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Reclaman juzgados sin crucifijos

La posibilidad de que sean retirados los crucifijos y símbolos religiosos de las salas de audiencias de los tribunales nacionales fue planteada en esta capital por uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Carmen Argibay.

Además, la jueza insistió aquí en que el actual escenario político "resulta propicio para la apertura de un debate sobre la despenalización y legalización del aborto" en el Congreso de la Nación.

La magistrada formuló esas declaraciones durante una entrevista pública con la que se clausuró el V Encuentro Nacional organizado por PAR -Periodistas de Argentina en Red. Por una comunicación no sexista-, que tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.

"Yo nunca tuve un crucifijo en mi despacho porque soy una funcionaria de un Estado laico, como es el argentino", dijo Argibay, quien ejemplificó: "Hay que tener en cuenta que recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, y de eso se trata precisamente la libertad de culto".

En opinión de la magistrada, "tener un símbolo religioso condiciona", por cuanto -dijo- "en un tribunal oral los testigos juran por sus creencias; no le preguntamos cuáles, pero, detrás, aparece un crucifijo que puede influir de forma negativa. Ese testigo puede considerarlo una discriminación. Además -enfatizó la jueza- no tiene sentido porque el Estado argentino es laico".

Según Argibay, esta postura es compartida por su par en el máximo tribunal de Justicia Elena Highton de Nolasco, al tiempo que reveló que ya abordó esta cuestión con el titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral.

En los últimos meses, en España se viene registrando una creciente polémica en torno de la propuesta del gobierno en cuanto a la eliminación de símbolos religiosos en oficinas públicas, establecimientos escolares y hospitales, con el objetivo de garantizar la laicidad del Estado y, en consecuencia, la neutralidad en materia religiosa dentro de esas instituciones.

Por otra parte, durante la entrevista pública, la jueza Argibay aseguró: "Las encuestas reflejan que existe una gran mayoría de ciudadanos que cree que ya es hora de que se debata" la despenalización del aborto, mientras reiteró que el actual escenario político "es propicio" para que comience a debatirse esta cuestión en el ámbito legislativo.

Fundamentos

Consultada respecto de cuáles serían las razones de mayor contundencia a la hora de propiciar un debate en esta materia tan controvertida, respondió que el aborto "es la segunda causa de muerte de personas jóvenes" en el país y que ésa ya es razón suficiente para plantear el debate.

La magistrada también sostuvo: "No hay que olvidar, en este contexto, que las mujeres no tenemos derecho a decidir, por lo que es necesario apuntar, considerando que los números son contundentes, a que se trate de evitar la muerte de jóvenes, que, por no haber recibido educación sexual, enfrentan un problema que no pueden solucionar de otra manera".

La magistrada consideró que la dirigencia política rechaza la discusión del tema, "porque las mujeres que ponen en riesgo su vida y su salud por los abortos inseguros son jóvenes, pobres e ignorantes", y porque "no tienen poder y, por lo tanto, no representan una cantidad significativa de votos".

En otro orden de cosas, la jueza del máximo tribunal expresó su postura en favor de que los clientes de la prostitución reciban algún tipo de pena.

"El cliente -dijo- debería ser penado, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un partícipe de mantener a la mujer en una evidente situación de vulnerabilidad e indefensión."

De todas maneras, consideró: "Está claro que el Código Penal Procesal no sirve para solucionar todo", por lo que, "en esta cuestión, resulta imprescindible concientizar a toda la sociedad acerca de la magnitud real que presenta esta problemática".

Según Argibay, la trata de personas para la explotación sexual en la Argentina "es un asunto que debería ser instalado y debatido en toda la sociedad", al tiempo que sostuvo que "muchas veces son los políticos y la policía los que están metidos en el tema".

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