El fallo del Tribunal Constitucional respaldando el matrimonio entre personas del mismo sexo “podría tener un efecto importante no sólo en España, sino también en Hispanoamérica”. Lo dijo anteayer el presidente de la plataforma ultraderechista HazteOír, Ignacio Arsuaga, no desde la alegría, sino advirtiendo de que la “amenaza gay” se extiende a "países hermanos". Lo cierto es que la decisión del Constitucional en España refuerza las iniciativas legales que desarrollan países como Colombia o Cuba, así como las promovidas por Gobiernos europeos como el francés y el británico.
En la actualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca, países a los que hay que sumar aquellos en los que existen leyes en algunas jurisdicciones (es el caso de Estados Unidos, México y Brasil). Reino Unido, Alemania, Irlanda, Israel, la República Checa, Colombia y Uruguay reconocen las uniones civiles entre homosexuales, pero no les llaman matrimonio. Se prevé que en los próximos meses se sumen nuevos países a estas dos listas, a iniciativa de Gobiernos muy dispares y a ritmos muy diferentes. Pero si algo se repite en todos ellos es la ofensiva de los sectores conservadores y, en concreto, religiosos, para evitar lo que entienden como una "resignificación de la institución del matrimonio" que haría tambalear “los fundamentos de la sociedad”.
Avances en Francia y Estados Unidos
La jornada electoral en Estados Unidos ha dejado más noticias que la reelección de Barack Obama como presidente. Los estados de Maryland, Maine y Washington aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en sendos referendos. Los seis estados que hasta ahora los reconocían respondían a fallos judiciales que deliberaron que no se puede denegar el derecho de las personas a casarse en base a su orientación sexual.
El debate sobre las uniones entre personas del mismo sexo se reavivó el pasado mayo, cuando por un lado un tribunal de apelaciones de Boston declaró inconstitucional la ley federal que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y, en las mismas fechas, Carolina del Norte se convirtió en el estado 30º que aprobó una ley propia en esos términos para blindarse contra la legalización del matrimonio homosexual. Entonces, Obama sorprendió posicionándose por primera vez a favor de este derecho, aunque evitando proponer medidas concretas para extenderlo a todo el país. Junto con el aborto y la política migratoria, el matrimonio igualitario se ha convertido en un tema recurrente en la campaña demócrata, a fin de contentar al electorado progresista.
Por su parte, el Gobierno francés ha presentado hoy el proyecto de ley para legalizar el matrimonio homosexual, que se ha encontrado con una virulenta oposición por parte de los partidos conservadores y de la Iglesia católica. 15.000 alcaldes han firmado una petición para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia y muchos han advertido que se negarán a celebrar este tipo de bodas. La Conferencia Episcopal ha llamado a influir en los diputados católicos para que se opongan a la aprobación de la ley. El camino hasta su aprobación definitiva se prevé largo.
Reino Unido, que ya en 2005 permitió la unión de parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten, se encuentra ahora en proceso de aprobar un plan presentado por el Gobierno que contiene la palabra “matrimonio homosexual”, con la pretensión de igualarlo al heterosexual a todos los efectos para el año 2015. El primer ministro, David Cameron, afirmó que su postura a favor es compatible con su ideología conservadora, dado que parte de la defensa de la institución del matrimonio, como modelo por el que deben regirse las relaciones de todas las personas, sea cual sea su orientación afectiva. Su argumentación no ha convencido a la poderosa Iglesia anglicana, que no sólo critica que atente contra la "naturaleza intrínseca del matrimonio" como una institución heterosexual, sino que incluyo cuestiona su solidez legal.
Ritmos dispares en América Latina
En 2009, Argentina se estrenó como el primer país en legalizar el matrimonio homosexual a nivel nacional, si bien México DF, el estado mexicano de Quintana Roo y Alagoas, en Brasil, también cuentan con normas propias que lo reconocen. Argentina se ha destacado en los últimos años por avanzar en las políticas de diversidad sexual, incluida la aprobación de una Ley de Identidad de Género considerada como la más progresista del mundo, ya que sólo exige a las personas transexuales una declaración jurada para poder cambiarse de sexo en los documentos oficiales.
La posibilidad de que gays y lesbianas puedan casarse avanza en varios países latinoamericanos. La Corte Constitucional de Colombia reconoce desde 2007 a las parejas homosexuales derechos relativos a la herencia y al sistema de pensiones. El pasado 28 de septiembre, el Congreso inició un proyecto legal que pretende sustituir la figura del matrimonio (definido por la Constitución como la unión entre un hombre y una mujer) por la figura de la unión civil, que incluiría en pie de igualdad las uniones entre parejas del mismo o de diferente sexo.
En Cuba, en cambio, el proyecto de Código de la Familia que reconocería la unión civil (se descartó llamarle matrimonio) de personas del mismo sexo lleva cinco años estancado. El Gobierno de Raúl Castro se desmarcó del pasado homófobo del castrismo promoviendo esa iniciativa, pero se ha topado con fuertes resistencias dentro del Partido Comunista. El diario Juventud Rebelde dio a entender el pasado 20 de septiembre en una discreta nota que las uniones homosexuales serán el plato fuerte de la sesión del Parlamento cubano que se celebrará en diciembre. La Ministra de Justicia prometió al activista gay bloguero de referencia Paquito el de Cuba que en la presente legislatura se decidirá “la suerte” de la reforma.
Pero si en Cuba el proceso se atasca, en Nicaragua se ha cerrado la posibilidad de que arranque. La Asamblea Nacional aprobó en marzo un nuevo Código de Familia que, según los movimientos feministas y LGTB, supone un retroceso legislativo, ya que define la familia como la unión de un hombre y una mujer con fines reproductivos, excluyendo así la posibilidad de que las parejas homosexuales se casen, y negando de paso otras realidades muy extendidas en el país, como la de las familias formadas por madres solteras. María Teresa Blandón, directora de La Corriente Feminista de Nicaragua, afirma que el Frente Sandinista, que gobierna con mayoría absoluta, “no tiene ninguna intención de reconocer estos derechos”, bajo el argumento de que la sociedad nicaragüense no está preparada para semejante cambio en el concepto de familia. Tanto la Iglesia católica como las evangélicas son muy influyentes en un país en el que el delito de 'sodomía' no se derogó hasta 2007 y que penaliza el aborto en todos los supuestos.
Expectación en Asia
El pasado verano, dos taiwanesas se casaron por el rito budista como forma de reclamar que su país se convierta en el primero de Asia en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. El Gobierno taiwanés redactó en 2003 una proposición de ley que se encuentra parada ante el temor a que la medida resulte impopular y enfade a una minoría cristiana influyente. Por su parte, el ministro de Justicia de Vietnam también se ha posicionado a favor de modificar la legislación para dar respuesta a las demandas de las parejas homosexuales
En Australia también está costando aprobar el matrimonio igualitario. El pasado mes de septiembre el Parlamento rechazó una proposición de ley que lo hubiera legalizado. Un mes antes, el Parlamento de Nueva Zelanda dio luz verde por una mayoría amplia a una ley que debe pasar otras dos lecturas para ser aprobada definitivamente.
Sudáfrica es el único país africano que reconoce las uniones homosexuales, a raíz de que en 2005 el Tribunal Constitucional dictaminase en contra de excluir del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Este país también es pionero en el continente en aprobar leyes antidiscriminación. Pese a todo, las lesbianas sudafricanas viven en riesgo de sufrir las llamadas 'violaciones correctivas', una práctica muy extendida en el país, según denuncian los organismos en defensa de los derechos humanos.
