Os voy a contar una mala buena noticia. El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense ha fallado en contra del Ayuntamiento ourensano de Amoeiro que pretendía cobrar a la Iglesia 2.727,49 euros por los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los años 2010 y 2011, referentes a las fincas urbanas que el obispado posee en ese ayuntamiento. Miles de metros cuadrados de fincas improductivas que además no cotizan a las arcas públicas gracias a los términos del Concordato suscrito en 1979 entre España y el estado Vaticano, y que convierten a la boyante empresa del mayor club de solteros de España en un paraíso fiscal que para sí quisiera el otro paraíso del que tanto hablan y tanto presumen.
Como ya os conté este verano, cuando os daba noticia de la denuncia, la Iglesia Católica goza de la exención total del pago de impuestos de los templos y capillas destinados al culto, sus dependencias, edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes con cura de almas, los locales destinados a la Curia Diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios, la Universidades eclesiásticas, los conventos… y ahora, por lo visto, todas esas fincas que juntas suman más hectáreas que las ya proverbiales del ducado de Alba. Una industria fabulosa, una acumulación de riqueza que no iguala ninguna multinacional, pero que hurta a esa Hacienda que somos todos el pago de impuestos, con la disculpa de que su negocio no es de este mundo y que ya nos lo pagará con creces en la otra vida.
Una Iglesia, la mayor propietaria de bienes inmuebles de España, con miles de edificios parroquiales vacíos y en ruinas, y cientos de miles de hectáreas de tierras incultas, como corresponde a gente rica y ociosa, dispuesta a rezar con prontitud por el alma de los desahuciados, y de oficiar misas por sus almas, pero incapaz de ofrecer gratis ni una sola de sus casas que podrían dar cobijo a los sin techo en estos tiempos de crisis.
Sin embargo, la sentencia del juez ourensano, aunque en principio parezca un varapalo a las pretensiones del Ayuntamiento de Amoeiro, es, según fuentes jurídicas consultadas, una buena mala noticia para la Iglesia española, con unas consecuencias económicas a largo plazo de proporciones incalculables. Si dios quiere, que me anda muy distraído últimamente. En los Fundamentos de Derecho, el juez expresa que al haber “una jurisprudencia contradictoria preexistente”, y a tenor de “la relevancia del asunto en términos económicos globales”, es decir, que podrían suponer una pasta gansa y que afectan a todo el territorio español, el ayuntamiento ourensano dispone de “la posibilidad de solicitar que se fije ‘doctrina legal’ sobre el particular promoviendo frente a esta sentencia ante el Tribunal Supremo el ‘recurso de casación en interés de ley’…”
Es decir (seguidme, no os perdáis): el juez se encuentra con que varias sentencias de otros tribunales, que previamente ha consultado para hacer bien sus deberes, conforman una “jurisprudencia contradictoria”, según sus palabras, que apenas le sirven para sentar sentencia sin arriesgarse a que el Vaticano le excomulgue, y viene a echar de menos que el Tribunal Supremo, que es quien crea jurisprudencia, no se haya pronunciado ya sobre asuntos como este.
El Alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, más temeroso de la Iglesia que del mismísimo dios, ya ha anunciado que acudirá al Supremo en recurso de casación en interés de Ley, como amablemente le ha sugerido el señor juez en su sentencia, con el motivo expreso, no tanto de cobrar unos miles de euros que le deben los curas del lugar, sino de ayudar a que las arcas de las maltrechas haciendas locales de toda España se encuentren, en el tiempo más breve posible (aunque hablar de Tribunal Supremo y de brevedad es como hablar de música militar) con una lluvia de millones de euros por el IBI que la Iglesia española debería pagar y no paga.
El IBI es un impuesto que ha sufrido incrementos estratosféricos, entre el 4 y el 10% en el último año, y afecta a unos 25 millones de inmuebles. Una vez hundido el mercado de la construcción, cegado el negocio inherente de las recalificaciones de terrenos, el IBI es el instrumento recaudatorio por excelencia de los ayuntamientos, prácticamente todos en bancarrota, endeudados hasta las cejas o con la caja a cero. Es su fuente de ingresos más segura porque las casas y las fincas no pueden huir a paraísos fiscales, no se pueden esconder ni camuflar a la inspección. La única manera de que eludan contribuir a las haciendas públicas es construyendo para ellas sus propios paraísos fiscales, como es el caso de la Iglesia, insolidaria con los ayuntamientos que parasita, insensible a los problemas de sus conciudadanos.
Estamos hablando, pues, de que una sentencia del alto Tribunal que el día de mañana podría declarar la obligación de pagar el IBI por parte de la Iglesia, y podría hacer innecesarios los recortes en la enseñanza, en la sanidad, en la investigación y en todo lo que supone ese desarrollo humano que tan incómodo resulta a los conservadores de privilegios.
Pero en Amoeiro tienen una pócima secreta para hacer frente al invasor. Unos irreductibles galos de esa aldea del Noroeste resisten a los romanos (católicos, apostólicos y romanos) dispuestos a conseguir que millones de euros, procedentes de una mínima parte de la fortuna amasada históricamente por la Iglesia, reviertan en la población civil y contribuyan así a mitigar los efectos de la crisis económica y la sequía de las arcas municipales.
Si el día de mañana, claro está, el Tribunal Supremo, ya sin presidentes meapilas entre sus miembros, tiene un asomo de sensibilidad, vergüenza y coraje para con los ciudadanos que sí pagan el IBI hasta el mismísimo día del desahucio. Algunos, con sus propias vidas.
