Por lo visto, el populismo de la derecha cristiana llegó a México para quedarse. Introducida por Fox el irresponsable (quien bajo la sombra de la Virgen de Guadalupe al parecer ahora se dedicará a sembrar mariguana) y amparada por gobiernos ignorantes e incompetentes de todos los colores, está surgiendo en el país una nueva camada de políticos priistas y panistas, miembros de una difusa corriente que está convencida de que lo que esta sociedad necesita es más religión y temor a Dios y no tanto una educación cívica o el respeto de las leyes. El último y desafortunado ejemplo de esta postura la representó de manera pública y ostentosa la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien a nombre de Dios todopoderoso hizo entrega de la ciudad “a nuestro señor Jesucristo” y lo estableció como “la máxima autoridad en la ciudad”. Lo más grave del asunto es que este tipo de personajes, ante la impunidad con la que actúan (pues las autoridades federales “responsables” no hacen nada), en flagrante violación de leyes y la Constitución, tienen muchos seguidores. Y tanto a éstos como a los políticos mencionados les parece lo más normal que un funcionario electo actúe como líder religioso en un acto público, promoviendo una fe en particular. No parece que se den cuenta de las graves implicaciones de sus actos. Sus respuestas a las críticas son: “No se rasguen las vestiduras, no pasa nada”, o “Ustedes también lo hacen”. De esa manera, las Alianzas de Pastores de Monterrey entran a la competencia y muestran que los evangélicos también pueden conseguir algún político dispuesto a entregar a Jesucristo una ciudad o una entidad federativa. Se les adelantan así a quienes hubieran querido dedicar la ciudad al sagrado corazón de Jesús. Así, en lugar de un Estado laico, estamos en la vía de un Estado multiconfesional.
No estoy seguro, sin embargo, que quienes defienden la libertad religiosa de la alcaldesa estarían dispuestos a concedérsela a alguien más. Pongamos un ejemplo hipotético: imaginémonos que en Monterrey la alcaldesa se convierte (se vale) al Islam y que en un acto público ella decide, porque cree tener derecho a hacerlo, a entregar la ciudad a Allah, el misericordioso, estipulando en ese acto que Allah y Mahoma su profeta son la máxima autoridad en la capital regiomontana. Mucha gente, incluidos los evangélicos que aplaudían a la alcaldesa, estarían en contra y la condenarían por mezclar religión y política y pretender imponer una religión a través de su cargo público. Bueno, pues eso es precisamente lo que hizo Margarita Arellanes, aunque ahora diga que lo que hizo fue a título personal. Fue invitada como alcaldesa de Monterrey, se presentó como tal y “entregó” (¿con qué derecho?) ¡la ciudad! a Jesucristo. ¿Estarán de acuerdo los judíos que viven en esa ciudad? ¿Se sentirán cómodos los miembros de otras religiones? ¿Se sentirán representados las decenas de miles de agnósticos regios? ¿Verán los católicos con buenos ojos a esta alcaldesa que participa públicamente y promueve lo hecho por una alianza de pastores evangélicos? ¿Estarán tranquilos los ciudadanos que votaron por una servidora pública y se encuentran ahora con una lideresa religiosa? Estas preguntas tienen todas que ver con una cuestión central: hay una razón por la que nuestra Constitución y nuestras leyes separan los asuntos religiosos de los asuntos públicos y hay una razón por la cual las leyes establecen que los funcionarios no pueden participar, en cuanto tales, en ceremonias religiosas de culto público. Lo cual quiere decir que Margarita Arellanes podría haber participado a título personal, pero entonces ¿por qué entregó esa persona la ciudad de Monterrey a Jesucristo? Si alguien me contesta que sí puede, entonces eso quiere decir que yo a título personal puedo entregar el universo a los dioses del Olimpo, o a las fuerzas del mal de La guerra de las galaxias. Lo cual sería obviamente ridículo, pero muestra el tamaño del despropósito de esa funcionaria pública. Porque eso fue exactamente lo que hizo.
Lo peor del caso es que Margarita Arellanes no sabe lo que hizo cuando declaró que ya no es ella, sino Dios, la máxima autoridad en Monterrey. Como ella no es la única que puede hablar a nombre de Dios, sino que cada uno de nosotros puede hacerlo, eso quiere decir que a mí Dios puede haberme dicho lo que hay que hacer en esa ciudad, o cualquier líder religioso puede presentarse y argumentar lo mismo. En pocas palabras, ella negó el voto popular que recibió en las urnas y lo entregó a cualquiera que pretenda hablar a nombre de Dios. Por lo tanto, en términos teóricos, cualquiera podrá estar por encima de su autoridad, nulificando el ejercicio democrático. Ese es el enorme riesgo de introducir a Dios en la vida pública del país. O de aparecer, como funcionario público, en una ceremonia religiosa, generando inmediatamente privilegios y discriminaciones. Habrá que pensar por ello si la culpa reciente no la tiene Enrique Peña Nieto, cuando se presentó como Presidente de la República en una ceremonia religiosa en el Vaticano. Quizás él fue quien abrió la puerta a este tipo de intervenciones tan nocivas para nuestra democracia; una verdadera caja de Pandora que costará trabajo cerrar.
