Quieren imponer el matrimonio hasta la muerte y sólo heterosexual, por supuesto; que los fetos con malformaciones graves nazcan a toda costa, aunque sea para morir poco después o tener una vida llena de sufrimiento; y que no podamos optar por una muerte digna si así lo deseamos. El cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, y el Foro Español de la Familia (FEF) han dejado claro en los últimos días que quieren someternos a todos a leyes impuestas desde el ultracatolicismo. Son nuestros talibanes, los integristas religiosos de la España del siglo XXI. Si les dejaran, recuperarían la Inquisición y a quienes no seguimos sus dictados -ni lo haremos nunca, por mucho que les pese- nos condenarían a la hoguera o a cosas peores. Siempre, en su infinita misericordia.
“Es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”, dijo Rouco Varela hace unos días. Hay personas y partidos, como el que sustenta el Gobierno español, que se toman en serio esta estupidez cardenalicia, evidente para cualquiera con dos dedos de frente, además de ser un intento de reescribir las leyes civiles desde el púlpito. Que yo sepa, nadie ha arrebatado a los españoles “el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”, algo que, por cierto, si hace la Iglesia con sus curas y monjas.
Nadie obliga a nadie
Los sectores más integristas de la Iglesia católica arremeten sistemáticamente contra el matrimonio homosexual diciendo que ataca a la familia tradicional, entendida por la casada cristianamente. Lo que se ha hecho en España es reconocer el derecho del individuo a casarse con quien quiera, independientemente del sexo de los contrayentes. Nadie obliga a nadie a unirse en matrimonio con alguien del mismo sexo. Imagínense que no me gusta el té, que a otros 3 o 4 millones de españoles tampoco y que decidimos exigir al Gobierno que prohíba su venta, distribución y consumo para restituir a todos nuestros conciudadanos el derecho a beber café, por ejemplo. Estúpido, ¿verdad? Pues es lo que ha venido a decir Rouco Varela. A la Iglesia española y a sus feligreses más fanáticos no les gusta el matrimonio homosexual (el té) y, entonces, exigen que se prohíba para proteger a la familia tradicional (el café). Lo lógico es que, si no me gusta el té, yo no lo beba, pero aquél que quiera pueda seguir haciéndolo.
El argumento de que pone en peligro la familia tradicional también lo han usado la jerarquía y los ultracatólicos contra el divorcio. Ahora, el FEF quiere que se modifique el Codigo Civil para incluir dos tipos de matrimonio hechos a su medida, uno “totalmente indisoluble” y otro, “disoluble”, pero “que tenga más exigencias para hacerlo que la del divorcio exprés”. Otra vez estamos con la misma monserga: nadie obliga a nadie a divorciarse. Si el presidente del FEF, Benigno Blanco, y los suyos quieren un matrimonio indisoluble, nada les impide cumplir su sueño: que no se separen, divorcien ni, en caso de necesidad, recurran al Tribunal de la Rota para que les haga un apañito. Así de fácil. Que a ellos les parezca más humano y cristiano condenar a una pareja malavenida a convivir hasta la muerte o a una mujer maltratada a ser la esposa de su torturador hasta que la mate, es su problema. El matrimonio civil está regulado, el divorcio exprés es necesario y modificar cualquier legislación al albur de la religión -de una, de varias o de todas- es algo propio de tiranías.
Una encuesta publicada ayer por El País revela que la mayoría de los españoles respalda la actual ley del aborto, que alcanza un apoyo del 38% entre los católicos. Sin embargo, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado que su ministerio está trabajando en una modificación legislativa que supondrá un retroceso a los años 70, cuando el aborto estaba al alcance sólo de quienes pudieran pagárselo fuera de nuestras frontera. El ministro de Justicia quiere acabar con los plazos, poner muchísimas trabas a las interrupciones del embarazo por daño psicológico de la madre y no permitirlas por malformaciones graves del feto, algo con lo que no están de acuerdo ni la mayoría de los votantes del PP ni la mayoría de los católicos. El 65% de los votantes populares y de los católicos españoles estaba hace menos de un año en contra de la reforma impulsada por Ruiz-Gallardón, según un sondeo de Metroscopia. En su delirio, el obispo de Alcalá de Henares ha llegado a decir que el aborto responde a una conspiración mundial para reducir la población. Lo de Reig Pla es puro folclorismo ultra, aunque su fin último sea el mismo que el de Rouco Varela, Blanco y Ruiz-Gallardón: imponer a la sociedad civil el fundamentalismo cristiano.
El dinero es lo que importa
¿Qué puede hacerse ante esta ofensiva integrista que incomoda también a muchos católicos, además de denunciarla allá donde se pueda? Dado que estamos en plena campaña del IRPF, les recuerdo que tienen en su mano no marcar la X en la casilla de asignación a la Iglesia católica en su declaración de impuestos, para que no se destine a esa confesión un 0,7% de su aportación fiscal. La financiación de la Iglesia a través de la declaración de la renta es injusta para la mayoría: otorga a esa organización un dinero que se detrae del fondo común cuando lo lógico sería que los católicos pagaran sus impuestos íntegros al Estado más un plus para su iglesia. Tal como explica la asociación Europa Laica, “el culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, deberían estar financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sienten atraídas por esa doctrina religiosa”.
Además, les recomiendo que tampoco pongan nada en la casilla de fines sociales porque, como indica la organización laicista, “una parte importante de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia católica, recibiendo asignación por las dos casillas; porque no podemos decidir a qué organización social concreta vaya nuestro apoyo (como si ocurre con la de la Iglesia católica), hecho irregular e injusto; porque es una sutil y estudiada coartada para mantener esta forma de financiación de la Iglesia católica; y porque, en todo caso, los fines de interés social que así se consideren no deben depender de la voluntad anual de los contribuyentes, sino de un plan de financiación estatal, adecuado y aprobado en el Parlamento y en el ámbito de las comunidades autónomas y los municipios, en su caso”.
La única opción acorde con la aconfesionalidad del Estado y la justicia social es marcar la casilla Sin asignación porque, como recuerda Europa Laica, “en este caso, la parte correspondiente de tu declaración se imputa a los Presupuestos Generales del Estado para asuntos sociales de la Administración pública. No es obligatorio marcar las casillas de la asignación tributaria”. Ya saben qué hacer si no están de acuerdo con el actual sistema de financión de las iniciativas de asistencia social y con pagar los gastos de aquéllos que pretenden que sus creencias religiosas sean ley para todos, como el jefe de la Iglesia española. Y, si desean que algún día sea real la separación entre iglesias y Estado, háganse socios de Europa Laica y trabajen por ello.
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