Niñatos según para qué

Irene Matas tiene 16 años y, como todas las adolescentes, se cree muy mayor y muy autónoma. La ley le autoriza a hacer muchas cosas. Puede tener relaciones sexuales, casarse, hacerse un piercing —de hecho, se lo ha practicado a escondidas sin que nadie le pidiera acreditar su edad—, e incluso abortar sin permiso paterno. Sin embargo, no puede votar ni conducir ni comprar tabaco ni alcohol ni ir a la discoteca legalmente.

Su amiga, Nora Elorriaga, tiene 14 y quizá no sepa que ya podría hacer testamento, disparar una escopeta de caza acompañada de sus padres y que, si delinquiera, sería responsable penal de sus actos, pero es muy consciente de que aún no puede taladrarse la piel para ponerse un aro en el ombligo.

Su vecino, Nicolás Caraballo, de 18 años recién cumplidos, podría hacer todo eso, menos abortar, obviamente, más lo que le viniera en gana dada su mayoría plena de edad. Sin embargo, no le es posible, de momento y por razones económicas, ni irse de casa de sus padres ni sacarse el carné de conducir, y, desde luego, no tiene ninguna prisa por ejercer su flamante derecho al voto. Irene, Nora, Nico y sus amigos Jorge Lozano, de 15 años, y Laura del Campo, de 17, son, como todos los adolescentes españoles, unos niñatos o unas personas maduras según para qué y para quién.

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de su voluntad de elevar la edad de consentimiento sexual en España de los 13 a los 16 años ha reabierto el debate sobre la disparidad de edades a las que, independientemente de la mayoría de edad plena, establecida por la Constitución a los 18 años, la legislación permite ejercer terminadas conductas o derechos. Aparte de los 13 años en los que está fijada ahora la edad de consentimiento sexual —lo que convierte a España, junto al Vaticano, en el Estado europeo más permisivo en ese terreno—, hay otras normas que rebajan sensiblemente el umbral de la edad adulta legal.

La Ley de Autonomía del Paciente de 2002, tramitada durante el Gobierno de José María Aznar, permite a los chavales de 16 y 17 años años aceptar o negarse a recibir un tratamiento o intervención médica aun sin permiso paterno, con tres excepciones: la reproducción asistida, la cirugía estética y el aborto. Sin embargo, la vigente Ley del Aborto promulgada por Zapatero autoriza a las chicas de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento de sus mayores, supuesto que Gallardón quiere eliminar.

Ambas leyes utilizan la figura del “menor maduro”, supuestamente consciente, responsable y capaz de tomar decisiones que afectan a su futuro, para justificar ese adelanto de la mayoría de edad efectiva en esas tesituras.

Además de la controversia que puede generar el propio concepto, la pregunta que se hacen muchos es por qué ese menor maduro lo es para decidir sobre su salud, y no para votar, conducir, o jugar al póquer en un casino.

Alfredo Oliva, profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad de Sevilla, es de los que piensan que, a los 16, se es maduro para casi todo y, “por supuesto”, para votar. “La investigación demuestra que el adolescente de 15 o 16 años tiene unas capacidades cognitivas similares a las del adulto y que, enfrentados a decisiones, digamos en frío, no hay diferencia en la racionalidad de las mismas con los mayores. Sin embargo, tienen menor experiencia y, sometidos a una fuerte carga emocional, en caliente, pueden comportarse impulsivamente, como niños, dado que el área cerebral que controla las emociones madura más tarde”. No parece, sin embargo, que los partidos, más allá de alguna iniciativa de IU, tengan mayor interés en sumar al electorado a los imprevisibles adolescentes de 16 y 17 años.

La filósofa experta en Bioética Victoria Camps, que no fue mayor de edad hasta los 21 años, en la dictadura, tiene “dudas” sobre el concepto de menor maduro. “Da problemas: ¿quién decide que es realmente capaz de tomar esas decisiones trascendentales? Tanto la denegación de tratamientos como el aborto sin permiso son casos tan excepcionales que merecería la pena individualizarlos y no poner una edad de corte sin matizar”. Camps, que se congratula de la subida en la edad de consentimiento sexual, cree que “se confunde dar libertad a los menores con ser moderno o progresista, pero la autonomía no puede ir separada de la madurez”.

Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, célebre por sus sentencias ejemplares —condenó a un acusado a terminar la ESO— pide “coherencia”. “Los 13 como edad de consentimiento era una barbaridad, pero a los 16, es tarde:muchos están ya hartos de hacerlo. Lo suyo sería dejarlo en los 14, que además es la edad de responsabilidad penal”. El juez aboga por la mayoría de edad general a los 18, y “con pocas excepciones” a los 16, “autorizados por los padres que son los responsables”. “Ahora los chicos son más altos y más guapos, pero no siempre más maduros. Y, así, a los 18, no sabemos si sigue siendo inmaduro, pero al menos es mayor”, zanja.

Irene y sus amigos, chavales de clase media, estudiantes de instituto con padres tolerantes, no tienen prisa por crecer. “Tendría más libertad, pero también más responsabilidades, y no sé si compensa”, dice la pequeña, Nora, con lógica aplastante. A todos les atrae más la expectativa de sacarse el carné de conducir que la de votar. Eso sí, las chicas lo tienen claro. En caso de un embarazo no deseado, querrían decidir por ellas mismas: “Es tu futuro el que te juegas, no el de tus padres”.