El Consejo Escolar del Estado (CEE) pide que la Religión salga del horario académico, según sendas enmiendas a los proyectos de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria (ESO) y de Infantil aprobadas ayer a propuesta del sindicato STEs.
En concreto, la modificación aprobada señala que el horario destinado a la enseñanza religiosa no debe computarse dentro de las 30 horas lectivas semanales de la ESO y de las 25 fijadas para Infantil.
La Comisión Permanente del Consejo rechazó -ocho votos en contra, siete a favor y tres abstenciones- otra enmienda de la Confederación laica de padres Ceapa, en la que planteaba la salida de la Religión de la escuela, es decir, que se impartiera no ya fuera del horario académico sino fuera del centro.
El mencionado órgano, que está compuesto por 20 de los 80 consejeros que integran el CEE, ratificó casi por unanimidad una propuesta de Comisiones Obreras para que las administraciones educativas se responsabilicen de que los centros garanticen el respeto a la Constitución y a los principios democráticos en la enseñanza de la Religión, cualquiera que sea la confesión de que se trate.
Educación para la Ciudadanía
El Consejo solicitó por mayoría que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos incluya en el programa de Secundaria los «distintos modelos de familia y de convivencia», los «derechos de lesbianas, gays y transexuales» y el «diálogo entre culturas y civilizaciones».
Por el contrario, fueron rechazadas todas las enmiendas que rechazaban la intromisión de Educación para la Ciudadanía en el ámbito moral o en cuestiones de «orientación afectivo-sexual». Además, decayeron las que pedían que los alumnos que no elijan Religión (en su versión confesional o aconfesional) permanezcan en el centro durante la correspondiente hora de clase. El proyecto de enseñanzas mínimas de Secundaria establece que los centros, de común acuerdo con los padres, podrán permitir a los alumnos que no cursen cualquiera de las dos opciones abandonar el colegio durante la clase de Religión.
El Consejo deberá remitir ahora su informe al Gobierno, aunque no es vinculante sino preceptivo.
