Es un extraordinario paso adelante en el campo de los derechos humanos y la cultura de la libertad que muestra, de manera espectacular, cuánto y qué rápido se ha modernizado esta sociedad donde, recordemos, hace unos cuantos siglos los homosexuales eran quemados en las plazas públicas y donde, todavía en los tiempos de la dictadura de Franco, la homosexualidad era considerada un delito y reprimida como tal.
Esta medida es un acto de justicia, que reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir su opción sexual en ejercicio de su soberanía, sin ser discriminados ni disminuidos por ello, y que reconoce a las parejas homosexuales el mismo derecho de unirse y formar una familia y tener descendencia que las leyes reconocen a las parejas heterosexuales. Aunque esta medida constituye un desagravio a una minoría sexual que a lo largo de la historia ha sido objeto de persecuciones y marginaciones de todo orden, obligando, a quienes la conformaban, a vivir poco menos que en la clandestinidad y en el permanente temor al descrédito y al escándalo, ella no bastará para cancelar de una vez por todas los prejuicios y falacias que demonizan al homosexual, pero, sin la menor duda, constituye un gran avance hacia la lenta, irreversible aceptación por el conjunto de la sociedad -por la gran mayoría, al menos- de la homosexualidad como una manifestación perfectamente natural y legítima de la diversidad humana.
La ley, como era lógico que ocurriera, ha tenido adversarios encarnizados y ha generado movilizaciones diversas, entre ellas, en Madrid, una multitudinaria manifestación, convocada por distintas asociaciones católicas, respaldada por la jerarquía de la Iglesia, a la que asistieron dieciocho obispos y a la que dio su respaldo el Partido Popular, el principal partido de la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero todas las encuestas son inequívocas: casi dos terceras partes de los españoles aprueban el matrimonio gay, y, aunque esta aprobación disminuye algo en las adopciones de niños por las parejas homosexuales, también este aspecto de la ley es convalidada por una mayoría. Buen indicio de que la democracia ha echado raíces en España y de que, por más denostada que esté de la boca para afuera, la cultura liberal va impregnando poco a poco a la sociedad española.
Los argumentos contra el matrimonio gay no resisten el menor análisis racional y se deshacen como telarañas cuando se los examina de cerca. Uno de los más utilizados ha sido el de que, con esta medida, se da un golpe de muerte a la familia. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿No podrán seguir casándose y teniendo hijos todas las parejas heterosexuales que quieran hacerlo? ¿Alguien, con motivo de esta nueva ley, va a forzar a alguien a no casarse o a casarse de manera distinta a la tradicional? Por el contrario, la ley, al permitir a las parejas gays contraer matrimonio y adoptar niños, va a inyectar una nueva vitalidad a una institución, la familia, que -¿alguien no lo ha advertido todavía?- padece desde hace ya un buen tiempo una profunda crisis en la sociedad occidental, al extremo de que, contabilizando el número de divorcios que crece cada año y la multiplicación de parejas de hecho que rehúsan resueltamente pasar por el altar o por el registro civil, hay quienes le auguran una obsolescencia irremediable. La paradoja es que, probablemente, sólo entre los homosexuales, que, como todas las minorías perseguidas desean ardientemente salir del gueto en que la sociedad los ha confinado, despierta la familia esa ilusión y ese respeto que en un número muy grande de heterosexuales, sobre todo entre los jóvenes, parece haber perdido. Por eso, no hay ninguna ironía en decir -yo lo creo firmemente- que es muy posible que, dentro de veinte o treinta años, las familias más estables las descubran las estadísticas entre los matrimonios gays.
Un prejuicio idéntico sostiene que los niños adoptados por parejas homosexuales sufrirán y tendrán una formación deficiente y anómala, ya que un niño para ser "normal" necesita un padre y una madre, no dos padres o dos madres. A esta afirmación dogmática y sin el menor sustento psicológico, ha respondido Edurne Uriarte de manera inmejorable: un niño lo que necesita es amor, no abstracciones. También padecen de una ceguera contumaz quienes no se han enterado de que, entre las parejas heterosexuales, cada día se descubren casos atroces de violencias ejercidas contra los niños, y, entre ellas, sinnúmero de abusos sexuales. Que los padres sean hetero u homosexuales no presupone de por sí nada; cada pareja es única y puede ser admirable o tiránica, amorosa o cruel en lo que concierne a la educación de sus hijos. Y también en este campo cabe suponer que entre quienes han luchado tanto por poder adoptar niños, ahora que lo han adquirido, asumirán este derecho con ilusión y responsabilidad.
En verdad, detrás de todos estos argumentos no hay razones, sino prejuicios inveterados, una repugnancia instintiva hacia quienes practican el amor de una manera que siglos de ignorancia, estupidez, oscurantismo dogmático y retorcidos fantasmas del inconsciente, han satanizado llamándolo "anormal". En verdad, la ciencia -la biología, la antropología, la psicología, la historia, sobre todo- ha puesto las cosas en su sitio ya hace tiempo y establecido que hablar de "anormalidad" en el dominio de la vocación sexual de los seres humanos es riesgoso y alienante. Salvo casos extremos, que entrañan criminalidad, y que de ninguna manera se pueden identificar con una opción sexual específica, en el universo del sexo hay variedades, una constelación de vocaciones y predisposiciones de las que de ninguna manera da cuenta cabal la demarcación entre heterosexualidad y homosexualidad, pues se refracta y multiplica en el seno de cada una de estas grandes opciones, como ocurre en tantos otros campos de la personalidad individual: las aptitudes, las preferencias, los gustos, las incompatibilidades, las facultades físicas e intelectuales, etcétera.
El Gobierno que ha dado esta ley en España es socialista y hay que reconocerle todo el mérito que ello tiene. Pero, para evitar confusiones, conviene re-cordar que se trata de una medida de profunda entraña democrática y liberal, y nada socialista. El socialismo ha sido a lo largo de toda su historia, en materia sexual, tan puritano y prejuicioso como la Iglesia católica. Si de él hubiera dependido, la gazmoñería y la pudibundez hubieran dictado la norma aceptable en materia de costumbres sexuales y ésta se hubiera impuesto a la sociedad por la fuerza. Por eso, en las sociedades comunistas, la discriminación y persecución del homosexual fue, en ciertos periodos, tan feroz como en la Alemania nazi, donde en las cámaras de la muerte de los campos de concentración perecieron muchos millares de homosexuales. También en el Gulag soviético padecieron y murieron gran número de seres humanos cuyo único delito era practicar una opción sexual que la "ciencia comunista" del temible Pavlov consideraba una perversión "urbano-burguesa". Carlos Franqui cuenta en alguna parte que, cuando él, como director del diario Revolución, asistía a los consejos de ministros de Cuba, a principio de los años sesenta, Fidel y sus lugartenientes preguntaron a los "países hermanos" qué política aconsejaban para enfrentar "el problema homosexual". La respuesta de la China Popular de Mao Tse Tung fue la más meridiana: "Ya no tenemos ese problema. Los fusilamos a todos". Sin llegar a esos extremos, Fidel creó las UMAP (Unidades Movilizables de Apoyo a la Producción), es decir, campos de concentración donde eran acarreados homosexuales de ambos sexos junto con criminales comunes y disidentes políticos.
Han sido las sociedades democráticas, impregnadas de cultura liberal, como los países escandinavos y los Estados Unidos, donde se ganaron las primeras batallas contra la discriminación de los gays y donde, poco a poco, se les ha ido reconociendo tal cual son: seres humanos normales y corrientes cuya opción sexual debe ser aceptada y reconocida como perfectamente legítima por el conjunto de la sociedad.
Es difícil, para mí, entender las razones por las que el Partido Popular ha apoyado la manifestación contra el matrimonio gay. Aunque es verdad que su dirigente máximo no asistió, y que tampoco estuvieron presentes sus principales líderes, que el partido la hubiera respaldado sólo puede haber contribuido a confundir y lastimar no sólo a los homosexuales que hay en sus filas sino, sobre todo, a su sector liberal, y a dar argumentos a quienes lo presentan como una formación política ultraconservadora. El oportunismo político da beneficios muy pasajeros y superficiales. Hay muchas razones para criticar al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Su desastrosa política internacional, por ejemplo, que ha abolido a España de la escena mundial, donde llegó a tener influencia y a figurar entre los países de vanguardia. Sus ventas de armas al Gobierno demagógico del comandante Chávez, en Venezuela, que alienta y subvenciona grupos subversivos. Su acercamiento, que linda con la alcahuetería, a la satrapía de Fidel Castro, a la que trató de salvar de la condena que ha merecido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sus concesiones sistemáticas a los nacionalismos, que rompen una tradición de defensa de la unidad de España del socialismo democrático de la que el Gobierno de Felipe González nunca se apartó. Pero no tiene sentido atacar a un Gobierno por todo lo que hace y, mucho menos, por haber hecho avanzar, con esta ley, la democratización y modernización de la sociedad española.
