Se ha anunciado que el Funeral de Estado que ha organizado el gobierno para homenajear al ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo va a tener lugar en la Catedral de la Almudena, oficiado por un cardenal. El mismo Rouco también intervino en las ceremonias celebradas en el Congreso de los Diputados, como parte del homenaje institucional organizado en nombre del pueblo español.
Ambas intervenciones están de más. Nada hay que oponer, por supuesto, a que la ceremonia familiar sea religiosa, incluso cuando hay un cierto componente público, como ha ocurrido durante la inhumación. Pero las ceremonias puramente oficiales deben ser neutrales desde el punto de vista religioso.
Esta intromisión de la Iglesia en los ritos estatales debe cesar ya. No debía haber tenido el carácter prominente que mostró en los matrimonios de los miembros de la familia real (sin contar ya el carácter hipócrita que alcanzó en el caso concreto en que uno de los protagonistas era una persona divorciada). No tenía ningún sentido en los funerales de los asesinados en los atentados del 11 de marzo, donde no sólo se encontraban seguramente personas no religiosas, sino que consta que había miembros de otras confesiones. Y tampoco lo tiene en funerales públicos como los de víctimas de accidentes masivos o caídos en combate.
Es hora de que creemos un protocolo común para ceremonias cívicas, que tenga en cuenta el carácter no confesional del Estado y la neutralidad en las creencias religiosas.
Insisto: es posible, aceptable y puede que deseable que participen religiosos en ceremonias íntimas y privadas. Pero al pueblo español le representan el Jefe de Estado y sus autoridades electas, no un obispo.
