Los sindicatos alegan que el material podía ser ofensivo y hubo trato de favor hacia Derecho a Vivir permitiéndole un envío ideológico como si fuera comercial
Correos es la joya de la corona de la SEPI, la sociedad que aglutinas las empresas estatales, y los sindicatos llevan tiempo alertando de que las presiones para aumentar márgenes con menos personal y la recurrente sombra de la privatización enrarecen el ambiente. Pero desde hace unos meses, el sindicato CGT-Madrid de Correos se está movilizando y recogiendo firmas para defender a un cartero, Eduardo San Juan, que se negó a repartir propaganda antiabortista y al que la dirección de la empresa le ha abierto un expediente sancionador por falta grave o muy grave que podría acarrear hasta el despido de este empleado laboral fijo.
Denuncian trato de favor hacia Derecho a Vivir
Los hechos que aborda el expediente se remontan a mayo, en el marco de una campaña de la plataforma Derecho a Vivir para presionar al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón con el fin de que restrinja la ley del aborto. Aquella campaña incluyó el alquiler de vallas publicitarias con la cara del ministro, pero también se contrató a Correos para que en Madrid se distribuyeran trípticos con los que ‘escrachear’ postalmente a Gallardón. Y es aquí donde, según explican desde el sindicato CGT a ELPLURAL.COM, se habría cometido una primera irregularidad y un posible “trato de favor” al entender que ese tipo de material debería ir encartado. Sin embargo se distribuyó abiertamente como Publibuzón, un servicio de publicidad comercial para empresas con una tarifa sustancialmente más barata (7 céntimos por impreso) que el Publicorreo tapado (24 céntimos) y la carta cerrada (37 céntimos) que entienden debería haberse utilizado en un envío ideológico.
“Genocidio infantil”
Los folletos iban encabezados por las fotos de una mujer con un bebé y la de un feto, así como los lemas “tú puedes evitar que hoy mueran 300 niños” y “con tu ayuda podemos salvar miles de vidas humanas”. Así mismo, el tríptico incluía una “respuesta comercial” para ser suscrita con nombre, apellidos y DNI y una vez recortada, remitirla a Derecho a Vivir para que se encargara de ‘escrachear’ postalmente al ministro exigiéndole que reformara con “urgencia” la ley. La petición apuntaba que el “genocidio infantil se debe a la ley Aído” o que “cada día siguen muriendo cientos de vidas humanas”. Por último incluía un apartado para que los interesados recibieran más información para conseguir “el aborto cero” en España y otra sección con la que aportar un “donativo puntual” a Derecho a Vivir.
Objeción de conciencia y reglamento interno
El cartero expedientado se negó a repartir esa propaganda apelando a su derecho a la objeción de conciencia porque consideraba el texto degradante para las mujeres. CGT considera que actuó amparado por el reglamento interno de Servicios postales, que impide el envío de objetos “cuya envoltura o cubierta contenga un texto que vulnere el derecho fundamental de la persona”. El sindicato ha emitido un comunicado de apoyo y ha convocado una concentración de apoyo a su compañero el próximo 15 de octubre en Madrid.
Correos habla de “indisciplina laboral”
ELPLURAL.COM ha contactado con Correos para conocer su versión de los hechos, y explican que el expediente por “indisciplina laboral” está en fase de tramitación y no se resolverá hasta que finalice la instrucción, las alegaciones, etc. Consideran que “no hay ninguna norma legal que establezca el derecho a la objeción de conciencia por parte de los carteros” y no hacen comentarios sobre la modalidad del envío o las acusaciones de trato de favor.
Llamazares ha llevado el caso al Congreso
El asunto llegó al Congreso el pasado 18 de septiembre con una pregunta registrada por Gaspar Llamazares. El diputado de IU interrogaba al Ejecutivo por la “utilización abusiva” de Correos –dependiente en último término de Fomento- para distribuir propaganda antiabortista, así como las razones de que aplicaran una “tarifa preferente” y se vulnerara el reglamento interno con ese envío descubierto. “¿Reconoce el Gobierno el derecho a la objeción de conciencia de los carteros que se nieguen a repartir impresos al descubierto que contengan propaganda racista, antisindical o, como en este caso, que atenten contra los derechos fundamentales de la persona?”, preguntaba finalmente Llamazares. Fuentes de la coalición explican a este diario que, con el actual atasco parlamentario, es poco probable que obtengan del Gobierno una respuesta por escrito antes de diciembre.
Parte del tríptico que se negó a repartir el cartero expedientado y en el que aparecía una “respuesta comercial” dirigida a Derecho a Vivir para ‘escrachear’ postalmente a Gallardón
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