vComunicado de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid en respuesta al escrito de la Delegación de Educación sobre el crucifijo en un colegio.
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INSTA AL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA A PRONUNCIARSE SOBRE LA PRESENCIA DE CRUCIFIJOS EN EL CENTRO
La Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha dado “instrucciones precisas” a la Presidencia del Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica para que en una próxima convocatoria del mismo se incluya como punto del orden del día el estudio de las solicitudes presentadas referidas a la retirada de símbolos religiosos en las aulas del centro, “de cuyo resultado deberán ser informados los solicitantes”.
Como se recordará, en Octubre del pasado año varias familias de alumnos de este centro solicitaron la retirada de los símbolos religiosos que presidían las aulas, solicitud a la que se sumó poco después la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL), en un proceso similar al iniciado anteriormente en el CEIP Macías Picavea.
Al transcurrir todo el curso sin recibir respuesta, la ACEL interpuso recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación, recibiendo poco después respuesta escrita del Consejo Escolar en la que se afirmaba que no había tomado ninguna decisión debido a que estaba “a la espera de recibir comunicación de la Junta de Castilla y León” sobre el tema.
En la nota ahora enviada por la Dirección Provincial de Educación al Consejo Escolar se motiva la decisión de instarle a incluir el tema en el orden del día de su próxima convocatoria aludiendo que “una vez recaída sentencia número 1617 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 20 de septiembre de 2007 cuyo fallo establece que solo cuando este órgano de gestión (el Consejo Escolar) se pronuncie podrá la administración educativa intervenir y decidir, en vía de recurso administrativo e imponer su criterio”.
La ACEL quiere manifestar al respecto que es la primera vez que la administración educativa muestra intención de “intervenir y decidir”, aunque sea en vía de recurso administrativo, en el tema de la presencia de simbología religiosa en los centros públicos, y le anima para que tal intervención, en caso de ser necesaria (dependiendo de la decisión que tome el Consejo Escolar) vaya en el sentido de respetar la libertad de conciencia de todos los miembros de la comunidad escolar y del principio constitucional de neutralidad de la administración en los centros públicos, principio recogido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.
De ser así se pondría fin de la manera más coherente posible al conflicto surgido por una situación impropia del siglo XXI.
En caso contrario la ACEL continuará hasta donde sea necesario para lograr esa solución, con la seguridad de que finalmente será reconocida su reclamación (la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas sobre el “deber de todas las administraciones públicas y muy especialmente los centros docentes de ser ideológicamente neutrales” (sentencia 5/1981).
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