea el Gobierno central quien en principio abone el coste de enviar a esos niños a una escuela privada y después éste descuente el importe a la Generalitat de su asignación.
Recortes y privatización
Los recortes también han ocupado buena parte de las críticas de la oposición. La diputada de Izquierda Plural, Caridad García Álvarez, que subió a la tribuna luciendo la camiseta verde de defensa de la educación pública, ha acusado al Gobierno de mermar el presupuesto educativo en 5.000 millones de euros y ha recordado que el Ejecutivo "ha adquirido compromisos ante la UE de seguir recortando hasta 2015". Con la reducción de plantillas docentes, de becas y ayudas al estudio y la desaparición de programas de apoyo al alumnado con dificultades, García Álvarez, inquirió al ministro: "¿Calidad para quien? ¿Para quien pueda pagarla?". En este sentido, Tardá acusó al ministro de buscar la "estabulación de los alumnos con menos recursos económicos", y Mario Bedera (PSOE) ha sostenido que la LOMCE no va contra el fracaso escolar, sino contra los alumnos que fracasan porque no tienen medios suficientes. "Nuestro alumnos deben saber que no es lo mismo estudiar que no", ha defendido la diputada del PP, Sandra Moneo.
El carácter privatizador de la LOMCE, una de las principales críticas que se le hace desde la comunidad educativa, ha sido destacado en varias intervenciones. El texto aprobado da rango de ley a mecanismos que ya se realizaban en comunidades como Madrid y por los que la Administración cedía suelo público para la construcción de centros de educación privada. Además, los expertos advierten de que el hecho de que el preámbulo hable de la educación como "servicio" a secas y no ya como "servicio público" abre la puerta a más intervención del capital privado en el sistema educativo. "Con su ley será el centro el que elija a los alumnos y lo hará según le salga más barato", ha asegurado el diputado socialista. "¿Cómo puede decir alguien que hay contenidos poco útiles? Poco útiles para el mercado, claro", ha ironizado García Álvarez.
"La LOMCE segrega y mercantiliza a educación", ha continuado la representante de Izquierda Plural. Y Joan Tardà (ERC) ha avalado esta afirmación y ha hablado de "la hipocresía de pretender combatir el fracaso y el abandono escolar cuando en realidad se impone la privatización de la educación". Ante las acusaciones de medidas "segregadoras", el ministro Wert ha contraatacado: "No existe segregación más grave y razón de exclusión mas contundente que el abandono escolar temprano". España cuenta con una de las tasas de abandono temprano más altas de la UE, aunque las estadísticas hablan de una leve mejora en los últimos años.
La religión
"Lo que les incomoda es que las familias puedan elegir la educación y no el adoctrinamiento que buscaron ustedes con su asignatura estrella Educación para la ciudadania", ha sostenido Moneo. La asignatura ya no figura en el currículo escolar, y ha sido reemplazada por una optativa llamada Educación en Valores. El Consejo de Estado ya había aconsejado al Gobierno reconsiderar esa decisión por la importancia de los contenidos de la asignatura, pero Educación ha zanjado el tema asegurando que esos contenidos se tratarán "de forma transversal" en todas las clases.
Lo que sí establece la LOMCE es una subida de categoría de la asignatura de Religión, que pasa a ser evaluable -una de las históricas reivindicaciones de la Iglesia- con lo que su nota cuenta para el promedio académico y, por tanto, para la obtención de becas y ayudas. Foro Asturias ha resumido sus críticas en una frase: "En esta nueva ley se han impuesto los lobbies religiosos", ha asegurado Álvarez Sostres.
"Nuestra Constitución reconoce un estado aconfesional. El que quiera religión que la tenga, pero fuera de las aulas", ha clamado García Álvarez (Izquierda Plural).
Formación Profesional
Izquierda Plural ha recordado las declaraciones de uno de los ponentes del PP en la comisión como resumen del espíritu de la ley: "Los estudiantes malotes para FP y los buenotes para Bachillerato". Y ha acusado a los populares de engañar con el discurso de dignificar la FP. "Ustedes no quieren eso. Si no, ya estarían extendiendo la oferta de plazas para los miles de jóvenes que se están quedando fuera". Según los cálculos de sindicatos y asociaciones de padres, entre 18.000 y 22.000 estudiantes se han quedado sin sitio en las aulas de FP sólo en Madrid, a pesar de que el número de alumnos se ha ampliado a 35 por aula y docente.
El ministro Wert ha defendido la necesidad de la ley apelando a los resultados del último informe PIAAC que analiza las competencias en comprensión lectora y matemáticas de la población de 16 a 65 años. El ministro ha destacado la posición rezagada de los españoles respecto de los países de la OCDE. En las réplicas, los diputados de la oposición han recordado que muchos especialistas destacan la evolución que ha protagonizado España en este aspecto.
"Creo que tiene un problema de comprensión lectora", ha ironizado Mario Bedera (PSOE). "Lo que dice ese informe es que la población entre 55 y 65 es la que obtiene peores resultados" -37 puntos por debajo de los jóvenes- "lo que significa es que las personas mayores tuvieron una peor educación". Y ha citado a Andreas Schleicher, director del programa PISA, al que Wert ya había apelado para defender la exclusión económica que suponen unos malos resultados académicos en el competitivo mundo laboral. Mario Bedera (PSOE) mencionó una entrevista a Schleicher de 2007 en el que aseguraba que los cambios legislativos en Educación de ese momento (la actual LOE) iban en el camino del de los países con mejores resultados en el informe PISA (que mide los conocimientos de los niños de hasta 16 años).
Wert quiso ser categórico, aunque finalmente sembró dudas sobre el éxito de la LOMCE para mejorar el papel español en los tan mentados PISA y PIAAC: "No soy de los que creen que una ley educativa resuelve todos los problemas educativos. Mi confianza en la ley es limitada", ha asegurado Wert. Y ha intentrado pasar la pelota al terreno de la oposición: "La ley marca una serie de reglas de juego que son importantes y que le proporcionan reglas a los jugadores, pero si los jugadores no juegan, no hay partido".
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