Hasta hace poco los centros educativos eran públicos o privados en función de su titularidad. Pues bien, a partir de ahora ha cambiado el concepto, en este momento son considerados centros públicos todos los financiados con fondos del Estado, independientemente de su titularidad, según el Partido Popular de Aragón.
Esta situación aparte de pervertir el lenguaje, conculca derechos de algunos padres, que si bien, pueden elegir un centro cerca de su domicilio, no pueden recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones si no son católicos. Los centros privados concertados religiosos hacen llegar a los padres una nota donde les comunican que como su ideario es religioso católico la formación en este aspecto “va incluida” y no hay otra opción. Se excluye la atención educativa, pero los gobernantes miran para otro lado.
Quizá porque ese 25 % que en las encuestas del CIS se declara ateo o no creyente no forma parte de “los suyos”. Pero luego cuando comienzan las legislaturas nos dicen que van a gobernar para todos y en ocasiones, exigen a los demás el cumplimiento de la Constitución.
¿Por qué incumplen entonces los artículos 16.3 y 27.3 de forma sistemática?
