El 10 de mayo de 2002, la Sala de lo Social del TSJM declaraba la nulidad del artículo 2.3, en el que se excluía a los profesores de Religión del convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad. Ahora, la Sala Cuarta del Supremo revoca dicha sentencia y, además, sienta jurisprudencia al respecto. Tanto en la FEPER como en la USIT (Unión Sindical Independiente de Trabajadores), el fallo del TS ha caído como un mazazo. Con lágrimas en los ojos, Alfredo Sepúlveda -que también es secretario general de la USIT- dice que la sentencia es «una vergüenza» que le hace «pensar en los tiempos de la Inquisición, cuando los tribunales actuaban como brazo secular de la jerarquía para quemar a la gente en la hoguera».
Una de las razones que arguye el TS es que los profesores de Religión tienen «poder negociador por sí solos», porque tienen un sindicato que les protege. Sepúlveda objeta que llevan años luchando a brazo partido contra la Administración, la Iglesia y los propios sindicatos mayoritarios. «Estamos tan en precario que cada 31 de agosto nuestro contrato termina y el que se mueve no sale en la foto del año siguiente».
El representante de la FEPER explica que los docentes de Religión no quieren privilegio alguno. «Sólo queremos cierta normalización y que nos traten como a los demás trabajadores, porque, en la actualidad, estamos sumidos en la más absoluta precariedad e indefensión».
En manos de los obispos
Sin posibilidad de entrar en el convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid, el destino laboral de los docentes de Religión está anualmente en manos de los obispos.Tampoco pueden tener acceso a los concurso-oposiciones, ni a los planes de estabilidad en el empleo, ni a trienios, ni a beneficios sociales, ni a indemnizaciones, ni a prestaciones asistenciales…
«Llevamos años luchando contra dos gigantes: la Iglesia y la Administración, que actúa como brazo ejecutor de la primera», dice Sepúlveda. Y presenta un documento firmado en 1998 por monseñor Dorado, a la sazón presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, y por el entonces secretario general del Ministerio de Educación, Eugenio Nasarre, en el que se estipula que los profesores de Religión «no tengan posibilidad de negociaciones de convenios colectivos».
Sepúlveda está convencido de que el Supremo ha actuado siguiendo las directrices de la jerarquía española, que quiere tenerlos controlados. «Se trata de jueces muy conservadores y muy preocupados por lo que dice su Iglesia y por la salvación de sus almas. Estamos convencidos de que ha habido presiones de la jerarquía y que los jueces se han dejado influir», argumenta el dirigente sindical.
Y eso que, en el juicio, los profesores argumentaron que ya hay varias comunidades autónomas en las que sus compañeros están dentro del convenio colectivo: Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Canarias y el País Vasco. Tras este fallo, sólo les queda recurrir al Constitucional «por vulneración de los derechos fundamentales del Estado Social».
