La jurisprudencia sentada por Estrasburgo asegura que los crucifijos en las aulas son «una violación de los derechos de los padres»
La Comisión de Educación del Congreso ha instado hoy al Gobierno a que se retiren los símbolos religiosos de los centros educativos. El Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicha jurisprudencia asegura que los crucifijos en las aulas son "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".
La sentencia, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases. El Vaticano cargó en su día contra la decisión.
La iniciativa aprobada surgió de un texto propuesto por ERC
La iniciativa aprobada esta tarde en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.
El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo "las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar" la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Sin embargo, el documento aprobado pide al Ejecutivo que "traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión "especialmente en lo relativo a centros escolares".
Ley de Libertad Religiosa
La sentencia, conocida el pasado 3 de noviembre, establece que la presencia de crucifijos en las aulas públicas "vulnera" el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, al "restringir" el derecho de los padres de educar a los hijos en sus propias convicciones y de libertad religiosa del alumnado.
Por parte del PSOE, Luis Tomás ha dicho que se trata de instar al Gobierno a que incluya esta jurisprudencia en la próxima modificación de la Ley de Libertad Religiosa.
Este tema va en la línea "de situar a España entre los países más avanzados en derechos políticos y sociales", ha recalcado Tomás, que ha añadido que su grupo quiere "seguir avanzando en la aconfesionalidad y laicidad del Estado".
"No existe guerra de símbolos religiosos"
El portavoz de Educación del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha señalado que con esta proposición el PSOE "está generando un problema, un conflicto social y educativo innecesario". "No existe guerra de símbolos religiosos, y son ustedes quienes lo generan" con estas iniciativas, ha señalado Gómez Trinidad.
La portavoz de CiU, Mercé Pigem, ha rechazado la enmienda porque va "en contra de la libertad de ideario de los centros", tanto públicos como privados, por lo que ha defendido "la autonomía de los mismos en este y otros temas".
En la exposición de sus motivos, ERC-IU-ICV señalaba que las consideraciones del Tribunal Europeo están en consonancia con los artículos 16 y 27.3 de la Constitución, que garantizan el derecho de libertad religiosa y de culto y el de los padres a que los hijos reciban la formación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones.
ERC-IU-ICV ha interpretado que estos derechos y el carácter neutro y no discriminatorio del Estado se ponen "en cuestión" por la presencia de los crucifijos en las aulas públicas.
