El caso del «Hospital de la Santa Creu i Sant Pau»
Un centro con más de 600 años de existencia, desde hace décadas, que es considerado como Público-Privado (denominación que hoy está tan de moda entre los “neo-con” españolitos): El mantenimiento, las obras de remodelación, las infraestructuras y las pérdidas las asume el Estado (es decir el conjunto de la ciudadanía) y las ganancias de las llevan “crudas” la parte privada.
En este caso, lo que ocurre es que una parte privada, muy importante, de este centro (originariamente de la iglesia) pertenece al Arzobispado de Barcelona. Aunque el tema no es nuevo: Estos días diversos medios de comunicación resaltan:
«La Generalitat obliga al hospital de Sant Pau a presentar concurso de acreedores»
Justicia fuerza la medida por la “insolvencia” del hospital y el conflicto laboral enquistado
El patronato dimite una hora antes de recibir la orden para eludir aplicarla
El comité de empresa baraja presentar una denuncia por alzamiento de bienes
Si se indaga en la situación generada es realmente lamentable… y si la justicia o las instituciones públicas llegan hasta el final de los hechos, el escándalo puede ser monumental. Aunque tenemos nuestra dudas que lo hagan.
En la actualidad, la administración del Centro se lleva por la MIA (Muy Ilustre Administración). Compuesta por dos delegados del Arzobispado, dos de la Generalitat y dos del Ayuntamiento de Barcelona. Que gestiona dos fundaciones, una de gestión sanitaria del centro y la otra que es titular de un enorme patrimonio (suponemos, bajo el amparo de no pagar impuestos), derivado de herencias, legados y de los beneficios del Hospital, cuando éste daba beneficios: Este patrimonio consiste en más 1.200 pisos, inmuebles y fincas rústicas que, en principio, debería de servir para el funcionamiento del centro, pero que no ha sido así. ¿Se imaginan quien es el propietario de ese legado y beneficiario de ese patrimonio? En este escándalo está implicada la iglesia católica y ciertos políticos del PSC, de CIU y del tripartito entre 2.000 y 2011 (por mala gestión, malversación, estafa y delito societario, entre otros cargos).
LU PÚBLICO-PRIUVADO Y LA iGLESIA EN MEDIO (Enseñanza, sanidad, servicios sociales, sector financiero..)…
El crisol formado por lo: “PÚBLICO-PRIVADO” y, en este caso, también, por la «IGLESIA CATÓLICA, como parte privada», lleva a situaciones de este tipo en las que miles de trabajadores y trabajadoras ven en riesgo su situación laboral y un centro excelente de servicios sanitarios e investigación se ven envueltos en esta grave situación. SANIDAD en MADRID: Por cierto, uno de los grupos que pujan por la gestión privada de Hospitales en Madrid, es el: HIMA de Puerto Rico, que tiene marchamo institucional católico y que ha podido ser «empujado y animado» por ciertos políticops católicos del PP.
La Generalitat obliga al hospital de Sant Pau a presentar concurso de acreedores
- Justicia fuerza la medida por la “insolvencia” del hospital y el conflicto laboral enquistado
- El patronato dimite una hora antes de recibir la orden para eludir aplicarla
- El comité de empresa baraja presentar una denuncia por alzamiento de bienes
El hospital de Sant Pau presentará concurso de acreedores. Lo hará obligado por la Generalitat, que ha tomado la decisión ante la “inminente insolvencia” del centro —con un agujero que supera los 40 millones— y la situación de “bloqueo” en la que vive inmerso desde más de un año por el enconado conflicto entre dirección y trabajadores a causa de los recortes. El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Departamento de Justicia, lo anunció ayer, poco después de conocerse la dimisión “irrevocable” y en bloque del patronato de la fundación que gestiona el hospital, incluida la de su presidente, Xavier Pomés. Culmina así una semana de pesadilla para el Sant Pau, en la que el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona que investiga el cúmulo de irregularidades denunciadas en la gestión del centro ha imputado a nueve ex altos cargos, con lo que ya están encausados por malversación, estafa y delito societario casi todos los gestores de la institución entre 2000 y 2011.
Justicia ordenó ayer al patronato del hospital que solicite el concurso de acreedores, la única vía que contempla el Gobierno catalán para “desbloquear” la crisis y garantizar la viabilidad del centro. La decisión, hecha pública solo un par de horas después del anuncio de dimisión en bloque del patronato, agrava todavía más la crisis del Sant Pau al someterlo ahora a un vacío de poder. Es el patronato el que debe pedir el concurso de acreedores que exige la Generalitat, pero todos sus miembros han dimitido.
La Generalitat es responsable de la situación», dice el comité de empresa
Sant Pau arrastra unos números rojos que el año pasado ascendían a 30 millones de euros —incluidas las provisiones por demandas laborales—, a los que hay que sumar 11 millones que le reclama la Seguridad Social y el déficit del último año.
Aunque el hospital es formalmente privado, está financiado casi enteramente por la Generalitat, que cuenta con mayoría en el patronato de la fundación que lo gestiona. Sant Pau está dividido en tres fundaciones: la que controla el hospital, la que maneja su patrimonio y una más pequeña dedicada a la investigación. Tanto el comité de empresa como el patronato gestor habían pedido la intervención, pero Justicia ha ido más allá al instar a solicitar el concurso.
Los miembros del patronato acusan al Gobierno catalán de no actuar a tiempo
Justicia explicó que la “misión última” de la decisión es que la fundación pueda “sacar adelante su plan de viabilidad”, con lo que prevé que el concurso pueda levantarse en los “próximos meses”. Fue Santiago Ballester, director general de Derecho y Entidades Jurídicas —área de la que depende el Protectorado de Fundaciones al que rinde cuentas el hospital de Sant Pau—, el encargado de explicar la medida. “La situación de bloqueo, que no permite gestionar el hospital, tiene que deshacerse de alguna manera”, dijo Ballester. Si no se actúa, “llegará un momento en que el hospital no podrá cumplir con sus obligaciones”, alertó.
Ballester asumió la línea argumental seguida hasta ahora por la dirección del centro, incluido el presidente del la fundación gestora del Sant Pau, Xavier Pomés, nombrado por el consejero de Salud, Boi Ruiz. “Hay una situación de conflicto con los trabajadores y con todos los estamentos del hospital que ha imposibilitado cumplir con el plan de viabilidad”, manifestó.
La grave crisis financiera del centro, sin embargo, viene de lejos. El Departamento de Salud, dirigido por la exconsejera socialista Marina Geli, ya tuvo que inyectar casi 300 millones de euros extraordinarios en 2007 para mantener a flote la institución, con seis siglos de historia.
El comité de empresa, que con sus denuncias inició la causa judicial en marcha por la vía penal que tiene imputados a una veintena de exgestores, rechazó ayer con rotundidad que la crisis se deba a las maltrechas relaciones entre trabajadores y directivos. “Todos los ejercicios desde 1991 se han cerrado con déficit y la Sindicatura de Cuentas ha indicado que la fundación que gestiona el hospital tiene un patrimonio neto negativo”, declaró la presidenta del comité, Carme Pérez. A pesar de ello, “el Protectorado de Fundaciones ha aprobado todos los ejercicios. La Generalitat tiene una grave responsabilidad en la situación”, manifestó.
El comité mantiene que la institución cuenta con un patrimonio “más que suficiente” para hacer frente a la crisis y que el origen del problema es que las rentas generadas por el millar de propiedades donadas al hospital por pacientes y familiares —casi 10 millones de euros al año— no se destinan a la asistencia médica y quedan en manos de la fundación patrimonial, controlada de facto por la iglesia. “Si el hospital presenta concurso de acreedores, el comité de empresa presentará una denuncia por alzamiento de bienes. Están escondiendo el patrimonio”, denunció Pérez.
Aunque resulte difícil situar en el tiempo el origen de la tormenta desatada ayer, nadie niega que la macrocausa que se instruye en los juzgados ha causado una gran preocupación a los responsables del Sant Pau. La investigación judicial, iniciada tras una querella presentada por trabajadores contra sus directivos, indaga en las adjudicaciones y sobrecostes en la construcción del nuevo edificio del hospital, entre 2001 y 2009. Dos de las cuatro fases del proyecto, cuyo coste se disparó desde los 216 millones previstos hasta los 293, fueron adjudicadas sin concurso público. El juzgado también investiga los pagos irregulares a varios directivos e indaga si la peculiar división del Sant Pau en tres instituciones perjudica a los trabajadores y a los pacientes al hurtar recursos a la asistencia médica. Entre los últimos imputados están el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona Xavier Casas y el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat Domènech.
La última crisis empezó a fraguarse en marzo del año pasado, cuando el Departamento de Salud destituyó al exgerente Jordi Varela por el déficit acumulado. Tras su destitución, la Generalitat eligió a Xavier Pomés —exconsejero en los Gobiernos de Jordi Pujol— para que enmendara el rumbo, pero no lo ha logrado. El sucesor de Varela, Xavier Corbella, dimitió en abril cuando no había cumplido un año en el puesto.
Las relaciones entre el Gobierno catalán y Pomés se tensaron ayer. Mientras la Generalitat pretende que sea el patronato presidido por él quien pida el concurso de acreedores, fuentes del hospital insistieron en que “el patronato está vacío” porque sus cinco miembros —tres nombrados por la Generalitat, uno por el Ayuntamiento y otro por la Iglesia— han dimitido. Estas mismas fuentes mantienen que el patronato recibió la orden de la Generalitat cuando sus miembros ya habían formalizado las dimisiones.
Otras fuentes del hospital indicaron, sin embargo, que el patronato convocó ayer por la mañana una reunión de urgencia para evitar tener que presentar el concurso, una vez sus miembros conocieron cuáles eran las intenciones de la Generalitat. El patronato pidió la intervención judicial del hospital a la Generalitat el pasado 13 de abril, pero nunca planteó la opción del concurso. Sus miembros achacaron la dimisión en bloque a la incapacidad del Gobierno de dar respuesta a esa petición inicial. La Generalitat contestó que su actuación llega “en el plazo”.
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